Demócratas presentan medida contra discriminación racial en la policía

Washington.-El legislador demócrata por Michigan, John Conyers, y el senador demócrata por Maryland, Ben Cardin, presentaron este miércoles un proyecto de ley que criminaliza las prácticas discriminatorias de la policía contra las minorías, convencidos de la urgencia de frenar ya un problema “sistémico”.

Rodeado de activistas y otros legisladores demócratas, Conyers explicó durante una rueda de prensa en el Capitolio que las minorías no son una amenaza y que las leyes garantizan una “protección equitativa” para todos los estadounidenses.

Para Conyers,  la muerte de varios hombres negros desarmados, incluyendo Walter Scott, Freddie Gray, Michael Brown, y Eric Garner, muestran que la discriminación racial es un problema “sistémico” que “sigue siendo un asunto divisivo en muchas comunidades en toda nuestra nación” y tiene que combatirse.

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El objetivo del “Acta contra la Discriminación Racial de 2015” es sanar las heridas causadas por la discriminación racial a manos de la policía y restablecer la confianza pública en el sistema de justicia criminal que, a juicio de activistas, con frecuencia se ensaña injustamente contra las minorías.

La medida considera un crimen la práctica de la discriminación racial, exige una mayor capacitación y sensibilización de la policía, fortalece la recolección de datos sobre las actividades policiales y autoriza fondos para mejorar las prácticas policiales.

Por el lado del Senado, el senador demócrata por Maryland, Ben Cardin, también presentó un proyecto similar.

Conyers, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, comenzó su lucha contra la discriminación policial en 2001, por invitación del entonces presidente George W. Bush.

Conyers trabajó estrechamente en la elaboración del proyecto de ley con el entonces fiscal general, John Ashcroft, pero la medida nunca fue sometida a voto.

Ahora, a raíz de una mayor sensibilidad ciudadana por la enorme atención mediática a incidentes de brutalidad policial ?especialmente tras la muerte de víctimas desarmadas-, la oficina de Conyers cree que esta vez sí tendrá suerte para que el Congreso apruebe la medida.

Minorías como blanco de persecución policial

Grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y la organización afroamericana NAACP señalan que la discriminación racial suele ser el primer paso en el maltrato contra las minorías, como han dejado en claro varios casos recientes.

El lunes, la Comisión de Derechos Civiles de EEUU realizó una audiencia en Nueva York en la que varios expertos y académicos analizaron la “victimización” de las minorías a manos de la policía y el sistema judicial, en particular los afroamericanos.

“Lo que más me preocupa de la situación en la que estamos es que ya hemos visto esta película antes, repetidas veces”, dijo Delores Jones Brown, exfiscal y analista del John Jay College, al exigir la rendición de cuentas de los policías.

Por su parte, Jonathan Blanks, analista del Instituto Cato, que rastrea las quejas de conducta policial indebida, afirmó que “la mejor manera de restablecer la confianza es a través de una labor pública, transparente y eficaz”.

¿Cuándo se justifica la fuerza letal?

 El uso de la fuerza letal por parte de la policía ha atravesado transformaciones desde al menos la década de 1980, cuando el Tribunal Supremo intervino en dos casos relacionados con el asunto.

En el caso “Tennessee v. Garner”, en el que la policía mató a Edward Garner, un joven desarmado que acababa de robar una cartera de una casa, el Tribunal Supremo determinó en 1985 que el uso de la fuerza sólo se justifica si el policía “tiene causa probable para pensar que el sospechoso representa una amenza de muerte o de grave lesión física significativa para el policía” o para la comunidad en general.

Sin embargo, en el caso “Graham v. Connor”, en el que la policía hirió de gravedad a un hombre diabético en Carolina del Norte, los magistrados en 1989 dieron la razón a los policías, que argumentaron que recurrieron a la fuerza para frenar la comisión de un delito en curso.

Así, los policías tienen el beneficio de la duda respecto al uso de la fuerza si su vida corre peligro pero afrontan restricciones si se trata de un sospechoso que se da a la fuga, a menos que éste represente una amenaza para el policía y la comunidad en general.

Poca información sobre dimensión del problema

Las autoridades reconocen la dificultad de resolver un problema si no existen datos fiables sobre sus verdaderas dimensiones.

Una ley federal de 1994 para disminuir la criminalidad exige que el gobierno mantenga una base de datos nacional sobre el uso excesivo de la fuerza policial, pero apenas una tercera parte de las 18,000 agencias policiales de EEUU participan en la entrega de datos.

En febrero pasado, de hecho, el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James B. Comey, reconoció que, debido a que la entrega de datos es voluntaria y no es uniforme en todo EEUU, los datos “son incompletos, y al final, poco fiables”.

Según las estadísticas del FBI, los agentes policiales estuvieron involucrados en alrededor de 400 “homicidios justificados”, cada año, entre 2008 y 2012.

En situaciones de estrés y alta peligrosidad, los policías toman decisiones por instinto pero, según observadores, mientras las leyes les permitan disparar a matar si perciben una amenaza inminente, el problema no va a desaparecer por completo.

Pero las grabaciones de video de cada intervención policial, ya sea por un ciudadano de a pie con su teléfono celular o por las cámaras portátiles que ya usan algunas agencias del orden, podrían empezar a corregir el problema, según activistas.