Senado frena avance de dos medidas antiinmigrantes

WASHINGTON.- El Senado, bajo control republicano, frenó este miércoles el avance de sendas medidas anti-inmigrantes que, aparentemente prestadas del “Trumpismo”, pretendían eliminar fondos a ciudades “santuario”, y aumentar las sentencias a quienes reingresen ilegalmente a EEUU tras ser deportados.

Ambas medidas republicanas necesitaban al menos 60 votos para avanzar hacia su votación definitiva pero fueron derrotadas sobre líneas partidista en el pleno del Senado, en unos momentos en que la inmigración ilegal es tema dominante en la contienda electoral y los republicanos quieren mandar un mensaje de “cero tolerancia” con los indocumentados.

Ambos proyectos de ley reflejan las ideas que promueve el virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, quien ha prometido deportar a toda la población indocumentada y corregir la presunta porosidad de la frontera con un gigantesco muro.

Estrechando el cerco a los indocumentados

La primera medida, S.3100,  titulada el “Ley para Frenar Peligrosas Ciudades Santuario”,  fue promovida por el senador republicano por Pennsylvania, Pat Toomey, y pretendía eliminar los fondos federales para ciudades y condados que se nieguen a colaborar con los agentes de Inmigración. Al final, la votación fue de 53-44.

El proyecto de ley definía a las jurisdicciones “santuario” a cualquier gobierno local o estatal que restringe la colaboración con agentes federales en ciertas circunstancias.

La segunda medida, S.2193, conocida como “Kate´s Law” -por Kate Steinle, una joven asesinada en San Francisco en julio de 2015-, fue presentada por el otrora precandidato presidencial republicano, el senador por Texas, Ted Cruz, y establecía una sentencia máxima de cinco años en prisión por el delito de “reingreso ilegal” en EEUU, y de hasta 10 años para aquellos deportados hasta tres veces.

En la actualidad, la sentencia máxima en prisión es de dos años para una persona que no tiene graves antecedentes penales y es condenada por su reingreso ilegal en EEUU tras ser deportada.

La medida de Cruz, que aplicaría a inmigrantes en todas las categorías –incluso para quienes buscan la reunificación familiar-  fue derrotada en una votación de 55-42.

Según la Comisión de Sentencias de EEUU, casi el 50% de las personas condenadas por el reingreso ilegal al país tiene hijos en EEUU, y los grupos pro-inmigrantes han criticado la política actual por considerarla un castigo injusto para inmigrantes con hijos estadounidenses.

El “sí” de antiguos promotores de reforma migratoria

Del lado republicano, ambas medidas contaron con el apoyo del senador por Arizona, John McCain –antiguo coautor de la reforma migratoria aprobada por el Senado en 2013- y su colega por Florida, el senador y exprecandidato presidencial, Marco Rubio.

Rubio emitió un comunicado en el que indicó que la única manera de corregir el sistema migratorio es “paso a paso” –no de forma integral como él mismo propuso en 2013-, comenzando con la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes en vigor.

Rubio recordó cómo Steinle, una joven de 32 años, fue asesinada “a sangre fría” hace casi un año por un inmigrante que “nunca debió estar en nuestro país”.

“Las políticas de las ciudades santuario empeoran nuestros problemas de inmigración porque envían el mensaje equivocado de que las leyes de inmigración de este país pueden ser violadas con impunidad”, argumentó Rubio.

Aunque las medidas fueron derrotadas, sus partidarios pueden volver a presentarlas dentro de otros proyectos de ley obligatorios, sobre todo los que tienen que ver con los presupuestos para las operaciones del gobierno federal.

Cruz atacó a los demócratas por oponerse a su medida y prometió en un comunicado que seguirá luchando por la aprobación de “Kate´s Law”.

Amenaza de veto presidencial

Aún si ambas medidas lograran el “sí” en el Senado, éstas tendrían que ser aprobadas también en la Cámara de Representantes, pero con seguridad afrontarían el veto del presidente Barack Obama, indicó hoy la Oficina de Gestión de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca.

En el caso de la S. 3100, la OMB dijo que la medida no sólo no ofrece una reforma migratoria integral sino que entorpece los esfuerzos de la Administración Obama de expulsar a los criminales más peligrosos y a los que suponen una amenaza para la seguridad nacional.

La OMB defendió el “Programa de Prioridad Policial” (“Priority Enforcement Program”, PEP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que sustituyó al polémico programa “Comunidades Seguras” y que permite la colaboración entre los agentes federales y las autoridades locales y estatales para el arresto de extranjeros “deportables”.

En la actualidad, la mayoría de las cerca de 3,100 agencias policiales en el país colabora con el DHS en el cumplimiento de las leyes de inmigración, dijo la OMB.

En cuanto a la S. 2193, la OMB dijo que ésta tampoco corrige los problemas que aquejan al sistema migratorio, y que el Congreso haría bien en apoyar los esfuerzos de la Administración Obama por resguardar la seguridad fronteriza y la seguridad nacional.

Según datos oficiales, más del 99% de los inmigrantes detenidos figuran en las nuevas prioridades de deportación, y el 91% de todas las deportaciones desde el interior del país en el año fiscal 2015 fueron de criminales ya condenados.

Rechazo de grupos pro-inmigrantes

Ambas medidas fueron condenadas por grupos pro-inmigrantes, incluyendo “America´s Voice” y el Foro Nacional de Inmigración (NIF), además de grupos humanitarios internacionales, como “Human Rights Watch” (HRW).

Para Frank Sharry, director ejecutivo de “America’s Voice”, ambas medidas reflejan el deseo de líderes republicanos de “avanzar la agenda anti-inmigrante de Trump” en vísperas de su convención nacional en Cleveland (Ohio).

La contienda electoral ha dejado en claro que el Partido Republicano se ha rendido a los pies de un electorado que “sataniza” a los inmigrantes, en vez de promover políticas de inclusión, mientras los senadores republicanos se ensañan con una población vulnerable con tal de sacar puntos políticos, según Sharry.

Por su parte, el NIF destacó cómo, horas antes del voto en el Senado,  23 jefes de policía, alguaciles y líderes comunitarios enviaron una carta al Congreso urgiendo el rechazo de las dos medidas, que calificaron como contraproducentes para la seguridad comunitaria.

Haciéndose eco de la Casa Blanca, “HRW” también condenó ambas medidas porque, a su juicio, agravaría los problemas del sistema migratorio y debilitaría los esfuerzos de las autoridades policiales locales y estatales por resguardar la seguridad, porque los inmigrantes no se atreverían a denunciar delitos si temen su eventual deportación.