Jueces liberales solidarios con argumentos de bancarrota de Puerto Rico
Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Stephen Breyer y Ruth Bader Ginsburg aludieron a la anomalía de que el Congreso haya podido querer dejar a la Isla sin la posibilidad de tener su propia ley
WASHINGTON — En un caso que decidirán siete jueces, los cuatro “liberales” del Tribunal Supremo de EE.UU. parecieron solidarios con los argumentos del gobierno de Puerto Rico de que la exclusión del capítulo 9 de la ley federal de quiebras no impide que la Isla tenga su propio estatuto.
Con diferentes acentos, los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Stephen Breyer y Ruth Bader Ginsburg aludieron a la anomalía de que el Congreso haya podido querer dejar a la Isla sin la posibilidad de tener su propia ley.
“¿Por qué el Congreso no fue más categórico?”, cuestionó Sotomayor, a quien le parece extraño que en momentos en que una jurisdicción puede quedar sin dinero para financiar sus servicios básicos, no pueda tener una herramienta para evitar que “esta noche se apague la luz”.
La jueza Kagan fue más categórica y reveló que llegó a la sesión oral de hoy, bajo la idea de que el texto de la ley federal de quiebras evitaba al gobierno de Puerto Rico legislar sus propias normas, pero cambió de posición.
Durante la hora en que el abogado del gobierno de Puerto Rico, Christopher Landau, y el de las firmas de inversiones, Matthew McGill, argumentaron ante siete jueces del Tribunal Supremo de EE.UU., la discusión estuvo principalmente centrada en si el texto de la ley federal de quiebras, que expresamente excluye a la Isla del capítulo 9-, era un impedimento para Puerto Rico haber adoptado la ley criolla de quiebras.
Landau mantuvo que la exclusión categórica de Puerto Rico y Washington D.C. en la parte inicial de la ley, impide llegar a la conclusión hecha por el Primer Circuito de Apelaciones federales de que cuando prohíbe a los estados – en la sección 903 (1)-, reordenar las deudas de sus municipalidades, el mandato incluye a la isla.
“No se puede mirar ese apartado sin ponerlo en contexto”, indicó el abogado Landau, del bufete Kirkland & Ellis, contratado por el Departamento de Justicia.
McGill, quien es abogado de la firma de inversiones Blue Mountain, mantuvo que la prohibición a reordenar deudas municipales a nivel estatal, incluía a Puerto Rico, por estar la Isla y los demás territorios en la definición de estado que hace la ley.
Pero, “una vez se cierra la puerta (al capítulo 9), ese apartado no entra en juego”, expresó, sin embargo, la jueza Sotomayor.
McGill sostuvo que más de 20 estados han legislado para prohibir a sus municipalidades iniciar procedimientos de bancarrota.
Pero, la jueza Ginsburg le interrumpió para advertirle que se trata de decisiones del gobierno estatal. “A Puerto Rico no se le da esa opción”, sostuvo Ginsburg.
El debate de hoy incluyó la preocupación de que la ley puertorriqueña de quiebras pueda violentar acuerdos contractuales entre los acreedores del gobierno de Puerto Rico, pero el abogado Landau sostuvo que ese es un debate independiente a determinar si la isla tiene poder para legislar su propio código de bancarrotas.
La sesión oral se llevó a cabo ante siete jueces, debido a la inhibición del juez conservador Samuel Alito y la vacante que dejó la muerte del también conservador Anthonin Scalia.
De los conservadores, el único que hizo preguntas fue el juez presidente, John Roberts, quien cuestionó por qué sería “irracional” pensar que si Puerto Rico quiere un cambio en la ley federal de quiebras, debe ir a reclamarlo ante el Congreso.
Roberts también preguntó sobre el trasfondo de la legislación de 1984 que excluyó a Puerto Rico y a Washington D.C. del capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
