Militares prófugos no se van a entregar
Grupo de 13 acusados desafía a las autoridades salvadoreñas
Juan Orlando Zepeda, hijo de un general salvadoreño requerido en España por la matanza de 6 padres jesuitas, en una rueda de prensa Crédito: EFE
San Salvador
Los militares salvadoreños prófugos desde la noche del viernes, requeridos en España por la matanza de 6 padres jesuitas, no se entregarán a las autoridades del país centroamericano, informó el abogado de 13 de los 17 involucrados.
La declaración surge en respuesta a la petición hecha por el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, quien el sábado exhortó a los militares a entregarse a la Justicia porque “es lo mejor para el país”.
“La respuesta a esa exhortación que hace el presidente de la República es no, ellos no se van a entregar”, sentenció el abogado Lisandro Quintanilla durante una conferencia de prensa en la que 7 familiares de los militares pidieron la liberación de los 4 capturados hasta ahora y el cese de la persecución de los otros.
La noche del pasado viernes, la Policía inició un operativo para capturar a los 16 militares retirados que viven en El Salvador y que fueron requeridos por el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco el pasado 5 de enero.
El número 17 de la lista es el exviceministro de Defensa Inocente Montano, que aguarda en Estados Unidos a ser extraditado a España, después de que una jueza de ese país avalara el proceso el pasado viernes.
De igual forma, Quintanilla pidió a la Corte Suprema de Justicia que niegue la extradición a España de los militares retirados y que “ponga en inmediata libertad a las 4 personas capturadas”.
“Hacemos la exhortación a la Corte Suprema de hacer lo que la Constitución, la leyes y el tratado de extradición de El Salvador con España le mandan”, dijo el defensor.
El letrado informó que presentarán un recurso de amparo ante el máximo tribunal constitucional para que los detenidos sean liberados.
“Como ya están capturadas cuatro personas vamos a presentar un habeas corpus efectivo ante la Sala de lo Constitucional”, detalló, sin especificar el plazo en el que interpondrán el recurso.
Antecedentes
Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.
En 1993, un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador acusó al Ejército de cometer crímenes de guerra como la masacre de los jesuitas y la ejecución de unos 1.000 campesinos, en 1981, en El Mozote, departamento de Morazán (noreste).
Ese mismo año se promulgó una ley de amnistía general que no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto armado.
