Aplauden acceso a representación legal para inquilinos

La ley aprobada por la Ciudad garantizará a los neoyorquinos en riesgo de desalojo tengan asistencia gratuita en los tribunales

NUEVA YORK.– Los defensores de los inquilinos y activistas que luchan por vivienda asequible se congratularon con el acuerdo mediante el cual la Ciudad crea el derecho universal que garantizará que los neoyorquinos de bajos ingresos puedan contar con representación legal si enfrentan procesos de desalojo en las cortes.

El anuncio lo hizo el alcalde Bill de Blasio junto a la presidenta del Concejo  Melissa Mark-Viverito y los concejales Mark Levine y Vanessa Gibson, quienes copatrocinaron el proyecto de ley Intro 214-A y contaron con el apoyo del Concejo.

“A cualquiera que esté siendo obligado a salir de su casa o vecindario, quiero que sepan que estamos luchando por ustedes”, dijo el alcalde De Blasio durante una manifestación pro vivienda asequible el domingo en el Upper West Side, al anunciar el acuerdo.

En un comunicado, la Coalición por el Derecho a Asistencia Legal de Nueva York agradeció al alcalde y al Concejo en pleno por la aprobación de la medida, considerada un avance histórico en el ámbito de la vivienda.

“La legislación garantiza que los neoyorquinos más pobres tengan asistencia legal en casos del desahucio, es un modelo para el resto del país y un legado duradero para las generaciones futuras. El acuerdo es un ejemplo de lo que el gobierno puede y debe hacer para reducir la desigualdad económica y tratar a todos los residentes de la Ciudad con dignidad y respeto”, destacó la coalición.

La nueva financiación comenzaría con 15 millones de dólares en el año fiscal 2018 y alcanzará los 93 millones de dólares en 2022. Los neoyorquinos con ingresos familiares por debajo de los 50.000 dólares, lo que equivale al 200% del nivel federal de pobreza para una familia de cuatro, tendrán representación legal gratuita. El monto incrementa los 62 millones de dólares anuales que la Ciudad ha asignado para ampliar los servicios jurídicos desde 2014.

De acuerdo a la coalición, “a nadie que enfrente un caso de desalojo le debe ser negado los beneficios de ayuda legal simplemente porque él o ella es demasiado pobre y no puede cubrir los costos de asistencia legal.

La Coalición recordó haber luchado por mucho tiempo por esta medida que va a detener la marea de gentrificación y desplazamiento, a más de proteger a las familias de los efectos devastadores del desalojo, la falta de vivienda y reducir el gasto público.

De su parte la Asociación Americana de Jubilados (AARP, por sus siglas en inglés) destacó el acuerdo y reconoció que la legislación previene los desalojos ilegales y reduce dramáticamente el costo a los contribuyentes por la operación de los refugios para albergar a aquellas personas condenadas injustamente.

“Este acuerdo representa un paso enorme hacia convertir a Nueva York en un lugar más justo y equitativo. AARP les agradece al alcalde, a los concejales Levine y Gibson, como al Concejo por unirse a la protección de los residentes de Nueva York al proveerles acceso a representación legal”, dijo Chris Widelo, subdirector estatal de la AARP en Nueva York.

En la actualidad, el 90 por ciento de los propietarios suelen tener representación legal en el tribunal de vivienda, mientras que aproximadamente el 75 por ciento de los inquilinos afrontan el proceso sin ningún apoyo legal.

Según las organizaciones, el programa ahorrará a la ciudad hasta $ 320 millones cada año al disminuir la cantidad que la ciudad tiene que gastar para colocar inquilinos desalojados en el sistema de refugio.