Tribunal Supremo tendrá en sus manos volátil caso sobre autoridad ejecutiva
Expertos confían en que el Tribunal Supremo dejará con vida los alivios migratorios
Washington.- Si el Tribunal Supremo acepta estudiar el litigio sobre los alivios migratorios, tendría ante sí una oportunidad de oro para establecer de una vez la legalidad de esos programas y, sobre todo, reafirmar la autoridad ejecutiva que tiene todo presidente de EEUU sin importar ideología, según expertos.
El Quinto Circuito de apelaciones en Nueva Orleans (Louisiana) asestó un revés a la Administración Obama con su fallo 2-1 del lunes pasado para frenar los alivios migratorios anunciados en noviembre de 2014.
Para destrabar los alivios migratorios para hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados, el Departamento de Justicia prevé apelar el fallo ante el Tribunal Supremo, que tiene la última palabra en toda clase de asuntos sociales y políticos en la vida nacional.
El caso llegará ante los 9 magistrados vitalicios del Tribunal Supremo por una demanda que entablaron 26 estados en diciembre pasado contra la extensión del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y uno similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido por la sigla en inglés “DAPA”.
Los 26 estados, liderados por Texas, encontraron un tribunal favorable en ese estado para argumentar que el presidente Barack Obama se excedió en su autoridad ejecutiva para moldear la política migratoria con medidas unilaterales.
Esas medidas, argumentaron, suponen un alto costo para los estados que deben ofrecer servicios a los indocumentados, como licencias de conducir o subsidios de desempleo, o modificar sus leyes para evitar esos gastos.
Fechas clave
Al coincidir con activistas pro-inmigrantes en que el tiempo apremia, Josh Blackman, profesor de leyes del South Texas College of Law, dijo en un blog que el Departamento de Justicia debe darse prisa para que el caso entre en el calendario del Tribunal Supremo, cuya sesión actual es la última plena bajo la presidencia de Obama.
Blackman calcula que la Administración Obama tendría hasta alrededor del 20 de noviembre próximo para apelar ante el Tribunal Supremo, y los demandantes tendrían 30 días para responder, o hasta el próximo 22 de diciembre.
Si el Tribunal Supremo acepta el caso, lo pondría en el calendario de audiencias en enero próximo y podría escuchar los argumentos orales a finales de abril o comienzos de mayo. Si el caso queda para la siguiente sesión de la corte, éste tendría que esperar hasta al menos octubre de 2016.
Posibles escenarios
Si el Tribunal Supremo decide escuchar el caso “Texas v. United States” en esta sesión, tendría varias opciones para cuando emita su fallo en junio de 2016: reafirmar el dictamen del tribunal de Nueva Orleans, o desechar la demanda de los 26 estados, dando luz verde a la implementación de los alivios migratorios.
Si el Tribunal Supremo rechaza escuchar el caso, se mantendría en pie el fallo del tribunal de Nueva Orleans hasta que la demanda se resuelva mediante un proceso judicial que, previsiblemente, concluiría en 2017.
Autoridad Ejecutiva
En entrevista teléfonica con este diario, el abogado y experto en Inmigración, David Leopold, señaló que solo el gobierno federal tiene poderes exclusivos para el cumplimiento de las leyes migratorias y el Tribunal Supremo debe reafirmarlos.
“Este caso ni siquiera debería estar en los tribunales, y no lo digo porque sea mi opinión como abogado o sea una activista. Nueve jueces federales que han trabajado en este caso o casos similares también lo han dicho”, señaló Leopold, quien se quejó de la politización de los alivios migratorios.
El meollo de este caso, explicó, es “la autoridad del presidente a ser presidente, tomar decisiones políticas, tomar decisiones discrecionales”, pero esa autoridad está siendo impugnada por “un puñado de políticos republicanos a los que no les agrada la decisión política” de Obama.
El caso, además, afecta la separación de poderes, consagrada en la Constitución.
Precedentes legales
No sería la primera vez que el Tribunal Supremo interviene en el campo minado de la inmigración durante la presidencia de Obama.
En 2010, el Tribunal Supremo estudió el caso “Arizona vs. US”, que giró en torno a la polémica ley estatal “SB70” de 2010, que criminalizaba la presencia ilegal en el estado.
En su fallo de junio de 2012, la máxima corte del país dejó en claro que la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración recae únicamente en el gobierno federal, aunque dejó en pie parte de la “SB1070” que permite a la policía indagar el estatus migratorio.
En el fallo del lunes pasado, la jueza Carolyn King, desde la minoría, indicó que, por tener un cariz político, el caso debería resolverse en un proceso político y no en las cortes.
“Tengo una convicción firme y definida de que se ha cometido un error”, dijo King.
El abogado Leopold opinó lo mismo y vaticinó que, al final, el Tribunal Supremo “emitirá un fallo de 9-0, o de 8-1” para desechar el caso y proseguir con los alivios migratorios.
