7 escándalos sacuden al gobierno de Peña Nieto

Mentiras, negación y opacidad, los escándalos sacuden Los Pinos, casa oficial del presidente mexicano en apenas medio año

El 30 de septiembre de 2014 arrancaba en México el llamado “Foro Forbes”, organizado por una de las revistas de negocios más importantes a nivel mundial. El hecho podría parecer intrascendente, salvo por un hecho: un columnista dijo ante el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, que si ese evento se hubiera organizado tres semanas antes “el panorama de México habría sido diferente”.

El país estaba inmerso en el escándalo por la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y aún se encontraba presente en la memoria la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos del Ejército. Para la comunidad internacional y de negocios no pasó desapercibido que la “luna de miel” entre el Presidente Enrique Peña Nieto y sus ciudadanos había terminado pronto, en apenas 21 meses de gobierno.

Los reclamos por estos dos hechos despertaron reacciones a nivel internacional y fueron el inicio de una serie de movilizaciones tanto en México como en otros países para demandar justicia.

A estos hechos siguieron una serie de sucesos que involucran a funcionarios públicos y contratistas del gobierno, en los que a juicio de expertos, activistas, ciudadanos y prensa extranjera quedaron de manifiesto tres conductas recurrentes durante la Presidencia de Peña Nieto: las mentiras, la negación y la opacidad.

A tal grado que esta semana que hoy termina, la publicación británica The Economist destacó que el intercambio de favores entre contratistas del gobierno, por un lado, y el Presidente Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el otro, “es inaceptable en una democracia moderna”.

El principal beneficiario del cinismo que está engendrando el Presidente puede ser Andrés Manuel López Obrador”, presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a quien el semanario califica como “un populista mesiánico que ha estado dos veces a punto de ganar la presidencia”. “México merece algo mejor”, afirmó el influyente semanario londinense.

Con el título “El pantano mexicano” y un subtítulo que reza: “El Presidente no entiende que no entiende”, la publicación destacó la falta de responsabilidad política de Peña Nieto y su gabinete ante temas como la inseguridad, la fallida licitación de un tren entre la ciudad de México y Querétaro o el conflicto de intereses por la compra de casas a contratistas del gobierno, financiadas por los propios contratistas.

El 1 de julio se dio a conocer la muerte de 22 jóvenes en un enfrentamiento entre el Ejército y una presuntos elementos de una banda de la delincuencia organizada, ocurrido en Tlatlaya, en el sur del Estado de México.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) anunció mediante un comunicado que los militares realizaban un operativo de vigilancia en la comunidad de Ancón de los Curieles cuando aproximadamente a las 5:30 horas los elementos castrenses fueron agredidos por parte de un grupo armado que se encontraba en una bodega. Los miembros del Ejército respondieron el ataque y posteriormente informaron que 22 personas de las que abrieron fuego en su contra, entre las que se encontraba una mujer, fallecieron en el ataque.

Versión que fue refrendada por el Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, quien reconoció las acciones del Ejército por liberar a las tres personas secuestradas y aseguró que los militares habían actuado en “legítima defensa” al abatir a los presuntos delincuentes.

Sin embargo, días después, trabajos de la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP) y de la revista Esquire México, cuestionaron en reportajes si realmente había sido un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes, o si en realidad se trató de un ataque perpetrado únicamente por elementos castrenses.

Ambos medios de comunicación citaron a un testigo cuya identidad no fue revelada, ya que los residentes se negaban a hablar sobre la bodega donde se realizó la ejecución porque aseguraron que era el supuesto lugar de “extorsión y secuestro” por parte de la policía.

La primera acción por parte de las autoridades estatales fue negar los hechos y reservar toda la información sobre el tema.

El Gobernador Ávila Villegas dijo que su administración sólo proporcionaría a las instituciones que investigaban el caso, mientras que el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó por qué o quién obligó al mandatario a manejar la versión oficial que señalaba “un enfrentamiento”.

Vivanco calificó de “lamentable” la actitud del mandatario. También dijo que es increíble incluso la nueva versión oficial: “Es difícil creer que tres soldados, actuando por cuenta propia, se encargaron de ejecutar a 22 personas, a vista y presencia de superiores jerárquicos”.

Ante el reclamo de la sociedad civil, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Militar reconocieron que varios militares dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados.

