Toman medidas para mayor seguridad carcelaria

El uso de pistolas eléctricas en casos de violencia extrema forma parte de las nuevas medidas que adoptará la Ciudad de Nueva York para velar por la seguridad en las prisión de Rikers.

Así lo anunció este jueves el alcalde Bill de Blasio desde la capilla de esta cárcel que ha estado en el ojo del huracán por denuncias tanto de organizaciones de derechos civiles que velan por la seguridad de los presos como también de los propios carceleros que aseguran ser víctimas de reos violentos.

De hecho, la ciudad de Nueva York pagó $13.1 millones en 2015 para hacer frente a indemnizaciones, judiciales y extrajudiciales, planteadas en demandas y quejas por víctimas de violencia en los correccionales de la ciudad, particularmente en Rikers Island.

Estas cifras las divulgó en marzo pasado la Contraloría, en un informe que muestra que el año pasado se interpusieron 2,846 quejas ante el Departamento de Correccionales, un 27% más que en 2014. La mayor parte de los problemas llegan de la prisión de Rikers Island, uno de los penales más grandes del país. Uno de sus centros, el Anna M. Kross Center, es el origen de 593 demandas.

En cuanto a los guardias de prisiones, el mes pasado la Asociación Benevolente de Oficiales de Correccionales (COBA) emitió una carta abierta dirigida a De Blasio en donde le recriminaban por no tomar medidas ante los frecuentes ataques contra los guardias.

De acuerdo con Elias Husamudeen, presidente de COBA, unos 609 guardias fueron atacados por prisioneros violentos en el último semestre, según una estadística extraída de un reporte que publicó el New York Times.

“Estamos tomando nuevas pasos para que el personal de Rikers esté más seguro y sea más efectivo” dijo ayer De Blasio. La nueva iniciativa aumenta el número de oficiales, le da pistolas eléctricas a los guardias supervisores, e implementa nuevos escáneres de seguridad que detectan más que los artículos de metal.

Durante su recorrido por el lugar, el Alcalde escuchó algunas de las preocupaciones de los guardias de correccionales que incluían demasiadas horas de overtime y el problema de las cosas que pasan como contrabando.

“Aunque todavía nos falta mucho que hacer, el aumento de nuevos guardias en la prisión, aliviará la carga de turnos extras”, dijo de su lado el Comisionado Joseph Ponte.

Está previsto para el mes de noviembre la graduación de 700 oficiales, la clase más grande de carceleros. El número aumentará en primavera cuando se espera que 1,200 personas se gradúen.

Ponte aseguró que los equipos de la Unidad de Servicios de Emergencias (ESU) estarán mejor integrados a las cárceles.

Los supervisores de ESU recibirán entrenamiento para usar las pistolas eléctricas. El departamento espera que en las próximas dos semanas 12 capitanes reciban este tipo de armas.

Se calcula que Rikers alberga un promedio de 10,000 presos por día. En el 2015 el 34% de los encarcelados fueron hispanos. Parte de la propuesta a largo plazo para acabar con el “monstruo” que representa esta prisión es su cierre definitivo. Sin embargo, el propio De Blasio expresó en su momento dudas sobre que esta sea la solución más viable.

Polémica sobre el entrenamiento

El grupo encargado de entrenar las operaciones especiales se llama U.S. Corrections Special Operations Group, liderado por Joseph García.

Este grupo tiene un contrato de $1.2 millones con el gobierno por los próximos tres años. Pero ayer al ser preguntado sobre la experiencia de entrenar a carceleros de García, el Alcalde se rehusó a contestar la pregunta y llamó al New York Post un diario propagandista. “El punto es que tenemos estándares agotadores”, añadió De Blasio.

Por su parte el comisionado dijo que García tiene experiencia entrenando a grupos pequeños.
Según reportó el Wall Street Journal hace dos días, la compañía está siendo investigada por el Departamento de Investigaciones de la Ciudad.

CIFRAS

• El 13%  de los oficiales correccionales son hispanos.

• Hay alrededor de 9,400 carceleros en el DOC.

• En el 2015, el 55% de los encarcelados eran afroamericanos y el 34% hispanos.

• Desde mediados de la década de los 90, la población en cárceles ha disminuido en un 53%