Autoridades  de Chicago deportan a madre con “DACA” y a sus dos hijos nacidos en EEUU

La denuncia del caso se vuelve viral en las redes

WASHINGTON.-  Lesly Sophia Cortez Martínez acababa de aterrizar de su natal México con dos de sus tres hijos cuando fue detenida en el aeropuerto de Chicago (Illinois) y deportada ayer pese a tener “DACA” y un permiso para viajar fuera del país. Ahora, por un error burocrático, Cortés Martínez posiblemente tenga que esperar una década para reunirse con su familia en EEUU.

Amamantando a una bebé de seis meses y con otro pequeño de la mano, Cortez Martínez fue detenida el lunes pasado en el aeropuerto de O´Hare porque agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) ignoraron el permiso de viaje que obtuvo de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), argumentado que ésta tuvo una orden de deportación en 2004.

Ahora, tanto su abogada como activistas de la comunidad inmigrante luchan para que las autoridades reviertan la decisión y le permitan regresar a su hogar en el norte de Indiana, a 45 minutos de Chicago, donde vive con su esposo y sus tres hijos, todos nacidos en EEUU.

Mientras, la campaña “Not1More” ha recabado más de 2,360 firmas desde que el caso de Cortez Martínez salió a la luz pública, aunque no logró frenar su deportación.

En entrevista telefónica con este diario, su abogada, Mony Ruiz-Velasco lamentó que no pudo impedir  la deportación de Cortez Martínez y sus dos pequeños, y explicó que ésta fue producto de un error del gobierno federal, pero ese error tiene la grave consecuencia de una larga separación de su familia.

“Este caso tuvo un mal manejo por parte de las autoridades, y ahora estamos haciendo todo lo posible por ayudarla. Estamos tomando acciones legales, contactando a funcionarios de la Administración, a grupos pro-inmigrantes y a legisladores, presentado los hechos y viendo la manera de que Lesly pueda regresar con su familia”, dijo Ruiz-Velasco.

Cortez Martínez vive en EEUU desde los 15 años de edad y, a menos que el Congreso apruebe una ley especial para su caso, las leyes federales le impiden regresar a este país por al menos una década.

Su esposo, también beneficiario de “DACA”, cuida ahora del hijo mayor de la pareja, de 11 años, es el único sustento de la familia, y no puede viajar fuera del país.

Según la abogada, su cliente viajó a 2004 por la muerte de un familiar, y regresó ilegalmente sin nunca enterarse de que hubiese una orden de deportación en su contra.

Cortez Martínez, que ya había sido deportada la primera vez en 1999, ahora aguarda el desenlace del drama con sus familiares en la Ciudad de México.

La madre, de 32 años, recibió amparo bajo el programa de “acción diferida” de 2012 (DACA) y, siguiendo los reglamentos, pidió un permiso especial para viajar a México a visitar a un pariente enfermo.

El gobierno permite a los “DACAmentados” como Cortez Martínez viajar fuera del país, con un permiso humanitario conocido en inglés como “advance parole”,  bajo ciertas circunstancias relacionadas con motivos de educación, negocios o muerte en la familia.

USCIS le concedió el permiso pese a que en su propia página web explica que la agencia no puede emitirlos para personas que estén en proceso de “exclusión, deportación, expulsión o anulación” de un trámite.

“Acá se cometieron errores en varios niveles: la USCIS debería haber sabido que ella tenía esa orden de deportación y no le hubiese aprobado el permiso, y los agentes (del aeropuerto) debieron respetarlo. Al haber recibido ese permiso, ella pensó, con justa razón, que no había problemas”, enfatizó la abogada.

Para Ruiz-Velasco, este caso demuestra la “escasa rendición de cuentas” de las autoridades de Inmigración, porque “claramente las agencias violaron sus propios reglamentos“.

El caso suscitó la condena de grupos pro-inmigrantes en el área de Chicago, y la campaña “#Not1More” recabó más de 2,360 firmas para frenar su deportación.

Según los activistas el caso de Cortéz-Martínez no es el único, ya que existen denuncias del maltrato o acoso que reciben de los agentes de Inmigración los beneficiarios de “DACA” cuando regresan al país.

Los activistas piden en particular que el director local de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Ricardo Wong, intervenga en el caso.

“El caso de Lesly demuestra que estas agencias son rapidas para deportar y lentas para rendir cuentas”, se quejó Tania Unzueta, director de políticas de la campaña “Not1More”.

Arianna Salgado, del grupo “Comunidades Organizadas contra la Deportación” dijo que, como mínimo, Wong debería ser investigado, y la Administración Obama debería frenar las deportaciones “ya que las agencias están claramente fuera de control”.

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