El 2 de noviembre del año pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México consignó a siete elementos del Ejército Mexicano por su presunta implicación en el caso Tlatlaya.

Cuando aún existían dudas y reclamos por huecos en la información sobre lo sucedido en Tlatlaya, el 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, tomaron dos camiones para llegar al municipio de Iguala, en el que tomaron otras dos unidades que les faltaban para viajar a sus prácticas a la Costa chica de Guerrero, así como enviar una comitiva a la Ciudad de México a la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

Una vez en Iguala, el Alcalde perredista José Luis Abarca ordenó a la Policía Municipal su detención, para lo cual solicitaron la ayuda del municipio cercano de Cocula, ante la sospecha de que se dirigían a boicotear el acto de informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda.

En el hecho murieron seis personas, entre ellas tres normalistas, 25 resultaron heridos y 43 más desaparecieron.

Días después, familiares y compañeros de los desaparecidos empezaron a hacer una serie de reclamos para que se revelará el destino de los estudiantes.

Cuatro días después se dio a conocer la detención de 22 policías por presuntamente haber participado en el asesinato de seis personas en Iguala. Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, confirmó que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza por parte de 22 efectivos policiacos, sin embargo, no se dijo nada sobre los desaparecidos.

Ese mismo día, el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez –posteriormente encarcelado junto con su esposa– pidió licencia al cargo.

Once días después de la desaparición de los jóvenes, el Presidente habló por primera vez sobre el caso y se dijo “profundamente indignado y consternado”.

Elementos de la Gendarmería Nacional tomaron el control de la seguridad en el municipio de Iguala y se anunció que el Procurador Jesús Murillo Karam encabezaría la investigación.

Ante la crispación social que despertó la desaparición de los jóvenes, el 23 de octubre, el Gobernador constitucional, Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia a su cargo.

Ante las movilizaciones que este hecho despertó a nivel nacional e internacional, el 21 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) anunció una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que ayude a localizar a los estudiantes.

En un primer momento, las autoridades intentaron ligar a los jóvenes desaparecidos con el crimen organizado, posteriormente dieron a conocer en distintas fechas, el hallazgo de más de 20 fosas clandestinas en las que presuntamente se encontraban los restos de los 43 estudiantes.

El 7 de noviembre, el Procurador Murillo Karam dijo que los detenidos llamados Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, Juan Osorio Gómez, alias “El Jona” y Agustín García Reyes, alias “El Chereje” confesaron haber asesinado a la mayoría de los 43 normalistas secuestrados por policías de Iguala.

Según la versión de Jesús Murillo, los detenidos, miembros del Cártel Guerreros Unidos, los mataron y luego los quemaron; algunos de ellos aún estaban vivos [inconscientes], dijo. “Hay restos quemados, pero también hay otros que fueron encontrados en bolsas. El fuego lo alimentaron a través de piedras, llantas, diesel y gasolina directo a los cadáveres. Alrededor de 15 murieron de asfixia antes de llegar al basurero de Cocula”.

Los dientes de los restos, agregó, “están en un estado de calcinación tan alto que sólo con tocarlos se deshacen”, por lo que anunció que serían enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación.

Aseguró que la orden de secuestrarlos y matarlos vino de dos personas: una de ellas fue del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca. La otra, del líder del cártel Guerreros Unidos. Luego, enfatizó que no existía evidencia de que los normalistas estuvieran vinculados con algún grupo criminal, tal y como lo habían sostenido las autoridades en un principio.

Murillo Karam despertó la indignación nacional e internacional, cuando al tener que responder a los cuestionamientos de la prensa pronunció la frase: “ya me cansé”.

Días después, Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desmintió a la PGR al explicar que para cremar 43 cadáveres se requerían 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas de diámetro, es decir dos tráileres de leña y 53 kilogramos de gas por cada cuerpo.

El 6 de diciembre, funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional informaron que los primeros resultados del análisis de restos localizados en el basurero y en el margen del río San Juan, en el municipio de Cocula, dieron positivo para la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Según la explicación, especialistas de la Universidad de Innsbruck enviaron a las autoridades mexicanas y a peritos argentinos los primeros resultados de sus investigaciones, los cuales fueron hechos del conocimiento de los familiares de los normalistas.

