Aconsejan examinar nuevos lugares en busca de los 43

Grupo de expertos independientes recomienda nuevas lineas de investigacion

MEXICO.-

Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer  a la Policía Federal mexicana examinar dos nuevos lugares en busca de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi siete meses.

Los dos lugares han sido señalados por los familiares de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos como sospechosos, por lo que los expertos de la CIDH que acaban de hacer su segunda visita a México enviaron dos oficios al jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, para que sean examinados.

“Esta vez (los familiares) nos trajeron dos demandas muy concretas. Una de ellas con datos precisos, con sus coordenadas geográficas, y otro una sospecha de un lugar en el que, por cómo se encontraba antes y ahora, ellos sospechan que podía haber sido utilizado”, explicó en una conferencia de prensa el médico español Carlos Beristain, integrante de la misión.

La búsqueda tendrá que seguir parámetros como contar con la participación de los familiares, utilizar los recursos técnicos apropiados, contar con personal capacitado y también informar posteriormente a las familias de forma clara y resolviendo sus dudas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes buscó aquí y allá. Analizó fotografías digitales; se entrevistó en el penal de Nayarit con presuntos asesinos e implicados; hizo de mediador entre víctimas y autoridades; planteó nuevas hipótesis y buscó a militares del batallón 27 del ejército.

Todo con miras a encontrar “la verdad” sobre lo que ocurrió en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, a petición de los padres de las víctimas y organismos civiles, para quienes dará un informe final en septiembre próximo, pero dio un adelanto.

Carlos Beristain y Francisco Cox, dos de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

Parte desde una posición delicada: los familiares no confían en la versión de las autoridades que dan por muertos a los muchachos de la Normal Rural “Isidro Burgos” de la localidad de Ayotzinapa que están sin paradero desde el 26 de septiembre y en esta segunda visita –realizada del 6 al 22 de abril- va cauteloso.

El 12 del mes estuvo en Iguala para hacer una reconstrucción de la zona y los hechos junto con normalistas sobrevivientes al ataque de policías municipales presuntamente ligados al cártel Guerreros Unidos.

“Dicha reconstrucción fue muy importante para tener una referencia concreta sobre los hechos, modus operandi y los escenarios en que se dieron”, dijo Carlos Beristain, uno de los expertos foráneos, en conferencia de prensa.

También pidió que se complete la información oficial presentada sobre los escenarios en que se dieron los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

 

No a las presiones

La CIDH tambien instó al Gobierno mexicano a investigar la supuesta “coacción” que han recibido los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México durante los casi siete meses de lucha por la aparición con vida de sus hijos.

“La seguridad y la dignidad de los familiares debe ser protegida, por lo que el grupo exhorta a quienes han incurrido en esta revictimización a evitarla y pide que se investiguen los hechos”, dijo en una conferencia de prensa el médico español Carlos Beristain, miembro de una misión de la CIDH que analiza el caso.

Esta es la segunda visita del equipo encomendado por la CIDH para estudiar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en la ciudad mexicana de Iguala (suroeste del país), a manos de autoridades corruptas y narcotraficantes.

En ella, los expertos han tenido la oportunidad de recoger “información confidencial sobre formas de victimización secundaria y coacción a los familiares” y la han transmitido a las autoridades, dijo Beristain sin precisar detalles sobre el tipo de coacciones ni los autores.

 

Nuevos caminos

El GIEI suministró al gobierno mexicano información para abrir nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa y ampliar las ya existentes; solicitó tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales y de video, entre otras.