Dilma en la mira de su pueblo

La oposición se alista para enjuiciar a su presidenta
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Dilma en la mira de su pueblo
Dilma Rousseff, de 66 años, fue reelegida en cotubre de 2014.

Río de Janeiro
Los vientos soplan en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Tras las masivas marchas de los últimos dos meses para presionar al Congreso a iniciarle un juicio político por su responsabilidad frente al esquema de corrupción en Petrobras, y con el arresto del tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, presuntamente involucrado de manera directa en el escándalo, la oposición comenzó a preparar la batalla legal de cara a un eventual impeachment.

Pero para este gran paso necesitan pruebas, por lo que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) aportó ayer una munición que podría ser clave al hallar indicios de que el gobierno violó la ley de responsabilidad fiscal entre 2012 y 2014 cuando demoró el traspaso de recursos a los bancos públicos para manipular artificialmente las cuentas, la apodada “contabilidad creativa”. Frente a estos retrasos, el Banco de Brasil, la Caja Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) tuvieron que usar fondos propios para cubrir gastos sociales que son cargas que corresponden al gobierno federal, como el programa Bolsa Familia y el seguro de desempleo. Una “bicicleta financiera” que en la práctica representó un préstamo de los bancos al gobierno.

“Estamos subiendo un escalón más cada vez. Para tener seguridad jurídica en un eventual pedido de impeachment estamos viendo cómo caracterizar el crimen de responsabilidad”, señaló el senador Aécio Neves, presidente del PSDB y exrival de Rousseff en las últimas elecciones.

Ante esto, el gobierno pidió al abogado general de Brasil, Luis Inacio Adams, que presente una apelación al veredicto del TCU. “A no ser que haya una inquisición, en la que se juzga sin defensa, es necesario que el TCU escuche a los acusados”, destacó Adams.

Impeachment

Es un juicio político. Se da cuando un funcionario es acusado de actividad ilegal y en donde, según el país, el político podría ser obligado a dejar el cargo.