Protección y desprotección migratoria

Viene un ciclo político ríspido con un gobierno dividido y con la migración en el ojo del huracán

Al parecer, otra de las condiciones que deberán cumplir quienes se acojan a la protección contra la deportación es la de contar con ciertos años de residencia en el país.

Al parecer, otra de las condiciones que deberán cumplir quienes se acojan a la protección contra la deportación es la de contar con ciertos años de residencia en el país. Crédito: Archivo / EFE

La protección contra la deportación que el Presidente Barack Obama está a punto de promulgar por la vía de la acción ejecutiva y que supuestamente beneficiaría a unos cinco millones de inmigrantes no autorizados tiene múltiples significados e implicaciones. De entrada, bien puede ser consideradacomo el banderazo de salida rumbo a las elecciones de 2016 y un intento por amarrar el voto latino a favor de los Demócratas. Es también una declaratoria del primer mandatario de que a pesar de tener a ambas cámaras legislativas en manos de los Republicanos, él no está dispuesto a quedar como figura decorativa y va a pelear hasta el fin. Es como si Obama dijera: esto no se acaba hasta que se acaba.

Como ya amenazaron, los Republicanos pondrán el grito en el cielo y tratarán de boicotear la medida a través de distintas artimañas legislativas, legales y movidas políticas. Una de ellas será meterle zancadilla a los nominados por el Ejecutivo para ocupar distintos puestos en el gabinete y en las cortes e inclusive negar la aprobación de egresos del gobierno para el próximo año. Viene un ciclo político ríspido con un gobierno dividido y con el tema migratorio en el ojo del huracán.

Al momento de redactar esta columna, no se contaban con detalles de la tan anticipada acción ejecutiva del Presidente Obama. Algunos elementos filtrados indicaban que se daría prioridad a los inmigrantes con hijos que son ciudadanos y residentes en este país. En otras palabras, se les daría preferencia a aquellas personas que cuentan con lazos familiares directos en los Estados Unidos, algo que es consistente con la legislación norteamericana y su énfasis en la reunificación familiar.

Al parecer, otra de las condiciones que deberán cumplir quienes se acojan a la protección contra la deportación es la de contar con ciertos años de residencia en el país, probablemente una década. En este caso, se tomaría la antigüedad como un indicador indirecto de los lazos y la integración del inmigrante con la sociedad norteamericana.

También se ha mencionado la ampliación de DACA (la medida de protección temporal contra la deportación de los jóvenes dreamers). Ojalá que esta medida se extienda a más jóvenes que quedaron fuera por exceder los límites de edad impuestos en la versión que el primer mandatario lanzó en 2012. Y que quienes se beneficien no sólo sean individuos considerados meritorios por sus estudios o su participación en las fuerzas armadas, sino todos aquellos que fueron traídos o que vinieron a este país motivados por la necesidad de reunirse con sus familias. Si el joven está en un aula universitaria o en un taller mecánico es algo secundario.

Finalmente, no debemos perder de vista que esta acción ejecutiva es, de cierta forma, un triunfo de quienes no desean que los inmigrantes no autorizados se conviertan en miembros plenos de esta sociedad. La protección temporal ofrece un beneficio inmediato contra la deportación, pero coloca a las personas en un limbo migratorio en el largo plazo.

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