Medidas de Peña Nieto son insuficientes contra la violencia e impunidad en México, dice CIDH
Informe pinta un panorama alarmante sobre abusos de derechos humanos en México
WASHINGTON.- México atraviesa una alarmante crisis de derechos humanos, agravada por la violencia y la impunidad, y el caso de Ayotnizapa es un “ejemplo emblemático” de una crisis para la cual la respuesta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido “insuficiente”, según un informe divulgado este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El extenso informe de la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), detalla el clima de inseguridad ciudadana y critica que las Fuerzas Armadas tengan un mayor protagonismo en las tareas de seguridad pública y, en particular, el despliegue de operativos conjuntos entre los militares y las instituciones de seguridad estatales y municipales.
“Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos, en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”, indicó el documento.
La CIDH elogió las reformas en materia constitucional y legislativa desde 2011, y los nuevos protocolos para investigar casos de tortura y desapariciones forzadas, pero consideró que “la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias, y obstáculos en su implementación”.
En un comunicado difundido por la embajada de México en Washington, la cancillería rechazó el informe de la CIDH porque “no refleja la situación general del país” y afirmó que el gobierno ha atendido las solicitudes de información del organismo y mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos.
La justicia es una “simulación”
El informe subrayó que la realidad cotidiana que afrontan millones de mexicanos es desalentadora: hay dificultades en el acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas del gobierno, lo que sugiere una sensación de impotencia frente a la inseguridad actual.
La CIDH recabó testimonios de víctimas en el sentido de que “la procuración de justicia es una ‘simulación’”, destacó el informe, elaborado en base a la visita a México realizada en septiembre y octubre de 2015.
El cambio de gobierno en diciembre de 2012 no trajo cambios sustanciales ni en las políticas de seguridad ni en la reducción de la violencia, según la CIDH.
La violencia en cifras
El análisis ve con preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y de tortura, así como la situación de inseguridad que deja vulnerables a niñas, jóvenes y mujeres, a los migrantes, activistas de derechos humanos y a los periodistas, que también son víctimas de la violencia por cumplir su labor.
Apoyándose en cifras oficiales, el informe destacó que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, se registraron 102,696 homicidios en México, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas mencionó un total de 151, 233 hasta agosto de 2015.
Más de 94,000 asesinatos se han registrado tan solo desde el inicio de la actual administración en 2013, pero la tasa de homicidios es desde hace años superior a 10 por cada 100,000 habitantes, lo que corresponde a “niveles epidémicos de violencia”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Si bien ha habido una reducción en los homicidios desde 2013, ésta sigue siendo alta.
Además, para el pasado 30 de septiembre, las autoridades reportaron 26,798 personas “no localizadas” o desaparecidas en todo el país, una tendencia que se mantiene a la alza en algunas regiones.
La crisis actual en México, según la CIDH, es en parte producto de la impunidad que persiste en el país desde la llamada “Guerra Sucia”, y muchos casos de desaparición quedan sin denuncia por la falta de confianza en la labor de las autoridades o por el temor de los familiares a represalias.
Caso Ayotzinapa, entre muchos otros
El informe de 241 páginas dedica espacio a varios incidentes de violencia desde 2014, entre éstos la “tragedia” por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de ese año.
Ese caso, que dejó al descubierto las profundas carencias en las investigaciones, es además “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”, dijo la CIDH.
El organismo aplaudió que el Estado mexicano se abra al escrutinio internacional pero volvió a insistir en que también permita que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado para investigar el caso de Ayotzinapa, puedan “entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala”.
El informe también analiza homicidios y ejecuciones extrajudiciales, como los ocurridos en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; Apatzingán, estado de Michoacán, el 6 de enero de 2015; y Tanhuato, estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015, y la prevalencia de la práctica de la tortura.
En declaraciones hoy a este diario, el influyente senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy dijo que si bien el informe de la CIDH reconoce los pasos positivos del gobierno de Peña Nieto para corregir los problemas institucionales, también es una mordaz condena de su fracaso para resolver la impunidad en los abusos de derechos humanos, incluso los cometidos por agentes del Estado.
“Los horribles niveles de violencia e impunidad… afectan a todo ciudadano mexicano directa o indirectamente. Este informe reafirma lo que otros colegas y yo hemos pedido repetidamente: un esfuerzo más vigoroso del gobierno mexicano de investigar adecuadamente las desapariciones y exigir rendición de cuentas de sus fuerzas de seguridad”, enfatizó Leahy, demócrata de mayor rango en el Comité de Operaciones Exteriores del Senado.
El pasado 10 de febrero, Leahy también pidió que el gobierno de Peña Nieto denuncie públicamente la campaña de déscredito “que algunos han lanzado para deslegitimizar” la labor de la GIEI, algo señalado hoy en el informe de la CIDH porque, sin su apoyo contundente, “se puede perder todo el progreso logrado, y con éste la verdad y la restante credibilidad que tiene el gobierno mexicano en este asunto”.