Sin embargo, investigadores aseguraron que era imposible que una muela y un hueso del joven Alexander Mora hayan sobrevivido a la incineración.

“Es imposible, la probabilidad es una entre mil millones que una muela y un huesito sobrevivieran a las altas temperaturas de la cremación y el resto de los huesos no. Si el Procurador [Jesús Murillo Karam] insiste en su hipótesis, le hago un modelo matemático y le demuestro que no es posible. Todo eso fue fabricado”, aseguró Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.

Por su parte, la Universidad de Innsbruck envió un informe a la Procuraduría General de la República (PGR) en el que indicó que fue imposible identificar los 16 restos encontrados, al menos a través de la técnica de ADN mitocondrial, debido a que “el calor excesivo ha destruido el ADN y el ADN mitocondrial en los restos”.

A principios de noviembre pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció a los ganadores de las obras del Tren Rápido México-Querétaro, una de las obras estrella del sexenio.

El consorcio de empresas chinas y mexicanas que presentó la única postura por obra del tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cuya oferta es 21 por ciento más cara de lo presupuestado -40 mil millones de pesos-, estaba conformado por empresas mexicanas cercanas al Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

La empresa GIA es propiedad de Hipólito Gerard, quien es hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

En tanto que Constructora Teya es parte de Grupo Higa, vinculada a la empresa Eolo, que arrendó los aviones de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Mientras que Prodemex es de Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña de Grupo Imagen.

Días después, y ante las suspicacias que había despertado, la Presidencia de la República decidió revocar el fallo de la licitación.

Expertos señalaron a SinEmbargo que el gobierno de México tendría que pagar a la empresa china 590 millones de pesos como indemnización por la cancelación anticipada. Hasta ahora no se ha revelado si existió un pago a la empresa china, que amenazó con iniciar un proceso jurídico, que hasta ahora no ha anunciado, ni si la SCT ha informado si pagó alguna compensación.

Una lujosa casa por un valor superior a los 86 millones de pesos reveló un nexo más estrecho entre la administración del Presidente y una de las empresas que habían participado en el consorcio ganador de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro: Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales favorecidos por la administración de Peña Nieto como Gobernador del Estado de México (2005-2011).

Una investigación de varios meses realizada por un equipo de periodistas del sitio Aristegui Noticias, con el apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas y elInternational Center For Journalists, pudo confirmar que la familia presidencial habitaba una residencia ubicada en Sierra Gorda número 150, en las Lomas de Chapultepec, que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera ni a los de sus hijos.

La residencia –con un valor aproximado de 7 millones de dólares (a tipo de cambio de julio pasado), según un avalúo independiente contratado para la investigación– es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa.

La investigación comprobó que el Estado Mayor Presidencial (EMP) resguardó la casa de Sierra Gorda 150, y que el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa participaron personalmente con el arquitecto que diseñó la residencia, para que el trazo se ajustara a sus necesidades familiares.

La casa tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. Un elevador conecta todos los niveles. El jardín tiene sala y comedor techados. En un inicio, la azotea tenía jacuzzi y bar, pero la casa fue modificada en esta área.

La planta baja tiene piso de mármol. En el primer piso están las recámaras: en un ala están seis para los hijos de la familia, mientras que en la otra está la habitación principal con vestidor, baños separados y área de spa.

La investigación se publicó en medio de la crispación social por el tema Ayotzinapa y mientras el Presidente y su esposa se encontraban en una gira por China y Australia.

Una vez de regreso en el país, el mandatario aseguró durante la inauguración “En días recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa, una propiedad en la que han señalado un sin número de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno“.

“Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa, que sea ella personalmente, siendo propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública, cómo fue que se hizo de esa propiedad, y cómo fue que la construyó”, anunció.

En un video de 7 minutos, difundido a través de su página de Internet, Rivera Hurtado aseguró ser económicamente solvente para comprar la residencia y anunció su decisión de poner a la venta los derechos sobre el inmueble, del que aún adeuda, dijo, el 70 por ciento de su valor total.

“Así les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas”, puntualizó.

