Reclaman justicia para latinos en Los Hamptons

Nueva York— Los suburbios The Hamptons, un cúmulo de opulentos enclaves en la península de South Fork, Long Island, son el paraíso veraniego de celebridades y millonarios. Pero allí hay otra realidad poco conocida, el caso de latinos que residen el área y que se sienten ignorados por las autoridades, a quienes reclaman justicia y freno a la discriminación.

La ciudad de East Hampton, considerada como la más exclusiva y selecta, también es hogar de una creciente clase trabajadora que se mudó atraída por la industria hospitalaria y de la construcción, nutrida por la demanda de casas ostentosas.

El ecuatoriano Manuel Pucha (29) dejó Nueva Jersey hace una década para establecer su compañía de construcción en East Hampton, logrando numerosos contratos en la edificación de casas valoradas en millones. Pero la bonanza provista por la glamurosa ciudad se empañó en septiembre de 2014, cuando el cadáver de su cuñada Gabriela Alejandra Armijos (21) fue encontrado colgando de un árbol en una zona boscosa detrás de Springs-Fireplace Road, cerca de su modesta vivienda.

El cuello de Armijos estaba atado con su propio suéter y pendía de una delgada rama. El cuerpo de la mujer, de unas 121 libras, descansaba sobre sus rodillas, según describió la familia.

A un año de la muerte, clasificada por la Policía local como un suicidio, la organización LatinoJustice PRLDEF, con base en Manhattan, está presionando por una investigación criminal, reclamando inconsistencias en la pesquisa inicial.

“Los detectives determinaron que se trató de un suicidio antes de que el médico forense emitiera un reporte. Es absurdo hacer tal afirmación sin evidencias contundentes”, sentenció Alexandra Ramón (29), hermana de Armijos. “No hubo una investigación seria. Tenían prisa por cerrar el caso”.

El abogado Foster Maer, de LatinoJustice PRLDEF, quien ha trabajado con la familia de Armijos desde el año pasado, expuso en una carta enviada al supervisor de la ciudad, Larry Cantwell, su preocupación en torno a cómo la uniformada manejó el caso.

“Los detectives de la Policía de East Hampton actuaron inmediatamente como si la muerte hubiera sido un suicidio, sin ni siquiera considerar la posibilidad de que podría haber sido el resultado de un acto criminal”, escribió Maer en la misiva fechada el 29 de septiembre pasado.

Manuel Pucha recordó que su cuñada desapareció el 27 de septiembre de 2014, y una brigada de parientes y amigos la buscaron por el sendero boscoso que frecuentaba para llegar a su empleo como estilista en Hair Salon Jazmin, entre Three Mile Harbor Road y Springs Fireplace Road cerca de Bistrian Sand Pits.

Al no encontrarla, llamaron a la Policía a la residencia que compartía con su hermana Alexandra, su cuñado Manuel y otros cuatro inquilinos.

“Los oficiales no quisieron ir a buscarla esa noche, dijeron que era peligroso”, comentó Pucha, quien describió el desolado lugar como un campamento de adictos y desamparados. “A la mañana siguiente nuestra brigada encontró su cadáver en el sitio en el que habíamos buscado un día antes”.

Cabos sueltos

Manuel dijo que en el lodazal notó las marcas del calzado de Gabriela al lado de otras huellas de un zapato deportivo de una talla más grande.

“Creemos que alguien estuvo con ella”, comentó mientras mostraba las fotografías de las impresiones en el barro. “La Policía pasó por alto varias pistas”.

El veterano policía en retiro, Dan Montgomery, de Professional Police & Public Safety Consulting en Arvada, Colorado, coincidió con el reclamo de Pucha acerca de que la Policía local dejó cabos sueltos en la investigación.

Montgomery, contratado por LatinoJustice PRLDEF para hacer un informe independiente, concluyó que se cometieron numerosas fallas en los procedimientos policiales, como no entrevistar al ex novio de Armijos -quien supuestamente la acosaba- y no delimitar adecuadamente la escena del crimen para fines de investigación.

“Hicieron caso omiso de la posibilidad de que el ex novio podría haber estado involucrado”, dijo Maer.

Alexandra contó que su hermana conoció a su ex novio por Facebook cuando aún residía en Ecuador, pero al reunirse con él en East Hampton “se decepcionó” y terminó la relación.

“Nunca quiso decir que le molestaba. Lamento mucho no haber insistido y averiguar más”, dijo Alexandra.

Armijos, quien tenía poco más de un mes de haber llegado a Long Island, pasó tres meses en un centro de detención en Arizona. La familia dijo que fue liberada luego de que su ex novio pagara $2,000.

