A demostrar liderazgo en inmigración

Este viernes es el primer aniversario de la medida ejecutiva del presidente Barack Obama con respecto a inmigración, que ofrece esperanza protección contra la amenaza constante de deportación a casi cinco millones de familias inmigrantes. Pero sus esperanzas se han visto truncadas por objeciones legales con motivación política que han aplazado los decretos.

El anuncio del Presidente, que se produjo tras años de disfunción e ineptitud a nivel del Congreso, expandió la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA) y creó un nuevo programa, Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (Deferred Action for Parental Accountability o DAPA), para los padres indocumentados con hijos que son residentes permanentes legales y ciudadanos.

Si bien los decretos no llegan a ser la reforma integral de inmigración ni la vía para la ciudadanía que muchos inmigrantes esperaban, representaron un cambio significativo de política que permitiría que millones de inmigrantes finalmente salgan de la clandestinidad.

Poco después del anuncio del Presidente, varios gobernadores y fiscales generales conservadores entablaron una demanda en un distrito judicial de Texas para impedir que los decretos ejecutivos entren en vigor. Desde entonces, el destino de DAPA y DACA, y la vida de millones de inmigrantes y sus familias han quedado en un limbo. Apenas la semana pasada, un tribunal federal de apelación confirmó una orden judicial preliminar que impide la implementación de los programas. En respuesta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha prometido apelar la decisión ante la Corte Suprema.

Si bien la lucha por la reforma de inmigración ha recibido mucha atención a nivel federal –y con toda razón– se ha prestado mucho menos atención a los esfuerzos por crear comunidades que acogen e incluyen a los inmigrantes a nivel estatal y local. El gobierno federal tiene poder exclusivo para promulgar leyes de inmigración, pero los estados y las localidades tienen un poder considerable para aprobar medidas en otras esferas que pueden cambiar significativamente la vida de los inmigrantes y sus familias, y las oportunidades que tienen.

Extensos poderes

Los estados y las localidades, por medio de una doctrina legal conocida como autonomía local, tienen extensos poderes para aprobar legislación de gran alcance, con impacto en el bienestar público, siempre que no interfiera con los poderes que se reservan para el gobierno federal o estatal. Se trata del mismo poder que los estados de la región sur del país y otros lugares han utilizado para ir en pos de leyes antiinmigrantes en años recientes.

Sin embargo, otros estados y localidades, al enfrentar el hecho de que el Congreso es incapaz de solucionar los problemas del sistema de inmigración, han tratado activamente de lograr una serie de medidas de política que redefinen quiénes son parte de la comunidad y reconocen los importantes aportes de los inmigrantes. Estas van desde crear programas de identificación municipal hasta políticas que expanden las opciones de cobertura médica a personas no incluidas en la reforma de salud y políticas que limitan la colaboración entre agentes federales de inmigración y la policía local.

Es importante señalar que muchas de estas medidas de política benefician no solo a los inmigrantes sino también a otros grupos que enfrentan persistentes barreras que obstaculizan el acceso a una gran variedad de recursos, incluidas las personas de color, las personas sin hogar, las personas con antecedentes penales, las personas mayores y los jóvenes.

La necesidad de que los estados y las localidades procuren activamente estos tipos de política es más urgente que nunca. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, y tenemos a candidatos como Donald Trump, quienes se dedican peligrosamente a propagar el odio al mencionar, como una respuesta legítima y viable a la presencia de 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país, programas vergonzosos como el “Operativo Wetback”, un programa de deportación masiva instituido por Dwight Eisenhower en 1954 que sacó forzosamente a dos millones de inmigrantes mexicanos (incluidos estadounidenses de origen mexicano) de sus casas, con consecuencias mortales.

En respuesta a los ataques terroristas el fin de semana pasado en París, más de la mitad de los gobernadores de este país han prometido cerrar sus fronteras a los refugiados sirios que huyen de la guerra y persecución, a pesar del hecho de que carecen de la autoridad legal para hacerlo.

Las ciudades y los estados pueden y deben hacer más al aprovechar el poder que tienen para hacer reformas locales progresistas que promuevan comunidades que incluyen a todo tipo de personas y creen democracias más sólidas y representativas. El Center for Popular Democracy o CPD, una red nacional que colabora con organizaciones comunitarias que promueven un plan de gobierno que favorece a los inmigrantes, los trabajadores y la justicia racial, se dedica a ayudar a las ciudades y estados a hacer uso de este poder.

Esta semana, CPD publicó el recurso Building Identity: A Toolkit for Designing and Implementing a Successful Municipal ID Program, a fin de ayudar a defensores, funcionarios públicos y miembros de la comunidad a aprobar programas municipales de documentos de identidad en sus ciudades y condados. Nuestra labor hasta ahora solo ha alcanzado la punta del iceberg de lo que es posible; los estados y las ciudades pueden hacer mucho más.

Este viernes no solo debemos reflexionar sobre la promesa del decreto ejecutivo de Obama sino también instar a las ciudades y estados que promuevan reformas progresistas con un impacto significativo en los inmigrantes.

Shena Elrington es directora de derechos de inmigrantes y justicia racial en el Center for Popular Democracy.