Con justicia pero sin dinero
La justicia, a veces, no cambia nada en los bolsillos de los afectados por el robo de salarios.
Pese a los esfuerzos que están haciendo las autoridades por combatir este fraude laboral, la ley de Nueva York no da seguridad de que a la sentencia favorable a un empleado le siga el abono del salario que se le debe. De hecho, un informe elaborado conjuntamente por el Proyecto de Desarollo Comunitario, la Unidad de Ley de Empleo y el Centro Nacional para Ley y Justicia, alega que aún no se han pagado $25 millones debidos en salarios robados incluso después de que los tribunales así lo hayan dispuesto.
Es más, en este mismo informe se explica que el propio Departamento del Trabajo no ha sido capaz de captar $100 millones en salarios recientes que se deben a trabajadores.
El problema es que durante el tiempo que toma llevar a juicio a un empleador y tener un resultado, los empresarios “transfieren dinero a otras cuentas, ponen las propiedades a nombre de los miembros de sus familias, cierran el negocio o cambian el nombre, crean corporaciones fantasma, ignoran la orden judicial o dejan el país”, explica el informe.
Otros estados proveen protección ante este tipo de conductas que afectan desproporcionadamente a personas que trabajan por el salario mínimo.
La senadora Linda Rosenthal ha propuesto una ley recientemente que amplía las protecciones para que esto no ocurra
