Puerto Rico pagaría al menos $370 millones para aplicar ley “PROMESA”

El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso indica que Puerto Rico correría con los gastos operacionales de la junta fiscal pero, junto con los demás gastos asociados con las directrices de la medida, el monto podría superar los mil millones de dólares.

El plan de ajuste fiscal pide excención de hasta 13,000 millones en 5 años.
El plan de ajuste fiscal pide excención de hasta 13,000 millones en 5 años.
Foto: Getty Images

WASHINGTON.- La ley “PROMESA”, que impone una junta de control fiscal a Puerto Rico, costaría al menos $370 millones solo en costos operacionales, pero no afectaría el déficit federal porque la isla los pagaría, dijo hoy la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), sin precisar el impacto de la medida en el presupuesto de la isla.

El proyecto de ley HR 5278, también conocido por su sigla en inglés “PROMESA”, crearía un marco legal para que sea una junta fiscal establecida por EEUU la que supervise todos los asuntos fiscales y presupuestarios de Puerto Rico.

Es la respuesta del Congreso a la grave crisis fiscal que afronta Puerto Rico por una deuda pública de más de $70,000 millones y que ha provocado el cierre de escuelas y hospitales, el despido de empleados públicos, y el éxodo de miles de puertorriqueños a Estados Unidos.

Como suele hacer con la mayoría de los proyectos de ley ante el Legislativo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) hizo un análisis del costo que supondría HR 5278, y determinó que éste no tendría un “efecto neto significativo en el déficit federal” de Estados Unidos.

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Eso se debe a que el gobierno de Puerto Rico correría con todos los gastos operacionales o administrativos de la junta fiscal entre los años fiscales 2017 y 2022. Es decir, el gobierno en la isla tendría que aportar esos $370 millones calculados por la CBO.

“La mayoría del incremento (de gastos directos de la junta) -$350 millones- ocurriría en los primeros dos años y cubriría básicamente los costos de consultores legales y financieros contratados para reestructurar la deuda de Puerto Rico”, explicó el documento.

Una vez que se logre reestructurar la deuda, la CBO calcula que la junta gastaría $5 millones anuales para ayudar al gobierno de Puerto Rico a “preparar y ejecutar presupuestos equilibrados durante cuatro años consecutivos… o hasta el año fiscal 2022”.

No obstante, si la isla no cumple esa meta o su acceso al capital es insuficiente para cubrir sus gastos, “la junta continuaría operando más allá de 2022”, agregó.

Pero ni el proyecto de ley en sí, ni este análisis de la CBO explican exactamente de dónde sacaría Puerto Rico esos fondos.

Además, según el análisis e once páginas de la CBO, el costo de generar informes y otros requisitos administrativos exigidos por la iniciativa sería de alrededor de un millón de dólares tan sólo en 2017, y de menos de $500,000 al año en adelante, pero ese gasto “estaría sujeto a la disponibilidad de fondos asignados”.

Puerto Rico también acarrearía los costos de implementar las demás directrices establecidas en el proyecto de ley, que podrían ascender a cientos de millones de dólares adicionales. De hecho, la página 9 del documento de la CBO precisa que el monto total para Puerto Rico podría alcanzar los mil milllones de dólares, debido a “los centenares de millones de dólares” adicionales del costo de la implementación.

El proyecto de ley establece una junta fiscal para encontrar una salida a la crisis mediante la reestructuración de la deuda pública, pero afronta críticas tanto en EEUU como en Puerto Rico por entender que el gobierno en la isla perdería buena parte de su ya limitada autonomía.

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El estratega demócrata Federico de Jesús, presidente de FDJ Solutions y exfuncionario de la Administración de Obama y del gobierno de Puerto Rico, dijo a este diario que el informe de la CBO es “otro agravio” de la ley “PROMESA” para el pueblo de Puerto Rico.

“Por un lado el proyecto impone una junta federal con la justificación de que Puerto Rico no tiene el dinero para pagar su deuda, y por otro le exige a ese mismo gobierno que pague cerca de mil millones de dólares a una junta no-electa que le quitaría su derecho al gobierno propio”, señaló el experto.

“Ese dinero se pudiera usar para pagarle a los pensionados, a los sistemas de salud o a maestros y policías en vez. Este proyecto carece de herramientas de desarrollo económico y tiene una junta de control que no es mas que una agencia de cobro antidemocrática. Por eso debe ser derrotado,” argumentó.

El proyecto de ley cuenta con el aval del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, quien enfatizó recientemente que éste no supone un rescate financiero para Puerto Rico y no costaría un céntimo a los contribuyentes en EEUU.

La medida también tiene el respaldo de los principales jerarcas demócratas del Congreso, aunque el legislador de origen boricua, Luis Gutiérrez,  y el senador Bob Menéndez, dejaron en claro su oposición al proyecto de ley porque, a su juicio, da prioridad a los bonistas y no a la mayoría de puertorriqueños afectados por la crisis.

Mientras, los legisladores demócratas de Nueva York, José Serrano y Nydia Velázquez, dijeron en un comunicado conjunto recientemente que el proyecto de ley es un paso en la dirección correcta, pero necesita mejoras.