Después de que el tema “casa blanca” se colocó incluso en los titulares de la prensa internacional, la misma Presidencia de la República confirmó que Enrique Peña Nieto utilizó como oficina una casa localizada también en la zona de las Lomas de Chapultepec durante la campaña presidencial y el periodo de transición, la cual también es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa

Presidencia de la República confirmó a Aristegui Noticias que Peña Nieto, en calidad de Presidente electo, usó la propiedad como oficina, donde sostuvo reuniones con sus colaboradores más cercanos como Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso, ahora secretarios de Gobernación y Hacienda.

El 19 de noviembre, la periodista Carmen Aristegui preguntó en Noticias MVS al vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, si tenía información respecto a la presencia de Enrique Peña Nieto en una residencia de las Lomas de Chapultepec, diferente a la Casa Blanca ubicada en la calle de Sierra Gorda 150.

-Te pregunto si tienes información de que el Presidente de la República haga uso o haya hecho uso como candidato, como Presidente o como precandidato de alguna propiedad de Grupo Higa- cuestionó la periodista.

-Desconozco los titulares de las propiedades que han sido utilizadas por el candidato Peña Nieto, pero con mucho gusto busco la información y te la hago llegar encantado de la vida- respondió el vocero.

En la respuesta enviada a Aristegui Noticias, Presidencia solicitó que la dirección de la residencia no se difundiera, citando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Sin embargo, el medio difundió que se trata de una residencia localizada a unos 2 kilómetros de Sierra Gorda 150 y a unas calles de la representación del gobierno del Estado de México, en el Distrito Federal.

La casa propiedad de Hinojosa Cantú que usó Peña Nieto en el año 2012, no aparece en los registros públicos del extinto Instituto Federal Electoral como gasto de campaña ya sea como un inmueble arrendado o, en su caso, como una donación en especie. Tampoco fue inscrita en los gastos de transición presidencial difundidos en internet por el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos personales (IFAI).

El domicilio pertenece desde 2007 , a la empresa “Inmobiliaria Bicentenario SA de CV”, propiedad de Hinojosa Cantú, y continúa a su nombre, de acuerdo con documentos del registro público de la propiedad, consultados el pasado 19 de noviembre.

A pesar de la fuerte oposición vecinal, el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, publicó la modificación al uso de suelo en este predio de Lomas de Chapultepec a favor del contratista de Peña Nieto y dueño legal de la Casa Blanca.

Antes de terminar 2014, el 11 de diciembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) reveló que Videgaray Caso, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, compró en Malinalco una casa a Grupo Higa.

El Secretario de Hacienda de México compró una casa al grupo contratista del gobierno que está en el centro de las acusaciones turbulentas de tráfico de influencias con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto”. Así encabeza su reportaje el diario neoyorquino, firmado por Juan Montes.}

“Los registros de propiedad muestran que el Secretario, Luis Videgaray, ampliamente considerado como la fuerza impulsora detrás de la revisión económica reciente de México, compró la casa en un exclusivo resort de golf de la pintoresca localidad de Malinalco, en el central Estado de México, a partir de Bienes Raíces H & G SA”.

De acuerdo al WSJ, los registros comerciales muestran que el grupo de Juan Armando Hinojosa ganó cientos de millones de dólares en proyectos de obras públicas durante el mandato de Peña Nieto como Gobernador del Estado de México y en su actual administración.

A Videgaray no se le acusa de un acto ilegal. “Pero la operación se suma a la aparición de conflictos de intereses que han dañado la credibilidad y la popularidad de Peña Nieto, que llegó al poder prometiendo un cambio en las prácticas del Partido Revolucionario Institucional”.

También, según el diario, “es una muestra viva de los amplios vínculos comerciales y personales entre el contratista y los altos funcionarios del gobierno”.

Videgaray, en respuesta a las preguntas de WSJ, dijo que compró la casa a Hinojosa en octubre de 2012, menos de dos meses antes de que la administración de Peña Nieto asumió el cargo el diciembre 1.

“No hubo ningún conflicto de intereses. Hice el trato cuando yo no tenía cargos públicos”, dijo Videgaray.

“La transacción fue inusual”, matizó WSJ, ya que Videgaray se hipotecó con el grupo del señor Hinojosa con 532 mil dólares, de acuerdo con los documentos. “Pero por alguna razón, Videgaray dijo que después pagó la hipoteca en su totalidad”.

