Scalia jamás fue “amigo” de los inmigrantes pero cerró filas con jueces “progresistas”

WASHINGTON.- A lo largo de sus tres décadas en el Tribunal Supremo, el fallecido juez conservador Antonin Scalia jamás fue “amigo” de los inmigrantes, pero cerró filas con los jueces “progresistas” al condenar los excesos del gobierno federal en ciertos casos de deportación, aseguraron expertos.

Scalia falleció repentinamente de un aparente ataque cardíaco el sábado pasado durante unas vacaciones en Texas, y su muerte ha desatado un agitado debate político sobre su posible reemplazo en el cargo vitalicio.

La oposición republicana y la mayoría de los precandidatos presidenciales republicanos, prefieren postergar el asunto hasta después de las elecciones de noviembre.

El presidente Barack Obama, con quien Scalia mantuvo fuertes divisiones en torno a la política migratoria, prevé acudir al Tribunal Supremo, donde yacerán los restos del controvertido juez el viernes próximo, la víspera de su sepelio.

En declaraciones a este diario, César García Hernández, profesor de Leyes de la Universidad de Denver, afirmó hoy que, al evaluar el historial de Scalia, sería un error encasillarlo por completo como un ideólogo inamovible porque, de la misma manera que satanizó a los inmigrantes también puso de lado su filosofía judicial para ceñirse “a la letra” de las leyes.

“Claro que su historial cunde con su mala voluntad hacia los inmigrantes, y con razón se le ha criticado por sus posturas duras contra ellos, pero también tenía un firme compromiso con una interpretación muy estricta del lenguaje de las leyes aprobadas por el Congreso”, explicó.

“El juez Scalia fue firme defensor de que los inmigrantes (legales) fuesen deportados sólo si ya habían recibido una condena criminal. No lo hacía por tener simpatía con los inmigrantes sino por la aplicación estricta de las leyes… irónicamente, respecto a la posible deportación por una condena criminal,  el juez con frecuencia se sumó al bando de los jueces progresistas en el Tribunal Supremo”, enfatizó García Hernández.

Scalia criticó en su momento que la Administración Obama no deportara a los “DREAMers” sino que les diera cobijo dentro del programa de “acción diferida” (DACA),  al describir lo que consideró como un patrón para no hacer cumplir las leyes de inmigración.

A favor de la “SB1070” de Arizona

Dentro del historial mixto de Scalia, las pocas veces que falló a favor de los inmigrantes legales quedarán opacadas por su mordaz defensa en 2012 de la controvertida ley “SB1070” de Arizona, que criminalizaba la presencia ilegal en el estado.

En junio de 2012, el Tribunal Supremo emitió un dictamen de 5-3 que anuló varias cláusulas de la ley por considerar que usurpaban la autoridad del gobierno federal en las tareas migratorias, pero dejó en pie una de las más nocivas.

En una furibunda respuesta, Scalia afirmó que el dictamen de la mayoría básicamente priva a los gobiernos estatales de su derecho “soberano” a deportar a “personas que no tienen derecho a estar allí”.

“Ni la Constitución misma ni ninguna ley aprobada por el Congreso aprueba este resultado”, manifestó entonces.

En concreto, el dictamen eliminó las cláusulas que criminalizaban la presencia ilegal en Arizona, la búsqueda de empleo o trabajar “sin papeles”, o que permitían a la policía arrestar a los inmigrantes sin permiso judicial por la sola sospecha de que habían cometido algún delito “deportable”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo mantuvo la cláusula que permite a la policía revisar el estatus legal de una persona cuando es detenida por otras infracciones.

La “doctrina” de Scalia

Es que el historial mixto de Scalia refleja, sobre todo, su “doctrina” a la hora de interpretar el sentido “original” de la Constitución y la aplicación de las leyes, según los expertos. Scalia era un férreo defensor de la Cuarta Enmienda que protege a las personas, su vivienda y sus  pertenencias de “cateos e incautaciones no razonables”, y de la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a un juicio con un jurado imparcial.

Andrea Sáenz, analista de la Facultad de Leyes Benjamin N. Cardozo, reconoció que el caso de la “SB1070” es una mancha en el legado de Scalia, pero recordó en un blog que el juez respaldó el derecho de los extranjeros con cargos criminales en al menos una decena de casos en la historia reciente.

La experta destacó el dictamen en el caso “Moncrieffe v. Holder” de 2013, en el que Scalia se sumó a la opinión de la mayoría, encabezada por la jueza Sonia Sotomayor, para rechazar que se clasificara como un “delito agravado” una infracción menor por posesión de marihuana.

En ese caso, los jueces describieron las dificultades que afrontan inmigrantes en vías de deportación y sin representación legal, y criticaron la respuesta exagerada del gobierno federal en casos de deportación por ciertos delitos de droga.

En el caso “Mellouli v. Lynch”, del año pasado, Scalia también apoyó el dictamen de la mayoría, escrito por la jueza Ruth Ginsburg, que sólo se pueden aplicar consecuencias migratorias a delitos de droga que impliquen sustancias controladas por el gobierno federal.

“No es que el legado de Scalia en temas de inmigración sea positivo… pero sí podemos decir que su legado mucho más complejo en el tema de inmigración que simplemente calificarlos como conservador o progresista. Como en muchos otros asuntos, Scalia tenía ciertos principios y no titubeaba en votar a favor del extranjero si eso no comprometía su visión estricta” de los estatutos, señaló Sáenz.