Alcalde apoya ley para frenar acciones de la “Migra” en NYC

Nueva York – Activistas pro inmigrantes están confiados de que el proyecto de ley que buscan limitar la colaboración entre la Policía de Nueva York y las autoridades de Inmigración sea aprobado en el Concejo Municipal, donde ya cuenta con el apoyo de al menos 15 concejales y el alcalde Bill de Blasio.

Durante una audiencia pública este miércoles para analizar la propuesta, todos los que testificaron dijeron respaldar la medida, incluyendo el Alcalde. Su abogada, Maya Wiley quien testificó en su representación, reiteró que la propuesta introducida por la presidenta del Concejo Melissa Mark-Viverito, “es consistente con la plataforma del Alcalde”. Además, la representante legal de la Alcaldía señaló que, “al exigir que haya una orden judicial, la propuesta garantiza que se atiendan las preocupaciones sobre si hay causa probable para las detenciones”.

La medida que busca frenar la acción de Inmigración dictamina que El Departamento de Correcciones (DOC) y el Departamento de Policía (NYPD) sólo podrán cumplir con órdenes de detención migratoria si hay una disposición judicial de por medio. Además, establece que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tampoco podrá mantener la oficina que ocupa en el sistema carcelario de Rikers Island.

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Los representantes del NYPD y del DOC testificaron que la implementación de las nueva ley tampoco presentaría ningún reto para esas agencias.

“Nos complace ver que el Alcalde está yendo más allá de sus promesas de campaña”, dijo Daniel Coates, activista de la organización Make the Road New York.

Hasta la fecha, la medida es copatrocinada por 15 concejales, incluyendo a Carlos Menchaca y Rafael Espinal, ambos de Queens. Se espera que muchos más se agreguen a la lista después que la propuesta sea votada en la Comisión de Inmigración que preside Menchaca, con excepción de los tres concejales republicanos quienes la desaprueban por cuestiones de seguridad. La legislación necesita por lo menos 26 votos cuando esta vaya a votación en el pleno.

La abogada de inmigración Ángela Fernández explicó que el gran “gol” de la legislación es proteger a los inmigrantes contra el programa de Comunidades Seguras, que fue implementado en 2008 y que exige que la Policía entregue las huellas dactilares al gobierno federal de toda persona que arresten. Estas son después contrastadas con las bases de datos de ICE para determinar si la persona debe ser deportada.

La legislación también protege a individuos arrestados que no hayan tenido una condena penal en los últimos 5 años

Las leyes locales permitían que individuos fueran retenidos en Rikers hasta 48 horas por orden de ICE sin importar o no si los cargos en su contra habían sido desestimados. “La nueva ley ya no permite esa retención y eso es una parte muy importante”, dijo Fernández quien es directora ejecutiva del Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights en el Alto Manhattan.

Tanto Coates como Fernández dijeron estar complacidos de que el lenguaje de la legislación sea bien específico, ya que detalla los jueces que pueden emitir las órdenes judiciales y los crímenes que pueden ser considerados para la emisión de dichas órdenes.

Respondiendo a eso punto, el Alcalde pidió que aparte de jueces federales se agreguen jueces magistrados en la lista de aquellos que pueden emitir las órdenes judiciales. Los jueces magistrados fungen como jueces federales asistentes. Además, pidió agregar otras ofensas a la lista de delitos graves que pueden ser usadas para la emisión de una orden judicial, como felonías que impliquen heridas físicas, ofensas por tráfico sexual y laboral entre otras.