La revelación se dio a conocer luego que una encuesta del diario Reforma publicara que Peña Nieto tenía el 39 por ciento de aprobación, lo que lo convertía en el mandatario peor evaluado en casi dos décadas.

Apenas esta semana, The Wall Street Journal, nuevamente, reveló que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, también en el Estado de México, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando era Gobernador.

Una fotografía recuperada por SinEmbargo muestra que el hijo del empresario, Roberto San Román Dunne, fungió como padrino de la primera comunión de Paulina Peña Pretelini, hija mayor del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini. Ésta última falleció en el año el 11 de enero de 2007.

El empresario, vendedor de la residencia y desarrollador del club de golf Gran Reserva de Ixtapan fundó Constructora Urbanizadora Ixtapan en 1998, empresa que antes de la gestión de Peña solamente había ganado algunos contratos públicos menores en el Estado de México, aseguró el diario estadounidense.

El rotativo indicó que el negocio de San Román Widerkehr se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, esto de acuerdo con registros del Gobierno mexiquense.

Además, desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente de México, en 2012, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados de México, según documentos públicos. La empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder federal.

El empresario de Ixtapan de la Sal también recibió un contrato para construir un estacionamiento en el aeropuerto de Toluca, en el que el Gobierno federal tenía una participación de 25 por ciento en la empresa que operaba el aeropuerto.

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, negó al Wall Street Journal que exista alguna relación entre la transacción privada de la casa en Ixtapan de la Sal y el éxito del contratista para ganar contratos, y la familia San Román optó por no emitir comentarios al respecto.

Peña Nieto reveló que la compra de la casa en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan cuando adquirió la propiedad de 2 mil 038 metros cuadrados en cumplimiento con la obligación de declarar sus bienes. No obstante, la identidad del vendedor no se conocía hasta ahora.

Peña compró una casa de 372 mil dólares a precio de mercado, dijo Sánchez, y la transacción no representaba ningún conflicto de interés. “La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas atrás”, afirmó el funcionario.

La familia San Román ha sido desde hace mucho tiempo cercanos a altos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, indicó el WSJ.

El diario estadounidense agregó que San Román Widerkehr murió en 2010 y su hijo Ricardo San Román Dunne tomó el control de los negocios.

En el resort de golf, la casa más barata a la venta, de 210 metros cuadrados, tiene un precio de 241 mil dólares o 3.5 millones de pesos, dijo un vendedor del resort. El terreno más barato, de 400 metros cuadrados, está a la venta por 88 mil dólares, finaliza el diario.

En un comunicado, la Presidencia de la República informó que la casa del Presidente en Ixtapan de la Sal fue adquirida legalmente y señaló que la propiedad aparecía en sus declaraciones patrimoniales.

Además, el comunicado destacó que el propio mandatario “la ha utilizado en forma pública y notoria”.

Al titular de la Presidencia de la República “no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”, aclaró.

La Presidencia señaló que en lo que va de esta administración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado 6, 534 contratos a más de 4,000 empresas, en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos a quienes su encargo en la administración federal, les confiere esta facultad.

En otro comunicado, firmado por la Constructora Urbanizadora Ixtapan (CUISA), propiedad de la familia San Román, la empresa informó que los contratos que obtuvo del gobierno del Estado de México entre 2005 y 2011 fueron ganados en “procesos competidos de licitación”.

CUISA expresó que las ganancias que obtuvieron en ese periodo por las licitaciones ganadas fueron por mil 050 millones de pesos, y que se les otorgó porque presentaron “mejores ofertas técnicas y económicas que sus competidores”.

En ese periodo, la Constructora Urbanizadora Ixtapan se adjudicó obras por 141 millones de pesos del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y por 72 millones del municipio de Naucalpan, entonces gobernado por un Alcalde de extracción panista, José Luis Durán Reveles.

También resaltó que la nota de The Wall Street Journal además de señalar que CUISA ganó 11 contratos, omitió mencionar que perdieron 48 concursos de obra en los que participaron.

“Lo anterior es evidencia de que competimos en las mismas condiciones que cualquiera; que perdemos más concursos de los que ganamos y de que tenemos mucho que mejorar para ser más competitivos en nuestras propuestas”, expuso la empresa.

Sin embargo, la compañía no hizo mención de la casa del Presidente en Ixtapan de la Sal.