Muerte en Baton Rouge

El video de un testigo es elocuente, preciso, cruel. Muestra el encuentro entre dos policías y un hombre: lo echan por tierra, lo inmovilizan, le ponen un arma en el pecho. Se oye un grito: “¡Tiene una pistola!” y después la cámara se aleja, la imagen se oscurece.

Tres, cuatro tiros.

Cuando se disipa el eco hay un muerto en el piso: Alton Sterling, de 37 años, que vendía CDs frente a una tienda. Afroamericano y pobre. Los policías, blancos. Fue en Baton Rouge, Louisiana.
Alguien había denunciado que Sterling lo amenazó con un arma de fuego.

La Policía de Baton Rouge dice que quiere saber la verdad.

La secretaría de Justicia federal anunció que su departamento de Derechos Civiles investiga el caso. Los agentes están suspendidos. Otra muerte a manos de la policía.

Quizás alguien encuentre que los policías obraron bien. Que defendían sus vidas. El video muestra lo contrario. Los testigos dicen que el arma de la víctima no estaba a la vista.

Pero algo está mal cuando mil personas mueren a manos de policías en 2015 y 504 en 2016. De los mil el 26% eran negros, que son 14% de la población nacional. En Louisiana, el 52% de los muertos fueron afroamericanos, el 32% de la población estatal.

Algo está mal cuando fue la cámara del teléfono de un ciudadano que permitió saber la verdad, una verdad que quizás hubiera quedado sepultada entre informes burocráticos y justificaciones si no se hubiese filmado la tragedia.

Pero esta vez, llama la atención que al poseer un arma, al llevarla consigo en público, Sterling no estaba violando ninguna ley. Al contrario. En Louisiana eso es permitido, como parte de la obsesión según la cual es un derecho inalienable de la ciudadanía llevar armas.

Si es así, ¿por qué mataron los policías a este padre de cinco hijos?

Una de dos.

O lo mataron porque siendo él afroamericano temían que fuese un criminal, que esa arma arriesgaba sus vidas.

O lo mataron porque ellos entienden que esa ley insensata, irreal, hace peligrar sus vidas en lugar de proteger a los indefensos. Lo condenaron a muerte por acatar esa ley y ejecutaron la condena.

Una vez más, un civil filmó la matanza, las redes sociales la difundieron y la prensa le dio forma, contexto y cuestionó a la autoridad: una coalición de indignación para que hechos como éste se investiguen y que se castigue a los culpables.•