El aislamiento aún es usado contra inmigrantes en detención civil

Mientras activistas elogian al gobierno del Presidente Obama por prohibir el uso de las celdas de aislamiento contra menores en el sistema penal, los inmigrantes, e incluso algunas madres con niños menores, continúan sufriendo la práctica en detención civil.

Miles de madres centroamericanas han abandonado sus países debido a la violencia y buscan asilo en EEUU.

Miles de madres centroamericanas han abandonado sus países debido a la violencia y buscan asilo en EEUU.  Crédito: Getty

Mientras activistas pro derechos humanos aplauden la directiva por la cual el gobierno estadounidense prohibió el uso de celdas de aislamiento para menores en cárceles federales, la práctica sigue siendo utilizada en centros de detención civil contra inmigrantes.

De hecho, el aislamiento ha sido presuntamente utilizado también en años recientes contra madres detenidas con sus hijos pequeños en los llamados “centros familiares” de detención, por faltas tales como “incitar a protestas” (protestar) y realizar huelgas de hambre, acusan activistas.

Tal práctica ha sido defendida como necesaria por abogados del gobierno, como puede leerse en un memorando presentado en un tribunal federal en San Antonio Texas el año pasado, en el que el gobierno federal asegura que es totalmente legal utilizar “cuartos de observación médica” para separar a mujeres con sus hijos del resto de la población, por participar en protestas y huelgas de hambre.

El año pasado, 78 madres centroamericanas detenidas en el centro residencial familiar de Karnes, en Texas, participaron en una huelga de hambre para protestar su detención, y activistas denunciaron que algunas habían sido castigadas con aislamiento.

El año pasado tres madres centroamericanas demandaron al centro de detención de Karnes, manejado por la compañía privada GEO Group y a la directora de ICE Sarah Saldaña, por presunta represalia tras participar en una huelga de hambre.

Por las mismas fechas, la Unión de Libertades Civiles del estado de Washington presentó una demanda legal contra la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) buscando impedir el uso de las celdas de aislamiento contra detenidos que realizan huelgas de hambre en protesta por las condiciones de detención y otras quejas.

ACLU-WA y Columbia Legal Services alegaron que las huelgas de hambre constituyen una protesta pacífica protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.

El aparente doble estándar es más llamativo cuando se tiene en cuenta que los inmigrantes detenidos por las autoridades federales migratorias son técnicamente “detenidos civiles” y no criminales.Es decir, son detenidos mientras piden asilo o en espera de su deportación, y no necesariamente por haber sido convictos de un delito.

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Wendy Young, de la organización Kids in Need of Defense, que proporciona defensores legales para menores que inmigran solos buscando asilo, indicó que “las protecciones constitucionales deberían aplicarse con más razón, cuando no son detenidos penales”.

“Definitivamente es una diferencia que no debía existir”, dijo.

El reporte publicado por el Departamento de Justicia compara la situación en los penales con la de los inmigrantes en centros de detención y elogia la aplicación que se realiza en estos. 

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