Latinoamérica, el drama común de las desapariciones forzadas y los asesinatos

Desapariciones y crímenes que quedan impunes se presentan ante la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en México
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Latinoamérica, el drama común de las desapariciones forzadas y los asesinatos
La CIDH conoce casos de crímenes impunes en Latinoamérica.

MÉXICO.- Catorce personas emboscadas y acribilladas en la comunidad de Rochela, Colombia, cuando iban a investigar el asesinato de otras 19; un comerciante desaparecido en medio de un conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador cuando se dirigía a vender artesanías a este último; una activista desaparecida en Guatemala después de denunciar adopciones ilegales de niños; un policía ecuatoriano perseguido por sus colegas en un incidente que terminó en un dudoso suicidio.

Cuatro casos de presuntas violaciones de derechos humanos en varios estados latinoamericanos fueron trasladados a México para su desahogo en el 55 período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizará hasta el próximo 26 de agosto en este país que lidera el número de peticiones para exigir justicia ante la falta de ésta: en 2015 presentó 849 quejas.

Pero no es el único: hay un común denominador en Latinoamérica que se llama impunidad y se documenta en casos como los que se exhiben en estos días en la sede temporal que se ubicó en el Centro Médico Siglo XXI con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y donde el ministro Luis María Aguilar precisó las fallas de manera general: “pobreza, desigualdad y conflictos políticos”.

Las denuncias de desapariciones

Caso por caso, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exponen de manera más precisa los reportes como el de la activista Mayra Angelina Hernández, desaparecida el 7 de abril del año 2000 cuando se dirigía a dar clases a la ciudad de Huehutenango, Guatemala, y después de que dos hermanos de ella tuvieron su misma suerte.

Por aquellos tiempos, Hernández además había denunciado una serie de adopciones ilegales de niños como activista miembro de la Comisión de Mujeres de la Universidad de San Carlos; sin embargo, ninguno de estas razones fueron consideradas como hipótesis en las investigaciones del gobierno.

“El estado faltó en dar seguimiento a líneas lógicas de investigación y privilegió la línea de género”, alertó Jesús Orozco en su exposición frente al juez sobre la principal línea de investigación: un presunto asesinato perpetrado por la ex pareja de la víctima, el chileno Juan Arancilla.

Y agregó más: el Estado no realizó diligencia alguna hasta 48 horas después y en los días siguientes sólo mandó oficios, y en los meses siguientes  en las “escasas investigaciones” y luego trató a la desaparecida como criminal “culpándola de su propia desaparición”.

La abogada que representa al Estado guatemalteco, lo expuso de otra manera: simplemente la parte ofendida no ha documentado ni con testimonios ni otras evidencias que haya participado de alguna manera el gobierno. “Parece más un asunto entre particulares”.

Los gobiernos niegan su responsabilidad

Similares defensas se presentaron en otras denuncias, aunque existan evidencias de la participación de elementos del estado como en el caso de Jorge Vázquez Durán, desaparecido el 30 de enero de 1995, en el contexto del conflicto del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú para delimitar una zona fronteriza peleada por ambos países y que finalmente ganaron los peruanos.

Vázquez Durán tenía  44 años, era padre de dos niños y trabajaba vendiendo artesanías de Perú en Ecuador, y según testigos, fue visto en el Cuartel Militar Teniente Ortiz tras su detención y tortura. Esa es la última noticia que se tiene de la víctima, pero las autoridades policiales y militares lo negaron.

Posteriormente Ecuador creó una Comisión de la Verdad a través de la cual se dio reconocimiento al caso, aunque no se investigó. Durante su exposición ante la CIDH, Alfonso Foseca, en representación del Estado, solicitó reconocer esos avances y tomar en cuenta que hace más de 20 años el país “tenía pocos elementos que fueran probatorios”.

Para Roberto Falcón, abogado internacionalista de la Universidad Intercontinental, el problema de las malas investigaciones por parte de los Estados latinoamericanos obedece a la falta de disposición o voluntad para  colaborar en la investigación, o reconocer los hechos, lo que implicaría una sancièn de los responsables y una indemnización a las víctimas o a sus familias.

“Los jueces y el andamiaje institucional  no están todavía preparado para aplicar el sistema normativo institucional al que los países han dado cabida”, dijo. “Sólo en el caso de México se han firmado entre 2,000 y 2,500 tratados internacionales que están vigentes y los jueces, asesores jurídicos y policías en estados y municipios no los conocen y no actúan conforme a los protocolos que se exigen, por tanto, hace falta que se les capacite”.

En el caso de algunos países, la capacitación debió de ser desde muchos años atrás y no se explican las violaciones de los derechos humanos, salvo por la ausencia de voluntad política, como explica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la ejecución de los 14 en Rochela, Colombia ocurrida el 18 de enero de 1989.

“A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se llegó a investigar efectivamente lo sucedido ni se sancionaron a los responsables”, afirmó al documentar el caso ante la Corte.

Y no solo eso: “el Estado” violó cinco tratados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en contra de las víctimas y sus familiares, al no proteger la integridad de la vida, primero, y no impartir justicia, después; ni [proveer  tratamiento médico y sicológico a las familias de las víctimas, ni pagar daños.

En el caso del policía Luis Valencia, quien falleció cuando estaba siendo perseguido por otros  agentes policiales en el marco de un operativo, la Comisión Interamericana concluyó que la investigación penal incumplió con las obligaciones estatales en materia de esclarecimiento y justicia. Básicamente, la investigación no fue realizada en término y la justicia penal no se aplicó como debía.

Asimismo, la investigación no fue llevada a cabo con la debida diligencia, a pesar de los indicios que indican que los responsables del homicidio fueron los agentes policiales que condujeron el operativo. En particular, la Comisión consideró que el Estado no tomó las medidas suficientes para esclarecer si se trató de un suicidio o de una ejecución extrajudicial.

Nada extraordinario en el día a día latinoamericano.