Un aniversario con toque boricua
La legislación era necesaria para establecer por fin la dignidad del voto afro-americano igual como cualquier otro.
El 6 de agosto de 2015 marca 50 años de que el Acta del Derecho al Voto fue aprobada por el presidente Lyndon Johnson meses después que activistas afro-americanos que exigían solamente el derecho de inscribirse a votar fueron atacaron a macanazos en Selma, Alabama por atreverse a marchar pacíficamente en pro de la igualdad.
Es un acontecimiento histórico que llegó a cambiar la cara de concejos municipales, asambleas y senados estatales, el Congreso federal y hasta la Casa Blanca. Ningún otro ejemplo de legislación en la época de derechos civiles ha tenido tanto éxito
La legislación era necesaria para establecer por fin la dignidad del voto afro-americano igual como cualquier otro. Ese propósito merecía, ayer y hoy, la atención nacional. Pero el Acta del Derecho al Voto nunca fue solamente blanco y negro – ni siquiera en 1965.
El toque boricua deriva de la cláusula 4(e) de la legislación que asegura que ningún puertorriqueño que alcanza el sexto grado en las escuelas de Puerto Rico puede ser rechazado para la inscripción electoral aunque no satisface cualquier requisito de analfabetismo en inglés. Los protagonistas de este logro son muchos: los activistas José Camacho, Herman Badillo, Irma Vidal Santaella, Gilberto Gerena-Valentín, el Campeón de los Hispanos, El Diario – La Prensa, los senadores Robert Kennedy y Jacob Javits, el alcalde Robert Wagner y el entonces-candidato para la alcaldía, John Lindsay, entre otros.
Pero el cuento tiene opositores y villanos también como casi la delegación completa de representantes del sur del país que insistían en la alfabetización para arrestar el creciente voto afro-americano en sus estados. Y en Nueva York tenía oposición en la junta editorial del famoso New York Times. En el 3 de abril de 1965 el Times opinó que cualquier cambio que disminuyera el inglés como prueba exclusiva de inteligencia era peligroso: “No es cierto argumentar como lo hace el alcalde Wagner, que un examen de alfabetización en inglés para votar es intrínsecamente discriminatorio contra los puertorriqueños y otros ciudadanos naturalizados. Un votante calificado debe de entender la discusión de temas públicos y como el inglés es el idioma en que se conduce el negocio público, es razonable exigir que votantes tiene que leer y escribir en inglés”.
Aparentemente el noticiero con el lema “toda noticia que es apto para publicar” no considero apto los informes en la comunidad puertorriqueña que la Junta de Elecciones manipulaba las horas del examen para evitar que tanto puertorriqueños se inscribieran, o reclamaba una escasez de formas como testificó Badillo, Santella y Gerena-Valentín. No leyeron los informes de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos en 1959 y de nuevo en 1961 cuando acordaron con José Camacho que la otorgación de ciudadanía americana a Puerto Rico en 1917 requería el trato equitativo en el derecho al voto.
En 1965 el experimento con el voto bilingüe empezó con puertorriqueños. Ahora cientos de miles de latinos, indios americanos y ciudadanos de Asia tienen acceso al voto aun si no dominan el inglés. Y eso se merece una celebración.
