Fondos especulativos deben rendir cuentas por la crisis en Puerto Rico

Más de 30,000 trabajadores públicos están desempleados. El precio de todo, desde servicios públicos hasta la matrícula universitaria, ha aumentado vertiginosamente. Se han cerrado escuelas. Se han recortado los beneficios de salud pública y pensiones. Y los impuestos de las familias trabajadoras han subido.

Esta es la realidad actual en Puerto Rico. Y a eso se añade que el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ha declarado que no es posible pagar la deuda de $72,000 millones del estado libre asociado. Todo esto en conjunto ha llevado a la crisis a una isla dinámica donde viven 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses.

Las actuales leyes federales impiden que Puerto Rico se declare en bancarrota, y los republicanos en el Congreso han bloqueado todo intento por cambiar eso. El Congreso debe actuar ahora mismo para cambiar eso; si no, el poder ejecutivo y la Reserva Federal deben intervenir. Además, cualquier resolución realista de esta crisis debe proteger a las familias puertorriqueñas y la economía local de mayor sufrimiento, a la vez que reestructura la deuda y brinda ayuda, inversión inmediata por el gobierno federal y reformas, una estrategia económica a largo plazo que crea empleos con salarios con los que se puede subsistir, mejora la infraestructura y aumenta las oportunidades para los trabajadores de Puerto Rico.

Asimismo, debemos tomar medidas para hacer que rindan cuentas los fondos especulativos (hedge funds), que son dueños de aproximadamente un tercio de la deuda de Puerto Rico, la que compraron originalmente por centavos, con la esperanza de una gran bonanza cuando el Congreso se rehusara a tomar medidas al respecto.

Durante toda esta crisis, fondos especulativos como Aurelius Capital Management, Brigade Capital Management y Monarch Alternative Capital se han propuesto lograr enormes utilidades a costa de una comunidad al borde del abismo. Han promovido enérgicamente en Washington más medidas de austeridad. Si bien esto realmente no es de sorprender, —se sabe que estos “fondos buitre” usan mano fuerte en sus tácticas legales y de negociación para lucrar al máximo de compañías en peligro y economías abrumadas por deudas— es hora de que estas tácticas se pongan en evidencia.

A comienzos del mes pasado, la Congresista Velázquez propuso la Hedge Fund Sunshine Act, que requeriría que los fondos de riesgo y otros inversionistas informen sobre inversiones con participación de por lo menos 1 por ciento en acciones o bonos corporativos y municipales. Esta medida legislativa es un paso importante hacia aumentar la transparencia de protagonistas huidizos, a quienes se ha permitido hasta ahora obrar casi completamente en el anonimato.

En noviembre, miembros de la junta de fideicomisarios del Sistema de Jubilación de Empleados de la Ciudad de Nueva York (New York City Employees’ Retirement System o NYCERS), el sistema municipal de pensiones más grande del país, instó a los administradores de fondos de especulación a que negocien un plan de repago “justo y equitativo” para Puerto Rico.

Quizá se pregunten por qué los jubilados de Nueva York se preocupan por lo que sucede en Puerto Rico. El motivo es el siguiente.

Pensiones

En el transcurso de los años, los administradores de pensiones públicas en todo el país han invertido en fondos de especulación debido a la promesa por parte de Wall Street de que pueden eliminar la brecha entre el dinero que los fondos prometen y el que en efecto tienen disponible, asegurando así que se pague a los jubilados del futuro aquello a lo que tienen derecho y se les debe. Los fondos de especulación a su vez usan estas inversiones para atacar a economías en dificultades como Puerto Rico, mientras se embolsan utilidades obscenas.

A fin de cuentas, no llegan a eliminar las carencias en los fondos de pensiones. La Federación de Maestros de Estados Unidos (American Federation of Teachers) recientemente publicó un estudio que descubrió que los fondos de especulación son responsables por una pérdida de ingresos de aproximadamente $8,000 millones en 11 grandes fondos públicos de pensión, mientras que los administradores de dichos fondos cobraron $7,100 millones en honorarios. Y esto hace que los jubilados, junto con los 3.5 millones de ciudadanos de Puerto Rico, asuman las pérdidas.

Afortunadamente, algunos de estos administradores de pensiones públicas han decidido manifestarse firmemente al respecto. En cartas a administradores de 16 fondos de especulación, los fideicomisarios de NYCERS, quienes velan por fondos de pensiones públicas de $53,000 millones y representan a muchos miembros, jubilados y beneficiarios puertorriqueños, expresaron preocupación por los esfuerzos para llevar la economía de Puerto Rico a situación de crisis a fin de beneficiar incluso más a los administradores de fondos de especulación.

“Crear mayor miseria económica en la población de la isla y amenazar las posibilidades de crecimiento económico y revitalización en el estado libre asociado es una mala apuesta a largo plazo”, dice la carta.

Lo que sucede en Puerto Rico tiene un impacto en todos nosotros, no solo en aquellos que tenemos el orgullo de ser parte de su historia y cultura. Es hora de que estos administradores de fondos de especulación dejen de jugar con el futuro de la isla. Es necesario que más administradores de fondos de pensiones públicas exijan que rindan cuentas. Y es necesario que el Congreso se asegure de que el pueblo puertorriqueño tenga oportunidades para salir adelante. (Versión en inglés se publicó en The Hill)

Weingarten es presidenta de la American Federation of Teachers. Velásquez representa al 7^mo distrito del Congreso en Nueva York .