CIDH: No es creíble que quemaran a los 43 de Ayotzinapa

La versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la incineración de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado, es poco veraz, aseguró Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo.

Cox señaló que hay inconsistencias entre declaraciones de presuntos responsables, por lo que se pidió la opinión de un experto en manejo de fuegos.

José Torero, el experto contratado por la CIDH, demostró que en esas condiciones el tiempo requerido para incinerar a un cuerpo, es entre 90 a 120 minutos.

El experto internacional estableció que son necesarios 30 mil 100 kilos de madera 13 mil 330 kilos de neumáticos y 60 horas para incinerar los 43 cuerpos.

“Los habitantes de Cocula hubieran visto la columna de humo de 200 metros de alto”, explicó Francisco Cox del GIEI.

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El perito independiente tampoco encontró evidencia en la vegetación adyacente al basurero de los estragos que científicamente generaría una incineración de ese tipo.

La quema de 43 cuerpos en la condiciones necesarias, hubiera desatado un incendio forestal desde el basurero de Cocula, dijo.

Por su parte, Carlos Beristain expuso que después de la desaparición hay una visita de una patrulla del Ejército y también existen evidencias de que hay un nivel de coordinación, ya que un testigo clave dijo que fue llevado a un lugar donde alguien daba las órdenes en una casa del centro de Iguala.

Destacó que hay 700 familiares directos que han sufrido las consecuencias de la desaparición forzada de los estudiantes, además de “seis ejecuciones extrajudiciales, 40 lesionados y 43 desaparecidos”, detalló Beristain.

Otra de las conclusiones es que el Ejército y la Policía Federal tuvieron conocimiento del movimiento de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, antes de la desaparición de los 43, señaló Ángela Buitrago.

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El experto recordó que en el caso Ayotzinapa hay al menos nueve escenarios en donde se da ataque directo con uso de arma de fuego, “hay un aspecto central que es el tiempo en el que se desarrolla, el cual sucedió en un lapso de tres horas”.

Dijo que los normalistas fueron vigilados en todo momento por policía estatal, federal y el Ejército desde que salieron de Chilpancingo. “El objetivo de los ataques estuvo dirigido a no dejar salir a los autobuses de Iguala, cuando salieron intentaron detenerlos, ese parece ser el patrón de acción”, explicó Beristain.

Dijo que hubo contradicciones por parte de las autoridades porque los estudiantes afirmaban que eran cinco autobuses y las autoridades decían que eran cuatro. “Se pidió ayuda a la PGR quien ordenó que se revisará si había un quinto autobús, aunque en el expediente falta uno de ellos, el quinto autobús”, refirió el experto.

En el informe se incluyen 20 recomendaciones para la investigación del caso Ayotzinapa”, explicó Alejandro Valencia, uno de los integrantes del GIEI. Dijo que las autoridades deben investigar como línea prioritaria el móvil de la agresión a los estudiantes normalistas, el patrimonio de los posibles responsables y el posible uso de hornos crematorios en el estado. Incorporar fotos satelitales. Considerar medidas de protección y prevención.

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Como parte de las conclusiones de la investigación del GIEI sobre la desaparición de los 43 normalistas, Ángela Buitrago señaló que al momento que una parte de los normalistas llegó a Iguala, ya había terminado el informe de la presidenta del DIF María de los Ángeles Pineda de Abarca, lo que contradice una de las conclusiones de las autoridades mexicanas en el sentido de que el Alcalde de esta población, José Luis Abarca, había dado la orden de atacarlos porque tenían la intención de interrumpir el acto.

El grupo aclaró que sus conclusiones están basadas en declaraciones tomadas por el grupo y en testimonios y reportes oficiales denominados c-4, tarjetas informativas y documentos desclasificados del Ejército.

“Hay escenas del crimen que no se encuentran procesadas ni por la procuraduría local ni por la PGR al día de hoy”, aseveró Claudia Paz y Paz, otra integrante de la Comisión. “Esa noche, la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] manejó información restringida”.

El mandato del GIEI

El GIEI fue creado a finales del año pasado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado mexicano, la CIDH y las familias y representantes de los 43 estudiantes, desaparecidos en la ciudad de Iguala el pasado 26 de septiembre.

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El grupo está integrado por Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Ángela Buitrago (Colombia) y Alejandro Valencia Villa (Colombia) y arrancó sus investigaciones el pasado 2 de marzo.

Tuvieron entonces un primer encuentro en privado con funcionarios y otro con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los desaparecidos, y padres de las víctimas.

“Queremos hacer un esclarecimiento de los hechos y vamos a tratar de llegar a la verdad”, decía entonces el español Beristain sobre este grupo formado para atender “las demandas de los familiares y su reclamo por saber de sus hijos”.

Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Sin embargo, los padres rechazan esa versión y continúan demandando la presentación con vida de sus hijos ya que, entre otros puntos, sólo uno de los jóvenes ha sido identificado entre los restos hallados en la hoguera y en un río cercano.

Los expertos han dividido sus investigaciones en cuatro puntos: el proceso de búsqueda, la investigación, la atención a las víctimas y las políticas públicas frente a la desaparición forzada.

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El pasado 19 de marzo, los expertos hicieron su primera valoración y alertaron del gran volumen del expediente y de que no estaba digitalizado. Además, desde el comienzo de su visita siguieron exigiendo al Gobierno que continuara con la búsqueda de los jóvenes estudiantes.

De hecho, un mes después, el 20 de abril, pidieron a la Policía Federal (PF) que examinara dos nuevos lugares, a petición de los padres, y denunciaron que una de las mayores dificultades de la investigación era la fragmentación del caso, al tener a los imputados en un lugar del país, al expediente en otro y que los hechos ocurrieran en otro distinto.

Entre las actividades que hicieron hasta ese momento fueron entrevistas con varios de los detenidos (hay más de 120 entre policías, funcionarios públicos y narcotraficantes) y viajes al lugar de los hechos acompañados de estudiantes supervivientes para reconstruir lo sucedido.

En otra de sus comparecencias, el 11 de mayo, confirmaron que algunos de los detenidos habían denunciado torturas. “Consideramos que las garantías legales, el análisis exhaustivo de esas denuncias, es fundamental para evitar que eso genere problemas más adelante”, apuntó entonces Beristain.

Según explicaba la ex Fiscal guatemalteca Claudia Paz, un posible escenario en el que “no se hubieran respetado los derechos para los detenidos, sería muy negativo para el proceso y eso tendría consecuencias legales”.

Durante todo este tiempo, una de las principales peticiones de los expertos fue entrevistarse con personal militar del batallón 27 de la zona, quienes son señalados por los familiares por sus posibles vínculos con la tragedia ya que en aquella noche tuvieron contacto con algunos de los jóvenes.

En su siguiente valoración del 29 de junio, los expertos se quejaron de que de las 100 peticiones de información al Gobierno mexicano, solo el 30 por ciento habían sido atendidas de forma completa y pidieron la agilización de las respuestas.

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En ese mes visitaron lugares relevantes vinculados con la investigación, como establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan, una casa de seguridad y prisiones en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit, donde hablaron con personas vinculadas al caso.

En su última conferencia de prensa el pasado 17 de agosto, los expertos denunciaron la destrucción de pruebas de video y explicaron que el Gobierno les había ofrecido una entrevista por escrito a su solicitud de entrevistar a los militares, negándoles la participación en la comparecencia, opción que ellos rechazaron.

Finalmente, contaron, del total de solicitudes de información de la CIDH al Gobierno mexicano, un 48 por ciento han sido resueltas en su totalidad.