Corte Suprema será el primer tribunal “realmente imparcial” para DAPA y DACA
Tras ganar en dos tribunales considerados conservadores, los demandantes que han impedido la implementación de los programas migratorios anunciados hace un año por Obama se enfrentan a un hueso más duro de roer: la Corte Suprema del país.
Hace un año, en Las Vegas, el Presidente Obama anunció las órdenes ejecutivas de inmigración para legalizar a indocumentados en forma temporal. Crédito: Ethan Miller | Getty
La intervención de la Corte Suprema de Justicia del país promete ofrecer la mejor oportunidad de que llegue a permitirse la implementación de los programas que legalizarían temporalmente a más de 5 millones de indocumentados en este país, dijeron expertos en ley migratoria.
Aunque el gobierno apeló hoy ante la Corte Suprema el caso de 25 estados del país contra la acción ejecutiva y los programas DAPA y DACA plus, el tribunal aún debe decidir si toma o no la consideración del mismo.
Si lo hace, y es lo que esperan los expertos legales, se considera que la Corte Suprema dará una audiencia “más justa” a los argumentos del gobierno y de las organizaciones que representan a los inmigrantes.
“Los estados demandantes inicialmente escogieron un juez muy favorable y presentaron el caso en su corte. Luego tuvieron un panel conservador en el Quinto Circuito, que es el más conservador de todos”, dijo Kevin Johnson, profesor de leyes y especialista en inmigración de UC Davis.
“La Corte Suprema es realmente el primer tribunal que probablemente haga una revisión imparcial del caso”, agregó el catedrático.
Hasta ahora, los dos tribunales que han tomado decisiones respecto a la demanda legal presentada por 25 estados del país, encabezados por Texas, son vistos como “más conservadores de lo normal”.
De hecho, cuando la presentación de la demanda original en Brownsville, Texas, dio paso a que el caso quedara en la corte del juez Andrew Hanen de esa jurisdicción, un columnista conservador del periódico Washington Times dijo que los demandantes “ya ganaron la primera ronda”.
Hanen era conocido como un juez conservador y bastante activista en temas migratorios. El año anterior, como señala un reporte de America’s Voice, el juez había lanzado una crítica severa al gobierno federal, asegurando que “no estaban aplicando las leyes de inmigración”.
En resumen, se señala, los demandantes buscaron que el caso fuera ventilado en esa parte del país, presentando la demanda allí precisamente, para mejorar las posibilidades de que los tribunales fallaran en contra del Presidente Obama y sus acciones sobre inmigración.
Esto, sin embargo, ya no se aplica con el tribunal supremo.
Sally Kinoshita, subdirectora del Centro de Regursos Legales de Inmigración en San Francisco, dijo que el hecho de que 2016 es un año electoral podría ayudar a ejercer presión para que la Corte tome el caso en su período actual y no lo deje para el siguiente.
“Una vez que vayamos a conferencia ante el tribunal, los jueces deben estar de acuerdo en tomar el caso”, dijo Kinoshita. “Allí es donde la parte política puede tener un efecto, saber que si retrasan la audiencia el asunto se politizará aún más acercándose a las elecciones”.
Kinoshita dijo que tiene muchas esperanzas de que la audiencia ante la corte sea positiva. “Hoy he estado muy feliz todo el día”, dijo.
El “timing” o calendario de la Corte
Si el tribunal supremo, al decidir su calendario, toma el caso, podría haber una resolución del mismo hacia junio, o antes.
Importantes casos legales, de cuya resolución dependen las vidas de millones de personas, han sido resueltos por el Tribunal Supremo en un calendario similar, dijo Mariaelena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.
“Lo vimos el año pasado cuando se consideró el caso que terminó con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo”, dijo Hincapié. “En este caso nosotros vamos a argumentar que las vidas de millones de personas dependen de la celeridad con la que se tome este caso”.
Los activistas y expertos legales en ley migratoria esperan que la Corte Suprema, el mismo tribunal que ha actuado decisivamente para legalizar el matrimonio gay y sostener la legalidad de la ley de reforma de salud, vea el caso en forma más imparcial.
De hecho, dijo Hincapié, dos jueces del Quinto Circuito que no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria del panel hace unas semanas, presentaron fuertes argumentos en contra que podrían ser tomados en cuenta por la Corte Suprema.
“Ellos indicaron que si se mantiene la decisión, esto significaría que los estados pueden demandar y rechazar muchas decisiones del gobierno federal”, dijo Hincapié, y las ramificaciones irían más allá de inmigración.
Los estados argumentaron, entre otras cosas, que implementar los programas serían costosos para sus estados, ya que tendrían que ofrecer servicios como licencias de conducir y otros a los beneficiarios.
