O’Malley y padres de víctima de masacre de Colorado exigen más control de armas
El asunto figura entre temas dominantes de contienda electoral
Washington.- Lonnie y Sandy Phillips perdieron a su hija en la masacre de Colorado en 2012 y, convencidos de que los vendedores de armas tienen sangre en sus manos, apoyan el llamado del precandidato presidencial demócrata, Martin O´Malley, para restringir el acceso a las armas y regular su venta en internet.
La hija de los Phillips, Jessica “Jessi” Ghawi, fue una de doce víctimas de la masacre en una sala de cine en Aurora (Colorado) en julio de 2012, y la pareja presentó sin éxito una demanda contra Lucky Gunner, la tienda en internet que vendió municiones al asesino, James Holmes.
El control de armas figura de forma prominente en la contienda electoral, y los demócratas promueven planes para restringir más su venta, mientras los republicanos defienden la tenencia de las armas.
O´Malley invitó a los Phillips al primer debate presidencial demócrata el martes pasado en Las Vegas (Nevada), en el que denunció la inmunidad de la que goza la industria de las armas, y pidió leyes más estrictas.
O´Malley, que como gobernador de Maryland promulgó leyes para el control y seguridad de las armas, lamentó que el caso de los Phillips demuestra cómo la Asociación Nacional del Rifle (NRA), defensora de la tenencia de las armas, “se sale con la suya en nuestro Congreso”.
Protección para vendedores de armas
En cuestión de segundos desde su computadora, Holmes compró 4,000 balas sin presentar cédula de identidad ni someterse a revisión de antecedentes penales.
Representados de forma gratuita por una firma legal y el Centro Brady para Prevenir la Violencia de las Armas, Lonnie y Sandy confiaron en que ganarían el caso pero éste fue desechado debido a una ley federal que da a los concesionarios de armas inmunidad legal por actos de violencia cometidos con armas.
El “Acta de Protección al Comercio Legal de Armas” (PLCAA, en inglés) de 2005 escuda a los fabricantes y vendedores de armas y municiones de demandas civiles si sus productos se usan en actos criminales.
Ahora, los Phillips, que viven en San Antonio (Texas) con pocos ahorros, están a punto de declararse en bancarrota porque, gracias a una ley estatal de Colorado, tienen que pagar unos $203,000 por los gastos legales incurridos por Lucky Gunner.
La ley de Colorado “HB000-208” exige que el demandante cuyo caso contra vendedores de armas y municiones sea desechado pague los costos legales del acusado.
Asunto de seguridad pública
En entrevista telefónica con este diario, los Phillips explicaron que apoyan los esfuerzos de O´Malley porque es “indignante” tener que pagar los costos legales del negocio que vendió las seis balas de calibre militar que mataron a su hija.
“Que el asesino haya podido comprar tantas balas con el clic del ratón (de su computadora) sin ninguna traba debería preocupar a todos los estadounidenses, porque otros podrían estar haciendo lo mismo”, dijo Sandy.
“Demandamos porque esto es un asunto de seguridad pública y queremos que cambien las prácticas de estos negocios… si otras empresas asumen responsabilidad por la seguridad de sus productos, ¿Por qué no se puede exigir lo mismo a los vendedores de armas?”, argumentó.
Por su parte, Lonnie se quejó de que las leyes encima “castiguen a quienes se atrevan a demandar a una compañía de armas”.
“Para proteger nuestra propiedad en Texas, tenemos que declararnos en bancarrota o ir a la cárcel, y hemos optado por la bancarrota. Esperamos que esa ley federal se anule, porque creemos que es inconstitucional y atropella nuestros derechos civiles”, dijo Lonnie.
En su página web, Lucky Gunner condenó los “propósitos políticos” de la “frívola” demanda y prometió donar “el 100%” del reembolso a grupos defensores de la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a la tenencia de armas en EEUU.
Mientras, los Phillips no se cansan de relatar la trágica pérdida de su hija Jessica, una de las 33,600 personas que mueren cada año en EEUU por la violencia de las armas, para despertar conciencia sobre la urgencia de reformar las leyes.
La pareja de jubilados ha establecido la organización sin fines de lucro “Jessi´s Message” y, en memoria de su hija, recorre el país pidiendo ayuda para reducir la violencia de las armas y apoyar a las víctimas.
