Puerto Rico define los límite de los incentivos fiscales

La dramática historia económica reciente de Puerto Rico, es compleja y está llena de particularidades solo aplicables a este estado asociado. Las soluciones son igualmente dramáticas, particulares y penden de una polémica promesa.

Para empezar Puerto Rico tiene un status político que hace que las leyes de representación popular ante Washington sean distintas. Además, una isla que que necesita estar conectada por vía marítima tiene unas leyes de cabotaje que, en esencia, impiden la competencia internacional para abaratar importaciones imprescindibles.

Pero independientemente de este estatus, que divide políticamente dentro y fuera de la isla a la comunidad puertorriqueña, la grave situación económica ofrece una lección de hasta dónde deben llegar los incentivos fiscales y cómo en una política económica equilibrada.

En 1967 el Gobierno Federal en Washington permitió a los fabricantes de EEUU repatriar al continente los beneficios de sus operaciones en la isla libres de impuestos. Además el Gobierno de Puerto Rico redujo los suyos y los de la propiedad para estas industrias. Las farmacéuticas, tenían deducciones especiales en los tributos que pagaban sobre salarios.
Como resultado, Puerto Rico se convirtió en casi un monocultivo farmacéutico y en los años ochenta, más del 30% de su PIB procedía de esta industria.

En 1996 algunos representantes republicanos vieron lo caros que salían estos incentivos fiscales y propusieron eliminarlos gradualmente en una década, algo que salió adelante.
Con el grifo de las excepciones fiscales cerrándose, las empresas farmacéuticas empezaron a desertar. Y sin fármacos, Puerto Rico enfermó justo en el momento en el que la economía de EEUU entraba a toda prisa en una Gran Recesión que complicó aún más las cosas.

Triple exención

Pero Puerto Rico ha tenido más beneficios fiscales. Triple exención (federal, estatal y local) de sus bonos municipales y recientemente facilidades fiscales a los inversionistas de capital que quisieran poner pie en la isla para sustituir la maquinaria farmacéutica.

Lo segundo apenas ha rendido beneficio a un alto costo y el resto ha dejado una deuda en la economía de la isla de más de $72,000 millones que el gobernador, Alejandro García Padilla ya advirtió hace meses que no se puede pagar y menos en la depresión en la que está inmerso este territorio.

Muchos puertorriqueños, pasaporte estadounidense en mano, están abandonando la isla para huir de la pobreza, el desempleo y la dramática falta de servicios.
El experimento tributario como base económica de Puerto Rico no ha rendido frutos y para complicar las cosas más, la isla no puede acogerse a la ley de bancarrotas (chapter 9), como lo ha hecho recientemente Detroit. La ley federal (sin que nadie se explique cómo o por qué) no permite que esta se aplique a los llamados territorios de EEUU, léase Puerto Rico en este caso.

El Congreso está examinando ahora una propuesta hecha por ambos partidos que llega cuando Puerto Rico ya está, de hecho, suspendiendo pagos de sus deudas y tiene ante si el vencimiento de una de alrededor de $2,000 millones a primeros de julio. Buena parte de esa deuda está en manos de hedge funds que la han comprado con un fuerte descuento cuando las aguas se revolvían pero ahora no quieren sufrir el riesgo que entrañaba la situación económica de la isla.

La salida que ha encontrado Washington, un lugar donde hace tiempo nadie se pone de acuerdo en nada, se llama Promesa (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act) y es una solución cargada de polémica con firma conservadora a la que se ha llegado a contrarreloj para que sea aprobada en los próximos días.

¿Única vía?

La Administración Obama no coincide en todo con lo que Promesa propone pero el mismo secretario del Tesoro, Jacob Lew, ha admitido recientemente que pese a sus defectos es la única vía posible.

Para empezar se creará un consejo de control financiero para supervisar las reformas y la política económica en la isla. Junto con el Gobierno local pondrá en marcha medidas para reducir la deuda. Cuatro de sus siete miembros estarán propuestos por los conservadores en el Congreso.

A cambio, se va a eliminar temporalmente la posibilidad de litigios de acreedores y se forzará tanto a estos como a los pensionistas a hacer sacrificios. Lew deja caer que esta es una píldora difícil de asumir por los empobrecidos jubilados pero recuerda que actualmente están desprotegidos. El Gobierno quiere ahora asegurar que en la caja de las pensiones hay dinero.

Lo más difícil de pasar para los demócratas es que la Promesa que define el futuro pasa por una mayor ajuste en las calles ya que se puede rebajar el salario mínimo, eliminar el pago de horas extras y no se apoya el Medicaid, algo que puede degradar aún más el presente de una isla con la idea de ir hacia el futuro por el camino de la austeridad.

Esta es una receta que ha fallado en múltiples ocasiones y que deja a la Promesa como una solución que se atraganta a muchos puertorriqueños.