Acusan a funcionaria salvadoreña de ser parte de red de extorsión

La Fiscalía vincula el delito con la pandilla 18 sureños; hay 24 detenidos

San Salvador

Una importante concejala de El Salvador, su hermana y esposo, fueron acusados este lunes por la Fiscalía General y la Policía, de ser parte de una red de extorsionistas, que victimizaban, incluso, a dirigentes de su propio partido político.

La Policía Nacional Civil (PNC) presentó este lunes a Maritza Raquel González Molina, funcionaria del gobierno municipal de Tecoluca, como miembro de una red de extorsionistas, un delito que está ligado con las pandillas o maras que agobian a la sociedad.

González Molina, fue capturada el pasado viernes y acusada entre otros delitos de extorsionar a un diputado de su partido, el derechista y opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

De acuerdo a las investigaciones y declaraciones del fiscal general Luis Martínez, la acusada habría cobrado unos 15,000 dólares de extorsiones al diputado de ARENA, Bonner Jiménez, así como también a un contador de la referida alcaldía ubicada en el centro de El Salvador.

ARENA se desliga

En tanto, el presidente de ARENA, Jorge Velado, desvinculó a su partido de las acciones de la concejala González y exigió la aplicación de la ley.

“Me enteré por las noticias que ha sido capturada la concejala suplente de Zacatecoluca por sospechosa de actos de extorsión, desconozco detalles. Ella está en manos de la justicia y serán las autoridades las que determinarán su inocencia o culpabilidad”, apuntó Velado.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el pasado viernes la concejala y su hermana, fueron capturadas. El esposo de la funcionaria municipal, quien se encuentra preso, también está acusado fue acusado del mismo delito.

Además de ellos, según reportó La Prensa Gráfica, el viernes por la noche se giró también orden de captura contra 21 integrantes de la banda y se ordenó cuatro reclusiones en centros penales. Según la Fiscalía, la estructura es parte de la pandilla 18 sureños que opera en la zona del departamento de La Paz. El papel que desempeñaba la concejala sería de hacer el cobro de las extorsiones.

Al ser presentada este lunes a la prensa, Maritza González Molina, dijo ser inocente y que demandará a quienes la han acusado porque “han dañado su imagen” y ha recibido malos tratos.

“Estamos aplicando el rigor de la ley”, dijo el fiscal general Luis Martínez. Y añadió a La Prensa Gráfica, que con sus acciones persiguen a personas dedicadas a la extorsión “que causa grave daño a la sociedad, genera pobreza y no permite que la economía progrese”. Finalmente Martínez pidió a los transportistas y comerciantes que hayan sido víctimas de este delito de denunciarlo con las autoridades.