EEUU y Centroamérica, y el garrote y la zanahoria

Algunos definen la locura como emprender las mismas acciones, pero esperar resultados distintos. Y la definición viene a la mente ante el anuncio del presidente de EE.UU., Barack Obama, respecto al millardo de dólares que solicitará al Congreso para los países del triángulo norte de Centroamérica en 2016.

Que la región necesita fondos para estimular su economía, el desarrollo rural, educación, salud, e incrementar la seguridad ciudadana, es cierto. Que con mejores condiciones socioeconómicas, menos centroamericanos intentarían migrar a EE.UU., es cierto. Pero que el triángulo norte está en aprietos porque hay algo estructuralmente torcido en sus gobiernos, también es cierto.

Hay quienes piensan que, dada la historia de intervención de EE.UU. en la región, ese país está obligado a ayudarle a toda costa. Y el argumento podría ser válido si la ayuda no cayera en saco roto. Ya algunos tanques de pensamiento en EE.UU. han dicho que la ayuda estadounidense a la región no necesariamente se ha traducido en mejoras sociales.

En Centroamérica, un considerable porcentaje de la clase política que llega al gobierno demuestra que su ambición no es sacar al país adelante, sino hacerse de un botín ante el acceso a las arcas del Estado—sea desde un cargo ministerial, una secretaría, una diputación, o una alcaldía. No es por nada que Guatemala, Honduras y El Salvador están entre los países percibidos como más corruptos.

En Guatemala, es una rareza el cumplimiento de compromisos que trasciende varias administraciones. Todo gobierno nuevo quiere empezar con mesa limpia. En este sentido, Honduras y El Salvador tampoco tienen mucho de qué ufanarse. Entonces, ¿qué le hace pensar a Obama que esta nueva oferta de ayuda financiera sí puede hacer una diferencia?

Es cierto que haber interceptado a 74 mil menores de edad centroamericanos y mexicanos entre octubre de 2013 y diciembre de 2014, en la frontera sur de EE.UU., según la oficina de aduanas y patrulla fronteriza (Customs and Border Patrol, o CBP), puede llevar a decisiones drásticas. Pero estas no deben incluir lanzar dinero al problema. Este no es momento para que EE.UU. premie a Centroamérica.

Es un momento para exigir la demostración de resultados positivos y buena fe antes de ofrecer plata.

Pero no. EE.UU. felicita a Guatemala, El Salvador, y Honduras por crear en noviembre pasado la Alianza para la Prosperidad, de la mano del Banco Interamericano para el Desarrollo—un banco que en los últimos cinco años ha prestado cerca de tres millardos a la región sin resultados significativos. El programa está diseñado para cinco a diez años plazo, en el transcurso de dos o tres gobiernos. ¿Quién apuesta a que los nuevos gobiernos retomarán los compromisos? ¿Alguien?

Oficialmente, los gobiernos reportan un descenso en las tasas de homicidios. Pero si hubiesen mejorado las condiciones de vida, ¿migrarían todavía miles de centroamericanos?

En Guatemala, Pérez Molina cacarea que durante su gobierno (2012-2015), la tasa de homicidios bajó de 39 a 31 casos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, Guatemala es el único país del triángulo norte cuya cantidad de menores de edad interceptados en la frontera sur de EE.UU. no desciende desde 2009. Entre octubre y diciembre 2014, los guatemaltecos fueron el mayor grupo centroamericano interceptado. Aún así, en diciembre el gobierno se abrogó la “reducción de la migración irregular de menores de edad en un 70%”. Obviamente alguien miente, y no son las cifras de EE.UU.

EE.UU. hizo bien en recibir a los menores de edad que solicitan asilo, y aún esperan respuesta. Obama también hizo bien en proporcionar la posibilidad de legalización con la acción ejecutiva a miles de migrantes indocumentados que ingresaron a EE.UU. antes de 2010. Atendió lo urgente. Pero lo importante queda pendiente, y sus acciones no frenarán el “tsunami” de migrantes que seguirá intentando llegar a EE.UU. todos los años si las condiciones de vida en Centroamérica no mejoran a largo plazo.

En 2014, un total de 96 mil guatemaltecos fueron deportados (51 mil, de EE.UU.; el resto, de México). Entre una tercera parte y la mitad de ellos intentará volver a EE.UU. Y, ¿quién les puede culpar? El gobierno apenas puede atender a los que no migran—menos a los deportados. En febrero, algunos hospitales estatales dependieron de donaciones privadas para poder alimentar a sus pacientes. Además, un funcionario dijo que el presupuesto de seguridad sólo alcanzaba para tres galones de combustible diarios por radiopatrulla de la policía. ¿Parece este un país que está cerca de persuadir a sus migrantes a no migrar? Honduras y El Salvador tampoco navegan lejos de este panorama.

EE.UU. no puede premiar esfuerzos que sólo están en papel. Si en alguna región se ha visto que el papel aguanta con todo, es en Centroamérica. Pero la lección no cala. Desde la región, nos sabemos la película y el final de memoria, y vemos con pena cómo afuera algunos todavía esperan un desenlace distinto.