Obispos católicos exigen cese de “industria de detención” de familias

Washington.- El gobierno de EEUU debe poner cerrojo a su “industria de detención” de familias porque, en vez de dar protecciones judiciales a los indocumentados, el sistema actual los trata “como criminales”, afirmó este lunes la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB, en inglés).

Al divulgar un informe para “liberar la dignidad humana”, la organización presentó un plan de nueve puntos para reformar el sistema de detención que, a su juicio, se ensaña con poblaciones vulnerables, como niños, solicitantes de asilo y víctimas de tráfico humano, que no deberían estar detenidas.

Durante una conferencia telefónica para explicar el plan, los obispos católicos, algunos de los cuales han visitado los centros de detención en el suroeste de EEUU urgieron medidas que fortalezcan las protecciones judiciales, honren la dignidad humana y reduzcan las detenciones de familias migrantes.

Estos inmigrantes indocumentados “no representan una amenaza” sino más bien necesitan “acceso a protecciones judiciales y legales”, precisó Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle (Washington) y presidente del Comité sobre Migración de USCCB.

Según Elizondo, uno de los problemas del sistema actual es usar las detenciones para disuadir la emigración ilegal en vez de tomar decisiones “caso por caso”.

El afán de meter a todos en el mismo saco hace que queden atrapados en detenciones prolongadas solicitantes de asilo, víctimas de la trata de personas, sobrevivientes de la tortura, y ahora, jóvenes madres con sus hijos, señaló Elizondo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta 34,000 inmigrantes son detenidos diariamente y más de 400,000 son detenidos anualmente.

En ese sentido, Nicholas DiMarzio, obispo de Brooklyn, New York, denunció que, pese a que existen alternativas eficaces y a menos costo, el gobierno insiste en mantener en pie “una industria de detención” que perjudica a inmigrantes “que en su mayoría no son criminales”.

Así, el informe de unas 34 páginas condena las condiciones de abusos en los centros de detención, las detenciones obligatorias y la creciente dependencia en prisiones privadas.

El sistema de detención de inmigrantes, bajo control de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), “ni es humano ni es necesario” tal como está concebido y, en su lugar, el gobierno debería realizar “inversiones a gran escala” en programas de libertad vigilada y en programas comunitarios, dijo el documento.

Para encontrar alternativas, la USCBB recomienda que el Congreso autorice un estudio exhaustivo sobre los beneficios, costos y retos de poner en marcha un sistema de detención “verdaderamente civil”.

El plan de USCCB recomienda:

• Cesar el uso de las detenciones como medida disuasoria contra la inmigración ilegal.
• Transferir los programas de libertad supervisada y programas alternativos del control del DHS a agencias no policiales mejor capacitadas para atender a extranjeros. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud es un “modelo prometedor”.
• El Congreso debe reservar las detenciones obligatorias sobre en casos criminales o de urgencia para la seguridad nacional.
• Las autoridades deben reducir y vigilar rigurosamente el papel de empresas privadas a cargo de cárceles con fines de lucro.
• ICE debe ampliar los programas de detención alternativos. En 2014, la agencia apartó casi $2,000 millones de su presupuesto de $5,600 millones para las detenciones, pero solo $91 millones a programas alternativos, pero casi nada para programas comunitarios.
• ICE debe realizar un análisis exhaustivo de su sistema de información, para mejorar el rastreo y gestión de los casos.
• EEUU debe cesar la detención de familias con niños, particularmente para frenar la emigración de quienes buscan protección en este país, y colocarlos en programas alternativos.
• Si el DHS tiene que detener a indocumentados durante su procesamiento judicial, debe entonces mejorar las condiciones en los centros de detención para que sean instalaciones menos estrictas y no semejantes a cárceles.
• El Congreso debe incrementar significativamente los fondos para los tribunales de Inmigración, para que los jueces sean los encargados de adjudicar, revisar y determinar la resolución de todos los casos pendientes.