Maltratato a las detenidas
La política de mantener en centros de detención a familias indocumentadas, que llegaron huyendo de la violencia, se está haciendo insostenible. El proceso viola principios básicos para mantenerlas detenidas y está exponiendo a muchas madres a abusos por parte de los guardias que llegan hasta la violación.
La remoción de detenidas a cualquier hora del día y la noche, por parte de personal y guardia del Karnes County Residential Center, en Texas, para forzar una relación sexual fue denunciada hace un mes atrás por el Fondo Mexicoamericana para la Educación y Defensa Legal (MALDEF). En la carta dirigida al Secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, y a las autoridades locales también denunciaron que las detenidas eran hostigadas, besadas y manoseadas, incluso frente a sus hijos, por guardias y personal del centro.
La solución no son frías declaraciones burocráticas ni repetir las normas que no se respeta, ni se hacen respetar, dentro de los centros.
En primer lugar esas mujeres y niños no deberían estar encerradas en estos centros mientras se determina si su aseveración de que corren peligro en su país es decidida por un juez de inmigración.
Ellas deberían tener el derecho a una fianza, de lo contario se debería establecer que es un riesgo de fuga y un peligro para la sociedad. Los representantes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) parecería que tienen la orden de oponerse a toda fianza. Por ejemplo, se necesitó la intervención de un abogado para liberar a una madre y a su hijo con cáncer cerebral.
Todo el proceso está contaminado ya sea en el trato a los detenidas hasta la forma preliminar de decidir si el temor de persecución aseverado es real. Una carta reciente de los congresista demócratas , John Conyers y Zoe Lofgren, al presidente Obama reclama todas estas irregularidades.
El gobierno federal parece interesado en tapar todo esto mediante rápidas deportaciones de estos núcleos familiares. En realidad, el gobierno no tiene nada que hacer encerrando madres e hijos que no representan un peligro para nadie.
Muchos menos tenerlas en estas condiciones cuando las autoridades son incapaces de garantizar que no serán agredidas sexualmente