“Este asunto debe ser indagado por investigadores de homicidios capacitados”, escribió Montgomery en su informe, adjunto a la carta de Maer enviada al supervisor Cantwell. “Ciertamente parece que se pudo hacer más en esta pesquisa”.

Sin embargo, Montgomery también dijo que no tenía la suficiente información para llegar a una conclusión sobre si la muerte de Armijos fue un suicidio o un homicidio.

“El cuerpo de mi hermana tenía marcas como si la hubieran sometido”, insistió Alexandra, quien mostró cartas que escribió Gabriela cuando estuvo en el centro de detención, en las que agradecía a Dios por la vida y por contar con una familia amorosa.

También llama la atención el incidente ocurrido el 24 de septiembre del año pasado, cuando Armijos estuvo desaparecida por varias horas, y más tarde regresó a casa con la ropa sucia contando que se había extraviado. Para entonces la Policía también fue notificada.

El informe forense no reveló signos de violación o trauma relacionado. Maer dijo que habló con el doctor Michael J. Caplan, de la Oficina del Médico Forense, y éste dijo que clasificó el deceso como un suicidio al carecer de más evidencias y pruebas policiales para corroborar otra causa de la muerte.

Policía niega investigación deficiente

El jefe de la policía de East Hampton, Michael D. Sarlo, dijo que el departamento “realizó una investigación exhaustiva y profesional en este trágico incidente”.

“Es lamentable que LatinoJustice PRLDEF no tenga todos nuestros registros, o acepte la enorme cantidad de información que compartimos con la familia en relación con nuestra investigación”, indicó Sarlo. “El consultor independiente que contrataron para revisar el caso indica claramente en su informe escrito que él no revisó los documentos oficiales de la Policía de East Hampton. Su informe se basó en un informe de LatinoJustice PRLDEF”.

Sarlo insistió en que numerosos factores de la investigación llevaron a que el caso se clasificara como un suicidio, “muchos de las cuales no estoy autorizado a revelar en este momento, pero se entregaron a la familia. No hicimos caso omiso de pruebas o personas relacionadas con la víctima”.

El jefe de la Policía dijo que este fue un caso trágico y es comprensible que la familia no esté de acuerdo con los resultados.

“Tuvimos un detective que habla español asignado a este caso, quien se aseguró de que todas las partes involucradas fueran entrevistadas adecuadamente, y también tomamos muchas medidas adicionales para garantizar que la familia fuera informada sobre el estado de la investigación”.

Aunque LatinoJustice PRLDEF reclama que un traductor habría ayudado a la familia a comprender la situación, Alexandra Ramón dijo que no solicitó el servicio de acceso al idioma porque su esposo habla inglés.

“La oficina del Fiscal de la ciudad y el Concejo de la ciudad ya han negado las peticiones de una investigación independiente”, aseguró Sarlo.

El supervisor Larry Cantwell no respondió de inmediato a varias solicitudes de comentarios.

La Policía de East Hampton opera con autonomía, pero el Departamento de Policía del condado de Suffolk (SCPD) tiene la autoridad para intervenir en ciertas investigaciones, como en homicidios. El protocolo indica que la Policía local debe notificar al SCPD cuando ocurre un crimen grave.

Desidia policial en casos de latinos

“En The Hamptons el interés de de la Policía depende del color de la piel de la víctima”, sentenció la mexicana Yadira Vázquez, una residente de Hampton Bays por 14 años. La empleada doméstica es miembro de Mujeres sin Fronteras, un grupo enfocado a los asuntos de las inmigrantes hispanas afiliado a Services for the Advancement of Women (SEPA Mujer).

Vázquez, madre y activista, dijo que las víctimas de crímenes violentos que no hablan inglés tienen menos probabilidad de justicia, en especial en casos de abuso doméstico.

“Los oficiales no comprenden que ya no vivimos en The Hamptons de hace 30 años, cuando no había latinos”, dijo. “Ahora somos parte de esta comunidad y merecemos ser tratados como a iguales”.

Vázquez contó que en 2007 reportó un incidente de abuso doméstico, pero su caso no prosperó porque supuestamente la Policía no integró un expediente completo. Más tarde, los registros del reporte habrían sido eliminados.

“No nos toman en serio”, se lamentó. “El brillo del oro en estas ciudades no deja ver lo que enfrentan las comunidades inmigrantes y maginadas”.

La mexicana Noemí Sánchez, también de Mujeres sin Fronteras, se mudó a East Hampton en 1995. “Para entonces, encontrar un rostro hispano por las calles de la ciudad era una grata sorpresa”, dijo. “En esa época se prohibía hablar español en nuestros empleos, aunque en la actualidad el discrimen aún es pan de cada día”.

