Agencias del orden bloquean visas U a víctimas de crimen

(Segunda de tres partes)

Evelin estaba embarazada cuando su novio la golpeó fue golpeada en el estómago por su novio y, aunque estaba ilegalmente en el país, recurrió a la policía del Condado de Gaston, en Carolina del Norte, a presentar cargos contra él.
Por ser víctima de violencia doméstica y haber cooperado con la policía en la investigación, Evelin podría ser elegible para una visa U, la cual le permitiría permanecer en el país durante cuatro años legalmente y, después, solicitar la residencia permanente.
Pero algunas agencias del orden dificultan o directamente se niegan a darles la certificación que necesitan para poder verificar ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que realmente han sufrido un daño físico o mental por haber sido víctimas de crimen, un requisito esencial para obtener la visa U.
Este es el caso de Evelin. Efectivamente, el Fiscal de Distrito del Condado de Gaston, Locke Bell, se rehusó a firmar su certificación argumentando que “el asalto a un latino por un latino no es la razón de esta ley”.
La respuesta dejó atónito a Theodore Maloney, abogado de Evelin, una mujer de 34 años de edad que huyó de Honduras en 2005 junto con su hermana, escapando ambas de un padre abusivo.
“En todos los casos que he representado en ocho años, de clientes que son elegibles y han obtenido la visa U tanto las víctimas como y los asaltantes son latinos”, dijo Maloney en una entrevista con La Opinión.
Evelin no quiere dar entrevistas a la prensa porque su novio, de origen mexicano y con quien tiene dos hijos, regresó a este país después de haber sido deportado y la atacó de nuevo, indicó su abogado.
El programa de visas U fue creado por el Congreso hace 15 años para alentar a los inmigrantes indocumentados en el país a reportar los crímenes a la policía violencia doméstica, abuso sexual, tráfico humano y otros crímenes especificados en una lista, y a cooperar en la investigación, sin temor a ser deportados. El límite anual de este tipo de visas es de 10,000.
Pero Bell, cuya oficina no respondió a un pedido para una entrevista, dijo al periódico The Charlotte Observer que si una víctima de crimen es latina y el acusado también latino él firmará las certificaciones para solicitud de visa que pasen por su oficina porque “la ley no es para proteger a latinos de latinos”.
“Esto es terrible”, afirmó Maloney. “Esto frenará a muchas mujeres en este condado para acudir a la policía cuando sufren violencia doméstica y muchas víctimas de crímenes dejarán de cooperar con las autoridades”.
En el Condado de Gaston, un 6.2% de los 211,000 habitantes son de origen latino y un 5%, en general son inmigrantes, de acuerdo con los últimos datos del Censo.
El Pew Hispanic Center estima que la población de inmigrantes indocumentados en el estado de Carolina del Norte es de unos 325,000.
Maloney explicó que lo peor de todo es que legalmente no se puede tomar ninguna acción adicional que ayude en casos como el de Evelin cuando la certificación es negada porque la ley da demasiado poder de decisión agencias del orden para determinar cuándo y a quién darlas y no hay forma de apelar su decisión.
“Cada una de las agencias (del orden) fijan sus propios estándares, y si éstas dicen que no, no hay forma de evadirlas”, indicó Maloney.
USCIS, la agencia federal que supervisa el programa, dice que los fiscales y otras agencias del orden no tienen obligación de dar las certificaciones.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Carolina del Norte evalúa las opciones legales para actuar, de ser necesario, contra la política establecida por el Fiscal de Distrito de Gaston.
“Indudablemente hay una aplicación discriminatoria de este programa que no es permisible bajo la ley. El mismo lenguaje del fiscal indica que está actuando con base en la etnicidad”, dijo a este diario Carolyna Caicedo Manríquez, abogada de ACLU, indicando que su política provoca un trato geográfico desigual para las víctimas de crimen en el estado.

El Condado de Gaston no es el único caso.

De acuerdo con datos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Condado de Kern, en California, hasta febrero pasado había aprobado solo cuatro de las 160 solicitudes de certificación en los últimos tres años, mientras otras jurisdicciones firmaron miles de éstas en el mismo período.
Funcionarios en Kern han justificado el rechazo de solicitudes diciendo que los crímenes fueron cometidos muchos tiempo atrás y que las víctimas intentan utilizar a su favor el sistema de inmigración.
De hecho un estudio realizado por UNC-Chapel Hill School of Law Immigration / Human Right Policy Clinic encontró que 160 agencias del orden que pueden certificar a víctimas de crimen de plano se rehúsan a ayudar a los indocumentados para que obtengan visas y otras 190 las niegan por razones no consideradas en la ley.
Desde 2009 a 2014, las agencias del orden de la ciudad de Nueva York habían verificado 1,151 víctimas de crímenes, de acuerdo a las cifras proveídas por las autoridades de inmigración a la agencia de noticias Routers que sometió una solicitud de récords públicos. En Los Ángeles se emitieron 4,585.
Quienes abogan por leyes de inmigración más estrictas sostienen que el programas de visas U se presta para fraude y que no debería ser expandido.
“No deberíamos recompensar a personas de esta forma por reportar crímenes o dar información”, declaró recientemente Ira Mehlman, portavoz del grupo conservador Federation for American Immigration Reform (FIRM).