Madre denuncia que le quitan a sus hijos por venganza

Adela Cortez sostuvo que el drama inició cuando se negó a abandonar la habitación que subarrienda

Madre denuncia que le quitan a sus hijos por venganza
Adela Cortez (en la foto) alega que, poco después de establecerse en su apartamento, María Isabel Quezada le pidió que desalojara el lugar.
Foto: Mariela Lombard / EDLP

@Zaira_Reporter

NUEVA YORK — La inmigrante mexicana Adela Cortez (31) sostuvo que una venganza por negarse a abandonar la habitación que subarrienda fue lo que ocasionó que la Administración de Servicios para los Niños (ACS, por sus sigla en inglés) le quitara temporalmente a sus cuatro hijos.

El drama comenzó tres meses atrás, cuando Cortez se mudó con sus pequeños Leonardo Enrique (6), Vanessa (4), Jean Carlos (2) y Yanina (4 meses) a un edificio en Corona, Queens, luego de responder a un anuncio callejero de habitaciones en renta. La mujer acordó el pago de $750 más facturas con María Isabel Quezada, titular del contrato de alquiler del apartamento de tres habitaciones.

Cortez alega que, poco después de establecerse, Quezada le pidió que desalojara el cuarto.

“Me dijo que lo quería para su madre y me dio sólo tres días para salir”, relató la entrevistada a El Diario. “Pero no pude encontrar otro lugar, los caseros no son flexibles con los niños”.

Según Cortez, Quezada le advirtió que llamaría a ACS si no dejaba la habitación de inmediato, amenaza que cumplió a principios de febrero.

“Me acusó de dejar a mis hijos en el abandono y sin comer, pero no es verdad. Tengo registros médicos de su buen estado de salud”, se defendió. “Trabajo todo el día de mesera y buena parte de mi paga es para la niñera que los cuida. El papá de mis hijos me ayuda con la renta y la manutención”.

De acuerdo con documentación de ACS a la accedió este rotativo, Quezada presentó su queja el 2 de febrero. El 4, dos trabajadoras sociales de la agencia se presentaron en el apartamento acompañadas por oficiales de policía. Cortez, que no habla inglés, indicó que pidió un servicio de traducción, pero que no se lo dieron.

“No entendía nada de lo que estaba pasando. No podía explicar, ni defenderme”, relató la mujer, originaria del estado de Puebla. Cortez afirmó que, asustada por la situación, llamó al padre de sus hijos, Rafael Tejada. Pero éste también habla

“Llegó una camioneta van azul y subieron a mis cuatro niños sin explicación”, continuó. “Yo estaba amamantando a mi niña y se la llevaron sin tenerme compasión”.

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Christopher McKniff, vocero de ACS, manifestó que por ley no puede dar detalles de una investigación en curso, pero ratificó la existencia del procedimiento y explicó vía email las condiciones en las que la agencia está obligada a intervenir. “Toda vez que recibimos un reporte de supuesto maltrato infantil por parte del Registro Central del Estado (SCR), tenemos la obligación legal de llevar a cabo una exhaustiva investigación que determine la seguridad de los niños involucrados”, señaló en su email McKniff, quien además confirmó telefónicamente que dichas condiciones se cumplieron en este caso.

Consultado acerca de cuáles son los motivos que justifican la remoción de niños de su hogar, McKniff respondió: “Riesgo inminente”.

Un juez de la Corte de Familia de Nueva York debe luego analizar la investigación de ACS, ratificar o no la actuación de la agencia y determinar si corresponde quitarle la custodia de los niños a sus padres, a quienes se les provee la debida asistencia legal. “Mientras dura el proceso, los niños permanecen bajo el cuidado de un hogar sustituto (foster care)”, destacó McKniff. La audiencia judicial está fijada para el 27 de febrero.

Cortez pidió ayuda en la escuela P.S. 330, a la que acude su hijo Leonardo Enrique. Allí la refirieron a la organización Mujeres Latinas en Acción.

“Es un terrible caso de falso reporte por venganza”, argumentó Haydée Zambrana, paralegal de dicha organización. “Se complica porque Adela no tiene los recursos económicos necesarios para costear un apartamento propio”.

Zambrana explicó, además, que Quezada violó la ley de vivienda al pedirle a Cortez que dejara el cuarto sin darle un tiempo razonable para encontrar uno nuevo. “También el dueño del inmueble violó la ley de vivienda al convertir su propiedad en un ‘single room occupancy’ (SRO)”, agregó.

“Adela tenía la esperanza de solicitar la Acción Diferida para la Responsabilidad de los Padres (DAPA), pero la investigación de ACS frena ese proceso”, concluyó Zambrana.

Desde que sus hijos le fueron retirados, Cortez-que sigue viviendo en el mismo cuarto-no ha podido verlos o hablar con ellos. “Ni siquiera sé dónde o cómo están. Estoy desesperada”, expresó con tristeza profunda en sus ojos.

Aunque El Diario intentó contactar a Quezada para obtener una reacción de su parte, los trámites fueron infructuosos.