Policía no podrá confiscar dinero sin evidencia de crimen
Cambio a una política de hace tres décadas
El secretario de Justicia, Eric Holder, prohibió este viernes a las policías estatales y locales usar leyes federales para confiscar dinero en efectivo, vehículos y otras propiedades sin evidencia de que se ha cometido un crimen.
La acción de Holder representa el cambio más radical al poder que tienen la Policía para confiscar desde que esta política comenzó tres décadas atrás como parte de las de la guerra contra las drogas.
Desde 2008, miles de agencias estatales y locales han realizado más de 55,000 decomisos de efectivo y bienes con valor de $3,000 millones amparados en un programa de confiscación de bienes civiles del departamento llamado “Equitable Sharing”.
El programa ha permitido a la policía local y estatal hacer decomisos que luego son “adoptados” por las agencias federales, que comparten en las ganancias. El programa permitió a los departamentos locales de policía y equipos antidrogas retener hasta el 80% del decomiso y el resto va a las agencias federales.
“Con esta nueva política efectiva inmediatamente, el Departamento de Justica está dado un importante paso para prohibir a las agencias federales compartir los decomisos hechos por agencias locales del orden, excepto por razones de seguridad pública”, indicó el procurador en un comunicado.
La decisión del funcionario permite algunas excepciones limitadas, incluyendo armas de fuego ilegales, explosivos y propiedades asociadas con la pornografía infantil, que representan una pequeña porción del total de lo que se confisca.
Esto eliminará virtualmente el decomiso de dinero en efectivo y vehículos que hacen a través de este programa los agentes locales y estatales.
Las agencias del orden podrán continuar haciendo decomisos bajo sus propias leyes estatales y locales. Muchos estados requieren que el dinero y bienes confiscados vayan a un fondo general.
La decisión de Holder responde a una investigación realizada por el diario Washington Post y publicada en septiembre pasado, en la que se reveló que los departamentos de policía locales habían decomisado $2,500 millones de los automovilistas y otros, sin una orden de cateo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011.
El rotativo encontró que las policías estatales y locales frecuentemente realizaban retenes o detenían a automovilistas por infracciones menores, presionándolos para que aceptaran el registro de sus vehículos sin tener evidencia de que habían cometido algún crimen.vLa ley permite tales cateos y obliga a los propietarios a comprobar que los bienes y dinero que se les confisca fueron obtenidos legalmente para poder recuperarlos.
Sin embargo, según la investigación, la Policía procedía a gastar las ganancias de esos decomisos con muy poca o nada de supervisión, en algunos casos comprando vehículos de lujo, armas de alto poder o carros blindados, de acuerdo con un análisis de la agencia federal.
