Ampliarán “cadenas de protección” de inmigrantes tras boqueo de alivios migratorios

La estrategia de los activistas se mueven en varios frentes, incluyendo la movilización del voto hispano contra "líderes republicanos extremistas"
Ampliarán “cadenas de protección” de inmigrantes tras boqueo de alivios migratorios
Activistas prometen continuar la lucha por los alivios migratorios pese al fallo del Tribunal Supremo que, para efectos prácticos, los mantiene congelados.
Foto: María Peña / Impremedia

WASHINGTON.- Activistas de todo EEUU afirmaron este viernes que ampliarán las “cadenas de protección” de los inmigrantes indocumentados, como parte de una lucha en varios frentes contra el fallo del Tribunal Supremo que mantiene congelados los alivios migratorios.

El fallo de 4-4 del Tribunal Supremo ha dado a pie a numerosos escenarios legales, y varios activistas describieron hoy en una conferencia telefónica una estrategia en múltiples direcciones a corto y largo plazo y, sobre todo, afilan esfuerzos para proteger a los inmigrantes que han quedado en limbo legal.

Cristina Jiménez, directora del grupo “United We Dream”, dijo que “la vulnerabilidad y el miedo es real” entre la población indocumentada, por lo que han creado “cadenas de protección” en estados como Texas, Arizona, Nuevo México y California, que ampliarán para educar a los inmigrantes sobre sus derechos y cómo evitar la deportación.

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El grupo además ha establecido una línea telefónica gratuita (1-844-363-1423) para que la comunidad inmigrante pueda denunciar actividades de los agentes de Inmigración.

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Otra herramienta, según Jiménez,  es el trabajo con campañas locales para exigir un cese de las deportaciones y de la colaboración entre la policía local y los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Como comunidad, si nos juntamos somos más fuertes… ya hemos parado deportaciones. Vamos a escalar las presiones”, señaló.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), dijo que la coalición de grupos pro-inmigrantes seguirá presionando a ICE para que en realidad cumpla con las directrices de noviembre de 2014 sobre las nuevas prioridades de deportación, porque no lo está haciendo.

Estrategia legal

En el frente legal, Hincapié precisó que solicitarán que el Departamento de Justicia pida una nueva audiencia del caso “United States v. Texas” ante el Tribunal Supremo, una vez que la corte tenga a su noveno juez vitalicio, aunque reconoció que eso podría tomar meses y quizá hasta el próximo año.

El Senado, bajo control republicano, ha dicho que no votará por la confirmación de Merrick Garland, propuesto por el presidente Barack Obama en reemplazo del fallecido juez conservador, Antonin Scalia.

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La idea es que, con la confirmación del noveno juez, haya un fallo favorable a los alivios migratorios, o al menos se evite un empate técnico que deje en pie la decisión de un tribunal de menor instancia, como ocurrió ahora con los alivios migratorios, conocidos por sus siglas en inglés DACA+” y “DAPA“.

En el pasado, la Administración del presidente Franklin Roosevelt solicitó en dos ocasiones una nueva audiencia ante el Tribunal Supremo después de que la máxima corte se pronunciara sobre sendos casos con un empate técnico.

En paralelo a la conferencia telefónica, Jovana Rentería, directora legal del grupo “Puente Arizona” en Phoenix, dijo a este diario que su grupo ofrece un curso de seis semanas para educar a los inmigrantes sobre sus derechos, y también ha establecido una red de respuesta a emergencias.

“La mejor protección para cualquier persona indocumentada es sumarse a una organización. Juntos aprendemos sobre nuestros derechos y, más importante aún, cómo defendernos. Así como la gente se puede preparar para solicitar DAPA, también pueden prepararse en caso de que terminen bajo custodia de ICE”, explicó Rentería.

Estrategia política

En el plano político, los activistas piensan aumentar sus campañas de presión a nivel local, estatal y federal, haciendo énfasis en el cese de las redadas y deportaciones y en la protección de los inmigrantes, y en la movilización del voto hispano.

“Vamos a silenciar con nuestro voto a los líderes republicanos extremistas… ese odio que ha habido no lo vamos a olvidar”, dijo en la llamada Rocío Sáenz, vicepresidenta ejecutiva del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio (SEIU).

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Por separado, Rosi Carrasco, activista de “Organized Communities Against Deportations” (OCAD, en inglés) y  madre de dos “Dreamers” en Chicago  (Illinois), dijo a este diario que con el fallo del Tribunal Supremo cobra más urgencia que los líderes locales tomen medidas para proteger a las familias.

“En Chicago, esperamos que el alcalde (Rahm Emanuel) y el concejo de la ciudad modifique la ordenanza Welcoming Cities, para que nuestra ciudad sea una ´ciudad santuario´ más segura” y ponga cerrojo a la colaboración entre la policía y ICE, precisó Carrasco.

Por separado, Tania Anzueta, directora política de la campaña “Ni una deportación más” (“Not1MoreDeportation”, reiteró hoy en un blog la exigencia de una moratoria a las deportaciones y otras medidas de protección para la población indocumentada.

Obama dijo ayer que no anticipa más medidas ejecutivas en lo que resta de su mandato –deja la presidencia a mediados de enero próximo-, y que toca presionar al Congreso por una reforma migratoria. Pero algunos activistas replican que él argumentó que no podía hacer nada ante la ausencia de una reforma migratoria hasta que, por presiones políticas, anunció el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y, el 20 de noviembre de 2014, las nuevas prioridades de deportación.

El Congreso aprueba fondos para la deportación de alrededor de 400,000 indocumentados cada año, y los activistas le echan en cara a Obama que ya ha deportado a más de dos millones desde 2009.

Se lavaron las manos

Con su fallo 4-4, los ocho magistrados del Tribunal Supremo efectivamente se lavaron las manos al devolver el caso “United States v. Texas” al Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans (Louisiana) hasta que se resuelva.

Ese tribunal, generalmente conservador, reafirmó a su vez la decisión del juez federal Andrew Hanen, en Brownsville (Texas), en febrero de 2015, de prohibir la puesta en marcha de los alivios migratorios.

El fallo del Tribunal Supremo, en pleno año electoral, ha  aumentado el sentimiento de indefensión de los cerca de cinco millones de posibles beneficiarios de los alivios migratorios, que seguirán afrontando trabas para trabajar, estudiar, obtener licencias, y vivir sin miedo de la deportación.
Obama y el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, afirmaron ayer que, siguiendo las directrices de 2014, el gobierno sólo perseguirá a indocumentados con antecedentes penales, los que cruzaron ilegalmente desde enero de 2014, y los que suponen una amenaza para la seguridad pública y nacional.

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Pero, la realidad sobre el terreno es distinta dependiendo de dónde residen los inmigrantes, y muchos indocumentados siguen cayendo en redadas o puestos en vías de deportación.

Por ello, los activistas dejaron en claro que continuarán la lucha en las calles, en los barrios, en los gobiernos locales, las legislaturas estatales, y en las urnas en noviembre próximo.

“Nos toca luchar caso por caso… todo depende de que la comunidad siga informándose y organizándose para lograr los cambios necesarios”, dijo Hincapié.