Piden investigar casos de abuso sexual a detenidas en centros de ICE

Congresista exige que no se deporte a supuestas víctimas o testigos durante las indagaciones
Piden investigar casos de abuso sexual a detenidas en centros de ICE
Los activistas piden revertir la política que niega libertad bajo fianza, o impone una muy alta, a los detenidos.
Foto: Archivo

Washington, D.C. ― Ante acusaciones de acoso y abuso sexual a mujeres arrestadas cuando cruzaban ilegalmente la frontera por parte de empleados del centro de detención para familias inmigrantes en Karnes, Texas, donde se encuentran detenidas, la congresista Lucille Roybal-Allard exigió una investigación exhaustiva de las condiciones en estas instalaciones.

Roybal-Allard, demócrata de California, figura entre el creciente número de legisladores que piden un freno a la expansión de los centros de detención para madres y niños mientras no se esclarezcan y corrijan los problemas denunciados por defensores de los derechos humanos.

Muchas de las detenidas en Karnes han pedido asilo tras huir de la violencia doméstica y violaciones sexuales en Centroamérica, solo para caer en manos de guardias que las someten a más abusos y extorsión.

Estas mujeres vulnerables “no son criminales” y “estamos pidiendo una investigación plena e independiente sobre estas quejas (de abuso sexual)… también pedimos que el Departamento de Seguridad Nacional no deporte a testigos ni víctimas, al menos hasta que se haya completado la investigación”, dijo Roybal-Allard.

Miembros del Servicio Luterano para Inmigración y Refugiados (LIRS) y de la Comisión de Mujeres para Refugiados (WRC) insisten en que la detención de familias migrantes es costosa, innecesaria e inhumana y exigen que el Congreso frene la expansión de estos centros.

A finales de noviembre ICE abrira un cuarto centro en Dilley, Texas a un costo aproximado de más de $300 millones al año.

Tan solo en sus primeros dos meses, el costo de operaciones ascenderá a $96 millones, dijo Michelle Brané, directora del programa de Justicia para migrantes de WRC.


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Ambos grupos divulgaron un informe titulado “Locking Up Family Values, Again”, que en 36 páginas denuncia la continuidad de abusos en los centros de detención, algo que ya había sido documentado hace catorce años.

En declaraciones a La Opinión, Gillian Christensen, una portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) afirmó que “estos centros residenciales son una alternativa eficaz y humana para mantener la unidad familiar” mientras las familias aguardan la resolución de sus casos.

ICE ofrece a los detenidos alimentos, áreas de recreación, y acceso a abogados, trabajadores sociales y servicios médicos, subrayo pero no comentó sobre la conducta de los empleados ni se está realizando una investigación sobre los supuestos abusos sexuales contra las detenidas.

Los activistas replican que los cambios no son suficientes para las madres y niños encerrados allí por haber cruzado ilegalmente la frontera.

“Es difícil entender cómo pueden considerar que esto es ´humano´ cuando hay niños que pierden peso, que no hay acceso al debido proceso”, señaló Brané.

A juzgar por el informe, tampoco parece que han aprendido por completo las lecciones de 2009, cuando tuvieron que cerrar el centro de detención T. Don Hutton, en Texas.

Se calcula que el 98% de las familias detenidas en Karnes buscan protección en EEUU, y tanto las instalaciones de Karnes como la de Artesia (Nuevo México) tienen encerrados a mujeres embarazadas, bebés y menores de edad.

Los activistas piden revertir la política que niega libertad bajo fianza, o impone una muy alta, a los detenidos.

A principios de mes, la organización MALDEF presentó una queja por los abusos sexuales, extorsión y acoso a los que varias detenidas en Karnes fueron sometidas por guardias.