Pierluisi promueve legislación para facilitar refinanciamiento de deuda pública de Puerto Rico  

Washington.- El comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, presentará este jueves un proyecto de ley para que el Tesoro de EEUU garantice el refinanciamento de la deuda pública a una tasa de interés más baja, una vez que la agencia federal determine que el gobierno de la isla ha mejorado el manejo de las finanzas públicas.

Pierluisi presentará la medida en vísperas de que legisladores puertorriqueños del Congreso y activistas de la diáspora de todo EEUU se reúnan en Florida la próxima semana para elaborar “una agenda nacional puertorriqueña” para responder a asuntos como la deuda de cerca de $73,000 millones y la emergente crisis de salud en la isla.

Pierluisi, que no tiene voto, ya había presentado ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley HR 870 para que Puerto Rico pudiese reestructurar su deuda a través del Capítulo 9 de la ley de bancarrotas de EEUU, pero ni ése ni otro similar presentado en el Senado han sido sometidos a voto.

Ayuda con condiciones

Pierluisi explicó en un comunicado que la “Ley de Mejoras Financieras y Garantías de Bonos de Puerto Rico de 2015” permite que el Tesoro garantice el repago del 100% del principal y el interés de futuras emisiones de bonos de entidades públicas en la isla, pero sólo si determina—y le informa al Congreso—“que se han efectuado mejoras significativas en el manejo de las finanzas públicas”.

La legislación precisa que cualquier bono de Puerto Rico garantizado por el Departamento del Tesoro se utilice exclusivamente para atender las necesidades de financiamiento a corto plazo, como las notas en anticipación de contribuciones e ingresos (TRANS, por sus siglas en inglés), para inversiones de capital que promuevan el crecimiento económico a largo plazo -no para gastos operacionales- o para refinanciar deuda existente a un interés más bajo.

La idea es que Puerto Rico pueda recuperar el acceso a los mercados de capital a términos razonables, mientras se atienden las preocupaciones legítimas sobre la necesidad de que el gobierno de la isla logre un manejo adecuado de sus finanzas.

Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha respaldado este tipo de alternativas, pero Pierluisi considera que, ante la grave amenaza de la insolvencia y una mayor crisis fiscal en la isla, aumentan las posibilidades de que la Administración Obama termine respaldando esta legislación.

Si bien reconoció que el gobierno de Alejandro García Padilla tiene parte de responsabilidad por la crisis de la deuda, Pierluisi insistió en que la responsabilidad “también descansa sobre los hombros del gobierno federal, que trata a Puerto Rico de forma profundamente desigual bajo programas de asistencia y créditos tributarios federales”.

Pierluisi destacó que su legislación para que las corporaciones públicas puedan ajustar sus deudas bajo el Capítulo 9 no requeriría que el gobierno de Washington “gaste un sólo dólar”.

Bajo la lupa del Tesoro

Entre otros elementos, la legislación pide que el Tesoro examine las prácticas actuales de manejo fiscal del gobierno de Puerto Rico; identifique brechas o deficiencias en las mismas, y que haga recomendaciones específicas diseñadas para ayudar al gobierno de Puerto Rico a tomar medidas correctivas.

Ejemplos de áreas sujetas a una evaluación incluyen los esfuerzos de Puerto Rico para mejorar su estabilidad fiscal y su eficiencia operacional; la reducción de los déficits y la deuda; mayor precisión de sus ingresos y gastos;  captación de impuestos adeudados; mejor gestión de los fondos de subsidios federales; fortalecimiento de los sistemas de contabilidad e informes financieros;  aumento del uso de la tecnología de información, y la expansión y operación de negocios.

La legislación también autorizaría a la Reserva Federal, el banco central de EEUU, a adquirir directamente bonos de corto plazo emitidos por las entidades del gobierno de Puerto Rico, algo que hasta ahora  no está contemplado en la sección 14 de la ley actual

En el comunicado, Pierluisi comparó su medida a otra aprobada en 1975, conocida en inglés como la “New York City Seasonal Financing Act of 1975”, que estableció un fondo de $2,300 millones para proveer préstamos a corto plazo a la ciudad de Nueva York, la cual se enfrentaba a una grave crisis fiscal.