Texas utiliza licencias de conducir como arma contra alivios migratorios, según expertos

Las licencias tendrían un efecto positivo en la economía estatal, contra lo que argumenta Texas y otros 25 estados
Texas utiliza licencias de conducir como arma contra alivios migratorios, según expertos
Licencia de manejar de Texas.

Washington, DC – Texas, que lidera una demanda de 26 estados contra los alivios migratorios, ha centrado parte de sus ataques en que la emisión de licencias de conducir a indocumentados supondría un perjuicio económico, pese a que no ha hecho un análisis del costo que correría por cuenta de los solicitantes.

Los 26 estados que buscan eliminar los alivios migratorios argumentan que las medidas unilaterales del presidente Barack Obama ocasionarán daños a su economía.

En un dictamen de 2-1, el quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans, Louisiana, rechazó el martes pasado desbloquear el freno contra los alivios migratorios al determinar que el gobierno no ha presentado una buena justificación para implementarlos ya mientras se decide su constitucionalidad.

El tribunal, de tendencia conservadora, apoyó su dictamen en parte en el argumento que han usado Texas y los demás demandantes de que éstos tendrán que emitir licencias de conducir a los beneficiarios de los alivios migratorios.

En enero de 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó en un memorándum que los beneficiarios del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, tienen estatus legal en EEUU y, por lo tanto, pueden solicitar licencias de conducir.

Lo mismo aplicaría para los adultos con hijos residentes legales o ciudadanos que eventualmente reciban cobijo bajo un programa similar conocido por su sigla en inglés como “DAPA”.

Poca uniformidad y muchas leyes

Pero la emisión de estos permisos es potestad de los gobiernos estatales, y cada uno puede imponer los requisitos y tarifas que considere necesarios.

En la actualidad, estados como California, Maryland, Illinois, Colorado, Nevada, Nuevo México, Oregón y Washington, D.C., sede de la capital estadounidense, otorgan licencias a indocumentados.

La legislatura de Nebraska –uno de los estados demandantes- aprobó el jueves la emisión de las licencias de conducir para los “Dreamers”, superando el veto del miércoles del gobernador republicano, Pete Ricketts.

En Texas, los reglamentos del Departamento de Seguridad Pública dejan en claro que sólo los ciudadanos, residentes permanentes, refugiados y asilados pueden acceder a las licencias de conducir, cuyo costo oscila entre $16 y $25, dependiendo de la edad.

Las opciones de Texas

Expertos consultados por este diario coincidieron en que, si quisiera, el gobierno de Texas podría otorgar las licencias sin incurrir gastos exorbitantes.

“Como ya han demostrado California y otros estados, los estados son más seguros y más prósperos cuando todos los conductores tienen capacitación licencias y seguro. El argumento deshonesto de Texas sobre supuestos daños por DACA y DAPA no toman en cuenta los beneficios”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC).

“La economía de Texas se beneficiaría por las tarifas que pagarían los inmigrantes elegibles, los coches y seguros que compren, y los impuestos de venta que pagarían, y las demás compras que realizarían una vez que tengan libertad de viajar… esta demanda ataca a nuestras familias inmigrantes y perjudica a los mismos residentes de Texas”, explicó Hincapié.

Por su parte, Tom K. Wong, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California en San Diego, señaló que Texas tiene varios escenarios posibles para minimizar sus gastos, incluyendo eliminar los subsidios actuales y elevar las tarifas, si bien esto podría generar la repulsa de la opinión pública y hasta más demandas contra el gobierno federal.

La emisión de licencias puede generar más empleos con la apertura de más oficinas, como ha sido el caso en Arizona, “pero los detractores en Texas podrían argumentar que esto aumentaría los costos y la burocracia”, agregó Wong.

Pese a la complejidad del asunto, Wong consideró que las licencias de conducir para indocumentados tendría un efecto dominó positivo en la economía estatal de Texas.

Según un sondeo que Wong realizó el año pasado entre 1,472 indocumentados en 42 estados, el 20,2% dijo que compró un vehículo por primera vez tras conseguir su licencia de conducir.

Otra encuesta, aún en marcha en Illinois, apunta a que el 20,4% compró su primer coche tras la implementación de DACA.

El costo promedio de los vehículos comprados por los encuestados fue de $10,700, y ese gasto no incluye el costo de comprar un seguro, que es obligatorio en todos los estados.

Wong tiene previsto ayudar en una encuesta nacional de NILC, con el objetivo de identificar las posibles maneras de cubrir los gastos por las licencias de conducir.