Los mexicanos que aparecen en los Bahama Leaks
Funcionarios del gobierno y empresarios destacan en esta investigación
El exministro de Economía de México, Fernando Canales Clariond, es uno de los que aparecen en el documento. Crédito: EFE
Un nuevo escándalo fue desatado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), luego de que este miércoles se revelaran los Bahama Leaks, un documento que destapa el nombre de cientos de empresarios, políticos y figuras públicos que hacen uso de los llamados paraísos fiscales.
En esta investigación compuesta por más de un millón de documentos, se establece que cerca de 432 mexicanos han fincado empresas en Bahamas, esto con el fin de evadir el pago de impuestos.
A pesar de que la cifra es bastante alta, algunos de los nombres que más han llamado la atención son los del exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; el del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, y Gastón Azcárraga, quien fuera dueño de Mexicana de Aviación y que fue acusado de lavado de dinero en 2014.
También resalta Ricardo Pierdant, quien en las últimas semanas se ha hablado mucho de él porque fue quien pagó un predial de casi 30 mil dólares de un departamento de Miami que supuestamente es de la primera dama de México, Angélica Rivera.
Los documentos también resaltan a varios directivos y exfuncionarios de Pemex, así como el de Olegario Vázquez Raña y el de su hijo, Olegario Vázquez Aldir, quienes son dueños de hoteles, hospitales, bancos y de un consorcio de medios de comunicación.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que procederá “conforme a las disposiciones fiscales”, en relación con los ciudadanos señalados en la filtración de información sobre 175.000 sociedades “offshore” en las Bahamas.
La institución señaló en un comunicado que la información filtrada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) se revisará “con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal”.
Y, en ese caso, “iniciar el ejercicio de las facultades de ley” frente a los contribuyentes que corresponda, “tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”.
