Demanda contra alivios migratorios en manos de juez designado por Bush
El caso tendrá su primera audiencia el próximo 9 de enero
Washington, D.C. ― El presidente Barack Obama iniciará el 2015 con una aguda e impredecible batalla legal en Texas por los alivios migratorios, en un caso presidido por un juez que ha acusado a su gobierno de complicidad criminal.
El caso, derivado de una demanda colectiva de 25 estados encabezada por Texas, tendrá su primera audiencia el próximo 9 de enero en la ciudad fronteriza de Brownsville.
El juez federal que lo preside, Andrew S. Hanen, quien fue asignado al puesto en 2002 por el entonces presidente republicano George W. Bush, responsabilizó el año pasado al gobierno de Obama por la crisis humanitaria en la frontera sur.
En una opinión de diciembre de 2013, Hanen acusó al Departamento de Seguridad Nacional de “completar la conspiración criminal”, al permitir la reunificación de padres y niños indocumentados detenidos en la frontera, a expensas de los contribuyentes estadounidenses.
“En vez de hacer cumplir las leyes de EEUU, el gobierno tomó pasos para ayudar a los individuos que las violaron”, se quejó Hanen, quien deberá decidir si frena la orden ejecutiva de Obama que protege de la deportación a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados.
La Administración Obama, y grupos afines, confían en que ganarán el caso al argumentar que el mandatario tiene autoridad para recurrir a la “discreción procesal” y establecer prioridades para las deportaciones.
En 1985, el Tribunal Supremo dictaminó que la forma en que una agencia federal aplica las leyes está “inmune de una revisión judicial”, según los documentos presentados por los abogados de la Casa Blanca.
Obama “no está haciendo nada nuevo ni distinto a otros presidentes, y sí tiene autoridad para poner en marcha estos alivios”, dijo hoy a este diario Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC).
“Él no puede frenar todas las deportaciones, pero sí puede canalizar los recursos que le da el Congreso, y establecer prioridades”, explicó.
En la actualidad, el Congreso autoriza fondos para la detención diaria de unos 34,000 indocumentados, y la deportación anual de poco más de 400,000.
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Hincapié lamentó que los demandantes omitan del debate las contribuciones positivas de los inmigrantes a la economía y el tejido social del país.
Sólo en Texas, los alivios migratorios aportarían a las arcas del estado casi $340 millones en los próximos cinco años, según un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense.
El lunes, NILC y una coalición de grupos cívicos y pro-inmigrantes presentaron ante el tribunal de Hanen documentos de apoyo a la Administración Obama.
Pero el entrante gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ―que ya lleva 31 demandas contra el gobierno federal desde 2009― replica que Obama ha violado la Constitución y “no tiene autoridad para reescribir las leyes de inmigración”.
La demanda también cuenta con el apoyo de los senadores republicanos por Texas, John Cornyn y Ted Cruz, y otros 66 líderes conservadores del Congreso.
Ambas partes del litigio pueden apelar la decisión de Hanen y, siguiendo la trayectoria que tuvo “Obamacare” en las cortes, el caso podría llegar ante el Tribunal Supremo.