Un caso notorio fue el del chileno Jorge Kusanovic, quien ganó una demanda contra la ciudad de East Hampton que reclamaba discrimen por edad, raza y nacionalidad. El hombre, quien trabajó para el Departamento de Parques por ocho años y llegó a un acuerdo por $81,000 en septiembre del año pasado, argumentó que le fueron negados asensos laborales por su origen racial y que la ciudad privilegió a los jóvenes blancos pese a no tener la experiencia o las habilidades requeridas.

Sánchez dijo que en los últimos años aminoró el clima anti-inmigrante y de discrimen en las ciudades de visitantes selectos, pero la relación con la Policía sigue siendo un tema que ocupa a las organizaciones de base.

“Hay una gran brecha del discurso a la realidad. Contratar más policías hispanos que hablen el idioma no es la solución, cuando estos oficiales son insensibles a nuestros problemas”, indicó Noemí.

SEPA Mujer es una de las organizaciones latinas que han colaborado con el ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, para limar asperezas entre las comunidades inmigrantes y la policía.

Marta Maffei, directora de SEPA Mujer, comentó que las policías locales se resisten a implementar los acuerdos y programas que buscan reforzar el vínculo con los residentes de minorías.

“La comunidad no percibe un esfuerzo real de erradicar las prácticas anti-inmigrantes en la policía y otras agencias del orden y de justicia”, sentenció. “Lo que se ha decretado en papel no se lleva a la práctica”.

Maffei dijo que la disidía de la policía radica en la condición de aislamiento de los inmigrantes, como en el caso de Gabriela Alejandra Armijos, quien sólo contaba con un puñado de familiares.

Juan Cartagena, presidente de LatinoJustice PRLDEF, dijo que el caso de Armijos envía un mensaje de impunidad que quiebra la confianza de la comunidad de Long Island en su policía.

“La impartición de la justicia es desigual. No hay un progreso real en ese sentido”, dijo.

Joselo Lucero, hermano de Marcelo Lucero, víctima de un crimen de odio en 2008 que obligó a las instituciones de Long Island a plantear soluciones realistas para erradicar el clima anti-inmigrante en la zona, coincidió en que las policías locales operan con apatía en cuanto a casos criminales en los que las víctimas pertenecen a minorías.

“La muerte de mi hermano fue un parte guas, pero todavía hay asuntos pendientes en la agenda hispana”.

Los activistas reconocieron el esfuerzo de Bellone para integrar a las comunidades inmigrantes, como su orden ejecutiva de acceso al idioma de 2013, y admitieron que erradicar el clima anti-inmigrante no es un asunto que pueda remediarse en una administración.

La oficina de prensa de Bellone recordó que el ejecutivo del condado trabaja en su compromiso de mejorar la relación de la comunidad con la policía y mantiene constante dialogo con organizaciones de base para llegar a los residentes más vulnerables.

Casos en el limbo y abuso policial

LatinoJustice PRLDEF también está presionando para que se investigue la muerte del jornalero José Sánchez, cuyo cadáver fue encontrado en octubre de 2010 en William Floyd Parkway. El cuerpo no presentaba signos de violencia; al principio la Policía creyó que se trataba de una muerte natural, pero más tarde la Oficina Forense determinó que Sánchez murió por una hemorragia interna. El caso fue entonces clasificado como homicidio, pero hasta ahora el SCPD no ha realizado arrestos.

La justicia tardía en el caso de Sánchez se suma al escándalo del exsargento Scott Greene, acusado de detener y robar sistemáticamente a conductores hispanos. La Fiscalía del Distrito de Suffolk reveló que entre julio de 2010 y enero de 2014, el exoficial detuvo a 21 hombres latinos por infracciones de tránsito.

Los Hamptons con rostro hispano

Según la oficina del Censo, la mayoría de los 3,587 nuevos residentes de East Hampton se identificaron como latinos. En 1990 sólo 812 personas dijeron ser hispanos, pero la cifra se incrementó a 2,914 en la última década.

El aumento hace que los latinos sean el grupo étnico de más rápido crecimiento en la ciudad. Los hispanos representan actualmente el 14.8% de la población total de East Hampton.

Lo mismo ocurre en Southampton Village, con una población de 3.965 personas, de las cuales 359 son latinos.

De acuerdo con la oficina del Censo, En Hampton Bays la población latina creció en 154% en la última década, pasando de 1,528 en 2,000 a 3,.897 en 2010. La edad promedio es de 18 años.