Más de 200 congresistas apoyan apelación sobre alivios migratorios
Legisladores, ciudades y condados en todo el país presentan documentos de apoyo a la máxima corte
Crédito: Archivo | La Opinión
WASHINGTON.- A la espera de que el Tribunal Supremo decida el mes próximo intervenir a favor de los inmigrantes indocumentados, más de 200 líderes demócratas del Congreso, y un creciente número de ciudades y condados en todo el país han presentado documentos de apoyo a los alivios migratorios.
En total, 34 líderes del Senado -incluyendo al precandidato presidencial, Bernie Sanders– y 184 de la Cámara de Representantes, presentaron ayer un documento, conocido en términos legales como un “amicus brief”, o “amigo de la corte”, respaldando la apelación de la Administración Obama para rescatar a los alivios migratorios del limbo legal en que se encuentran.
En el documento, los legisladores recordaron que el propio Congreso ha dado al Ejecutivo la autoridad “discrecional” para determinar cómo aplica las leyes y, por lo tanto, el Tribunal Supremo debe respaldarla.
Las oficinas del senador Bob Menéndez, de Nueva Jersey, y Zoe Lofgren, de California, explicaron que el documento delineó la legalidad y el imperativo de que el gobierno ponga en marcha la ampliación del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y otro programa similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido como “DAPA”.
Ambos programas darían cobijo a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados que, con un estatus legal temporal, estarían protegidos de la deportación y obtendrían permisos de trabajo.
Coalición de ciudades también envían documento
En paralelo, 84 ciudades y condados también presentaron un documento similar ante la máxima corte, según informó el grupo “Ciudades Unidas para la Acción Migratoria”.
Estas ciudades y condados representan a 28 estados y más de 47 millones de personas en todo el país –incluyendo a cerca de 13 millones de inmigrantes- que, según el grupo, manifiestan un “apoyo robusto” a las acciones ejecutivas de Obama.
El esfuerzo fue liderado por los alcaldes de de Nueva York, Bill de Blasio; de Los Ángeles (California), Eric Garcetti, y de Atlanta (Georgia), Kasim Reed.
De Blasio afirmó que “las ciudades están unidas” y continuarán su lucha por una reforma migratoria “en los tribunales, en el Congreso, y en nuestras comunidades”.
Por su parte, Garcetti advirtió de que las divisiones políticas no deberían impedir “hacer lo correcto por las familias que simplemente quieren mantenerse unidas”, mientras que el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, reiteró el compromiso de su ciudad con “sus valores” y con los alivios migratorios
La lista de ciudades y condados que suscribieron el documento legal incluye a la capital de EEUU, Washington, D.C., San Francisco, Long Beach, San Jose, Boston, Austin, Houston, Seattle, Salt Lake City, y Denver, entre otras con grandes poblaciones de inmigrantes.
La coalición de ciudades destacó en su documento que los alivios migratorios protegerán la integridad de millones de familias, promoverán la seguridad pública, y apoyarán las economías de ciudades y condados en todo el país.
Alivios migratorios, en compás de espera
El caso “United States vs. Texas, et al.” llegó a las puertas del Tribunal Supremo después de que el Quinto Circuito de apelaciones en Nueva Orleans (Louisiana) falló a favor de 26 estados demandantes que quieren frenar de forma permanente los alivios migratorios, argumentando que la Administración Obama se excedió en sus poderes ejecutivos.
Encabezados por Texas, los 26 estados demandantes –la mayoría bajo control republicano- ya habían logrado una importante victoria cuando un juez federal en Brownsville (Texas), Andrew Hanen, frenó la puesta en marcha de los alivios migratorios en febrero pasado mientras estudia su legalidad.
En el marco de varias acciones ejecutivas, el presidente Barack Obama anunció los alivios migratorios en noviembre de 2014 ante la falta de avance de la reforma migratoria en el Congreso, pero los republicanos y grupos conservadores afines insisten en que son medidas unilaterales que violan la Constitución.
La Casa Blanca replica que Obama ha actuado dentro del marco legal y las autoridades de Inmigración puede recurrir a la “discreción procesal” para la aplicación de las leyes, además de que confía en que, al final, el Tribunal Supremo le dará la razón.
Los estados demandantes tienen de plazo hasta la próxima semana para responder a la solicitud de apelación del Departamento de Justicia, después de que el Tribunal Supremo les negara una extensión de 30 días.
Como suele suceder en estos casos, también grupos opuestos a los alivios migratorios prevén presentar sus documentos de apoyo a los demandantes.
