La corrupción tiene rostro: el Ministerio Público

Ciudad de México-. A una veintena de ancianos del municipio de Tultitlán, en la región conurbada de la capital mexicana, los despojaron de sus casas en el último año. Un grupo de malandrines se dio cuenta de que los abuelitos no tenían documentación clave -como actas de nacimiento para sustentar la propiedad- y los echó a trancazos a principios de año.

Con la fuerza que les quedó, los viejitos fueron uno a uno a interponer las demandas por robo y despojo; se quejaron con algunas organizaciones civiles, los escucho la exdiputada Magdalena Núñez, quien llevó el caso al congreso y, aún así, el Ministerio Público (MP) sigue sin investigar.

“El MP ha monopolizado la justicia en México”, explica Núñez impotente sobre la facultad exclusiva que da la Constitución a estas instituciones dependientes de las procuradurías de justicia para investigar los delitos.

“Un ciudadano común no puede acudir de manera directa a un juez a denunciar un delito del que ha sido víctima: tiene que ir al MP para que éste lo haga”.

Con tales poderes, el MP es hoy por hoy una institución todo poderosa y vulnerable a la corrupción por una ecuación muy sencilla: si un criminal no quiere ser encarcelado sólo tiene que ir con los ministeriales, sobornarlos y así desaparecer pruebas en su contra o simplemente detener y archivar la investigación del delito.

Ixchel Mireles, una activista de Coahuila cuyo esposo fue secuestrado en su propia casa de Torreón en 2010, todavía recuerda con odio cuando descubrió que el expediente de su marido estaba vacío.

“Yo notaba que el tiempo pasaba y no había novedades y un día me planté con la secretaria y la obligué a que me enseñara el archivo al que yo personalmente había llevado fotos, testimonios y todo tipo de indicios para atrapar a los delincuentes y obligarlos a decir donde estaba mi esposo y… no había nada”.

Iniciar una averiguación previa en las agencias MP es un dolor de cabeza. Si las víctimas no dan dinero a los agentes pueden pasar hasta ocho horas en una fila para ser escuchados. “Una vez tuve que pagar 200 pesos (unos $14 dólares) para que aceptaran a un detenido por robo que llevaba en la patrulla. No lo querían recibir y mientras yo ¿qué hacía con él? Ni modo que lo dejara ir”, cuenta Pablo R., un ex agente de la policía del Distrito Federal.

Cuando Pablo se quejó con su jefe, éste le respondió que “así era como operaba el MP por órdenes del jefe”, o sea, el procurador.

La falta de independencia de las procuradurías es una de las causas principales del mal sistema de justicia del país: los titulares de estas dependencias son nombrados directamente por el ejecutivo. En el caso de la PGR, el presidente envía una terna al senado y, en el de las fiscalías locales, el gobernadores nombra a quien le dé la gana.

Esta situación politiza todos los casos de los funcionarios acusados de delitos y los ministerios públicos se enfrentan a dos caminos: procesarlo o protegerlo como parte del sistema y, finalmente, se toma el camino más corto. “Principalmente se limita a establecer sanciones administrativas (pago de multas, suspensión de funciones, etcétera)”, dice María Amparo Casar, autora del informe “Anatomía de la Corrupción”, del Instituto Mexicano para la Competitividad.

En excepcionales casos, se han llevado a prisión a polémicos personajes que estorban al sistema como en el caso de la líder del CNTE, Elba Esther Gordillo, que desvió recursos durante años, pero no fue investigada sino hasta que se opuso a la Reforma Educativa.

Al final de cuentas, la corrupción también se administra en México.

CIFRAS

De acuerdo con el Centro de Estudios del Sector Privado, el nivel de honestidad del MP es de alrededor del 37%, es decir, que sólo en tres de cada 10 ocasiones actúa honestamente. En 2014, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística Geografía detectó 238,114 casos de corrupción abiertamente reconocidos contra agentes de investigación del delito, pero la cifra real hasta nueve veces mayor ante hechos sin denunciar.