Sin licencias o certificados, expresidiarios afrontan barreras para ejercer ocupaciones

Aunque muchos estados han adoptado leyes para facilitar la contratación de expresidiarios, la mayoría afronta trabas para conseguir licencias y certificados ocupacionales, o empleos que les permitan llevar una vida libre de delitos.
Sin licencias  o certificados, expresidiarios afrontan barreras para ejercer ocupaciones
Foto: Archivo / Shutterstock

WASHINGTON.- Salen de la cárcel decididos a rehacer sus vidas, pero miles de estadounidenses arrastran un pasado criminal que en más de la mitad de EEUU les pone trabas para obtener licencias y ejercer algunas ocupaciones, según indicó este martes un informe del Proyecto Nacional de Leyes de Empleo (NELP, en inglés).

El grupo criticó severamente en un análisis la ineficacia de las leyes vigentes en 39 estados y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, para reducir las restricciones en la emisión de licencias ocupacionales para expresidiarios.

El estigma es tal que, pese a haber cumplido sus sentencias carcelarias, muchos afrontan problemas al solicitar una licencia para ejercer sus profesiones. Más de una cuarta parte de los trabajadores en EEUU requieren licencia estatal para ejercer sus ocupaciones, como es el caso de maestros y enfermeras.

Pero la lista de empleos que, en aras de la seguridad pública, requieren licencia incluye también puestos en ventas, gerencia, y construcción. Aunque no existen cifras exactas de a cuántos expresidiarios les es negada una licencia, los activistas de NELP aseguran que, en general, las personas con antecedentes penales tienen menos posibilidades de ser contratadas que personas sin ese pasado.

Según Michelle Natividad Rodríguez, abogada de NELP y co-autora del informe, el sistema requiere urgentes reformas, porque las minorías son las más afectadas por estas barreras. Se calcula que cerca de uno de cada tres adultos en EEUU –aproximadamente 70 millones de personas- tiene algún tipo de antecedente penal –haya pasado o no tiempo en prisión- por lo que estas restricciones estatales afectan tanto las comunidades como la economía nacional.

“Si se hace un esfuerzo serio para responder a las desigualdades raciales en el campo laboral, entonces se tienen que eliminar las indebidas barreras en las licencias ocupacionales”, dijo Rodríguez. En la actualidad, 23 estados y más de un centenar de ciudades y condados han adoptado políticas pensadas para eliminar barreras en la contratación de personas con antecedentes penales.

Sin embargo, lo que dice el papel es distinto a la realidad que afrontan, porque muchos estados excluyen a expresidiarios que solicitan licencias estatales para ejercer ciertos empleos y ocupaciones.

La Asociación de la Barra de Abogados de EEUU (ABA, en inglés) ha documentado en todo EEUU un total de 27,254 restricciones estatales en la emisión de licencias ocupacionales contra personas que tienen expedientes penales. De ese total de restricciones, 19,000 inhabilitan al expresidiario de forma permanente, y once mil son obligatorias.

Es decir, las agencias estatales no tienen más remedio que negar las licencias o certificados  a personas con expediente criminal. Al evaluar el impacto de las leyes estatales, NELP destacó la eficacia de la ley en Minnesota, y dio la calificación de “satisfactoria” a las leyes en Connecticut, Hawaii, Maine, New Hampshire y Nueva Jersey.

 El informe de 80 páginas señaló que las leyes en los estados de Arkansas, California, Colorado, New Mexico, Nueva York y Dakota del Norte “necesitan mejoras”.  El resto de leyes recibió las calificaciones de “mínima” o “insatisfactoria”. LicenciasOcupacionales Alrededor de 600,000 personas salen de cárceles estatales y federales, y su búsqueda de empleo, vivienda, educación y crédito bancario se topa invariablemente con la discriminación y exclusión social.

Muchos no logran adaptarse a la vida “allá afuera”, cometen más crímenes y regresan a la cárcel. El informe de NELP fue divulgado en el marco de la “Semana Nacional de la Reinserción” de expresidiarios que lleva a cabo el gobierno federal para presionar por una reforma al sistema de justicia criminal, de manera que los presos no paguen las “consecuencias colaterales” de su pasado criminal por el resto de su vida.