Congreso negocia para enmendar la ley ‘No Child Left Behind’
Proponen que estudiantes pobres puedan irse con sus fodnos a escuelas de ricos
La ley se dirigía a eliminar la brecha de conocimientos en escuelas públicas. Crédito: Archivo/Ciro Cesar / La Opinión
Washington.- Con fuertes divisiones en torno al papel del gobierno federal en la educación pública y la ayuda para escuelas en barrios pobres, los demócratas y republicanos del Congreso iniciaron las negociaciones para enmendar la controvertida reforma educativa “No Child Left Behind” de 2002.
Se prevé que la Cámara de Representantes someta a voto en las próximas semanas una medida republicana que tanto demócratas como la Administración Obama consideran perjudicial para las escuelas con alta concentración de estudiantes pobres porque, aunque deja en pie los exámenes obligatorios, permite el uso de fondos federales para que los estudiantes de bajos recursos puedan transferirse a mejores escuelas en barrios ricos.
La medida, presentada por el presidente del Comité de Educación, el republicano por Minnesota, John Kline, también elimina buena parte de la autoridad del gobierno federal en torno a la rendición de cuentas de las escuelas en cada estado.
Kline programó una audiencia sobre la iniciativa el próximo 11 de febrero con el objetivo de tener un voto definitivo para finales de mes. El senador republicano por Tennessee, Lamar Alexander, tiene una medida similar que también permite la “portabilidad” de fondos federales en los distritos escolares.
La ley “Que Ningún Niño Quede Atrás”, NCLB por sus siglas en inglés, fue promulgada en 2002 por el presidente George W. Bush con la meta de reducir significativamente la brecha académica entre estudiantes de barrios ricos y estudiantes pobres y de las minorías.
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Además, la ley impuso exámenes anuales para estudiantes en tercer y octavo grados en las áreas de lectura y matemáticas, y una última vez durante la secundaria.
Para 2014, todos los niños debían demostrar un buen dominio en lectura y matemáticas, sin embargo las cifras oficiales indicaron que para 2011 el 48% de las escuelas públicas estaba lejos de alcanzar niveles de competencia y, consciente de que no todas las escuelas cumplirían a tiempo ese objetivo, en 2012 la Administración Obama otorgó exenciones a los gobiernos estatales.
Ahora ambos partidos reconocen que la ley de 2002 es obsoleta y requiere cambios, sobre todo porque ésta puso demasiado énfasis en los exámenes obligatorios, pero no hay consenso sobre el papel que el gobierno federal debe tener para mejorar el rendimiento de escuelas que continúan a la zaga y reformar el sistema educativo.
Molestos porque, a su juicio, la medida de Kline perjudicará a los pobres, los demócratas de la Cámara Baja se reunieron a puerta cerrada para discutir estrategias en torno a la reforma educativa.
“Los niños pobres, discapacitados y de las minorías no son prioridad para mis colegas (republicanos)”, se quejó la legisladora demócrata por Ohio, Marcia Fudge.
Por su parte John King, el hispano de mayor rango en el Departamento de Educación, indicó hoy que la propuesta de Kline revertirá los avances logrados.
“La cuestión ahora es cómo hacer para continuar el progreso ya obtenido… la ley que salga del Congreso tiene que tener fondos adicionales para las escuelas, y nos preocupa que algunas medidas republicanas en el Congreso pondrán en peligro esos recursos para escuelas con grandes necesidades”, afirmó King.
“También queremos que la nueva ley ponga énfasis en la educación preescolar, que no está en las propuestas republicanas”, señaló King.
Un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés) señala que la medida de “portabilidad” podría hacer que los distritos con altos números de estudiantes pobres pierdan un promedio de $85 por estudiante en estados que decidan abandonar la fórmula que se usa para los fondos asignados bajo el Título I de NCLB.
Los distritos escolares con tasas de pobreza por encima del 30% estarían entre los más perjudicados, según CAP.
Aparte de la reforma educativa, el Congreso también deberá someter a voto el presupuesto por $70,700 millones -un incremento del 5% sobre el pasado año fiscal- asignado por Obama para el año fiscal 2016 del Departamento de Educación, la tercera agencia federal con más fondos dentro del plan presupuestario después del Pentágono y el Departamento de Salud y Recursos Humanos.
