Más de 165 mil indocumentados deportados en lo que va del año fiscal 2015

El gobierno del presidente Barack Obama ha deportado menos indocumentados que en años anteriores desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2009.
Entre el 1 de octubre del año pasado y el 15 de junio, la cifra alcanzó los “165,283”, confirmó Néstor Iglesias, vocero de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por su sigla en inglés).
La proyección para los restantes 107 días del año fiscal 2015 se estima en 68,544 (basado en el promedio diario de 640.6 deportaciones diarias), lo que significa que al 30 de septiembre el número de expulsiones alcanzaría los 233,827, un 26% menos que los deportados durante el año fiscal 2014 que alcanzó los 315,943.
Durante la primera Administración de Obama (2009-2012) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) batió records sucesivos que encendieron las alarmas en la comunidad inmigrante.
La cifra de deportados superó los 1.5 millones con un promedio anual de 400 mil y diario de 1,200. En la actualidad apenas supera los 640.
El DHS ha asegurado que la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten que entre seis y siete de cada 10 expulsados no tenían faltas que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional.
Un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa en Nueva York publicado en septiembre del año pasado, reveló que entre octubre y agosto de 2013 un total de 82,878 personas fueron deportadas, en su inmensa mayoría por infracciones a las leyes de inmigración y no por cuestiones penales.
El TRAC agregó que la mayoría de las órdenes de deportación emitidas por los tribunales de inmigración “no se basaron en los posibles antecedentes criminales de los procesados”, sino en imputaciones relacionadas con las leyes de inmigración vigentes.
Según el reporte, en el año fiscal 2014 solo dos de cada 10 deportaciones se produjeron por considerar a los individuos una “amenaza a la seguridad pública”, y señaló que la lista de deportaciones la encabezó México, seguido por guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
El pasado 20 de noviembre, día en que Obama anunció una acción ejecutiva que detiene las deportaciones de unos 5 millones de indocumentados, el DHS publicó un memorando que explica cuáles son las prioridades de deportación que tiene en cuenta el DHS.
Las medidas incluyen cuatro prioridades, explicó el abogado Ezequiel Hernández.
– Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
– Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
– Prioridad 2D: personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
– Prioridad 3: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

“Mucha gente piensa que se puede limpiar el récord”, dijo Hernández, “pero la información no se borra de los archivos de inmigración. Por eso hay que tener cuidado y averiguar bien con un abogado para ver qué y cómo se hace para no tener problemas en el caso de solicitar un beneficio”.
La cifra total de deportaciones también se verá impactada por el avance o demora en los miles de casos pendientes en las cortes de inmigración, y con ello las esperas para inmigrantes que aguardan la resolución de sus casos, algunos de ellos privados de libertad.
La tercera semana el TRAC reveló que la cantidad de casos esperando turno aumentó en abril a 445,607, la cifra más alta en los últimos 15 años.
Añadió que el total de estos expedientes creció en 9.2% desde principios de este año fiscal (que arrancó el 1 de octubre de 2014), cuando estaban pendientes de resolución 408,037 expedientes.
La cifra actual también creció 29.5% desde inicios del año fiscal 2014, cuando en las cortes de inmigración se acumulaban 344,230 expedientes.
Activistas reiteraron que la gran cantidad de expedientes acumulados sigue siendo uno de los problemas estructurales del sistema migratorio vigente, y advierten que muchos solicitantes tienen que esperar años para ver sus expedientes resueltos.
El crecimiento en el número de casos en las cortes de inmigración ha ido en aumento desde finales de los años 90, cuando sumaban más de 100 mil. La cifra creció a más de 200 mil a partir del 2009 y sobrepasó los 300 mil a partir del 2012, según TRAC.
El informe señala que hasta marzo la mayoría de los casos en espera corresponden a mexicanos con 130,823, seguido por casos de hondureños con 57,602, un incremento del 143% desde el inicio del año fiscal 2015 cuando la cifra era de 23,733.
En junio del año pasado Univision Noticias reportó que los jueces de las cortes de inmigración manejaban más de 2,000 casos cada uno y que se estaban programando audiencias para finales de 2017.
El Gobierno federal respondió que dedicaría mayor personal y recursos a procesar y escuchar los casos del influjo de menores y padres con niños centroamericanos que llegaron en altos números durante el primer semestre de 2014, pero no quedó claro si la medida dejó descubiertas otras cortes del país.
Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, dijo recientemente que un alto porcentaje de indocumentados deportados por el gobierno de Obama calificaban para ajustar sus permanencias dentro de una reforma migratoria “como la aprobada por el Senado el 27 de junio del año 2013”.
El proyecto de ley fue detenido por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes. La inacción del legislativo motivó a Obama para anunciar la acción ejecutiva el 20 de noviembre del año pasado.
El beneficio migratorio fue detenido el 16 de febrero por un juez de distrito de Texas en respuesta a una demanda entablada el 3 de diciembre de 2014 por 26 estados.
El Departamento de Justicia apeló el dictamen cautelar y la demanda en su totalidad ante la Corte de Apelaciones del 5to Distrito en Nueva Orleans. El tribunal ratificó el fallo de febrero y en julio escuchará argumentos de ambas partes para resolver la demanda de los estados.
En caso de un fallo negativo, el gobierno de Obama ha dicho que acudirá a la Corte Suprema de Justicia.
“Creo que es justo y necesario que el Presidente y el DHS tomen accion administrativa para evitar la deportación de personas que pudieran ser elegibles para DACA/DAPA (beneficios de la acción ejecutiva). No tiene sentido la detención y deportación de personas que tienen familias y están contribuyendo a nuestra comunidad y economía”, dijo el sindicalisra Eliseo Medina. “Eso crea sufrimiento para las familias inmigrantes y un gasto público innecesario”.
“Si el Congreso no quiere o no puede actuar en favor del bien público, el Presidente lo tiene que hacer”, agregó.