Sistema de refugio y otros servicios en NYC deberían ser seguros para inmigrantes

A pesar de la creciente aplicación de la ley de inmigración y la amenaza de recortes de fondos federales, las protecciones de la Ciudad de Nueva York de la información sobre el estatus migratorio de ciudadanos no estadounidenses que usan agencias de la ciudad -incluyendo refugios para personas sin hogar- parecen bastante resistentes para resistir la presión federal.

Tales protecciones se basan en una disposición alcaldicia conocida como la Orden Ejecutiva  41, la cual establece límites en la recolección y divulgación de información confidencial, incluyendo estatus migratorio, orientación sexual y condición de haber sido víctima de violencia doméstica.

La orden, emitida por el alcalde Michael Bloomberg en 2003 y reeditada por el alcalde Bill de Blasio, establece que “Ningún funcionario empleado de la Ciudad puede revelar información confidencial a menos que dicha revelación sea requerida por la ley”, agregando que ningún empleado de la Ciudad puede revelar información de estado migratorio a menos que el empleado o su agencia sospeche que un individuo “se dedica a actividades ilegales, aparte de la simple condición de extranjero indocumentado”.

Clave para entender la amenaza que los cambios a nivel federal significan para el gobierno local es la interpretación de la ley federal existente, que el presidente Trump y los legisladores conservadores mantienen el poder de obligar a las localidades, así como a los empleados individuales, a revelar la información protegida por la Orden Ejecutiva (EO ) 41.

Interpretando el código

La orden ejecutiva de Trump del 25 de enero sobre inmigrantes indocumentados amenaza con recortes de fondos a las llamadas “ciudades santuario” basadas en el Artículo 8 Sección 1373 del Código de los Estados Unidos (8 U.S.C 1373). Pero Pratheepan Gulasekaram, profesor de derecho de la Universidad de Santa Clara que se especializa en la relación entre los gobiernos federal y local en la aplicación de la ley de inmigración, dice que el artículo del código carece de alcance y autoridad.

“En este momento, bajo la ley federal tal como está redactado actualmente, no veo la capacidad de respaldar ni ejercer suficiente presión para que las localidades o agencias locales cumplan con las cosas que no quieren cumplir”, dice Gulasekaram. “La Sección 1373 no ha sido objeto de litigio y el gobierno federal no lo ha utilizado como método persuasivo. No hay penas o rectificaciones para las violaciones contempladas en la ley. Es una cuestión pendiente si el 1373 es incluso constitucional o legal, en primer lugar”.

La primera parte de la Sección 8 del Código 1373 de Estados Unidos declara que “a pesar de cualquier otra disposición de la ley federal, estatal o local, una entidad o funcionario de un gobierno federal, estatal o local no puede prohibir, ni de ninguna manera restringir, a ninguna entidad gubernamental o funcionario de enviar a, o recibir de, la información del Servicio de Inmigración y Naturalización con respecto a la ciudadanía o estatus migratorio, legal o ilegal, de cualquier individuo”.

Aunque los proponentes de la estrecha colaboración entre los municipios y el proyecto de aplicación de la ley federal de inmigración 8 U.S.C. 1373 es una disposición amplia, Gulasekaram dice que “su posición casi seguramente perderá” cuando se pruebe en el tribunal por qué la ciudad podría emplear varios argumentos en contra del código, incluyendo la invocación de la propia cláusula de la ley “nothwithstanding”.

“La ciudad podría sostener que el 1373 no se aplica a ella en virtud del preámbulo de su cláusula” dijo el experto. “Es decir, podrían argumentar que EO 41 es una ‘otra disposición de la ley local’”.

En un análisis de la orden ejecutiva de Trump sobre la deportación de inmigrantes indocumentados, el profesor de leyes de inmigración de la Universidad de Virginia y ex asesor de la Casa Blanca, David Martin, también minimizaron el alcance del 8 U.S.C.1373.

“La sección 1373 es en realidad una ley federal bastante modesta, que no obliga a que se dé amplia cooperación entre estados o localidades que no lo quieren hacer”, escribió Martin. “Simplemente dice que no pueden prohibir a sus empleados de comunicar información relacionada con la inmigración a funcionarios federales. El estado o la agencia local de aplicación de la ley no tienen que recabar o proporcionar cualquier información solicitada en sí, e incluso puede recordar a sus empleados que no están obligados a enviar dicha información. La sección 1373 ha sido concebida para casos de cortes que presiden un circuito, pero eso aun no ha sido resuelto por el Tribunal Supremo”.

Seguridad en los refugios

Camille Mackler, de la Coalición para Servicios Legales de Inmigración de Nueva York, dijo que la política de no pedir el estatus migratorio de una persona sigue siendo una herramienta efectiva para resistir las incursiones de ICE porque el gobierno federal no puede obligar a las agencias municipales a recopilar información sobre inmigración en lugares como el sistema de servicios para personas sin hogar.

“Mientras no se registre el estatus migratorio, entonces ICE no tendrá una causa probable para ir a los refugios”, dijo Mackler.

La EO 41 prohíbe las consultas sobre el estado de inmigración, excepto cuando se determina la elegibilidad del programa, servicio o beneficio o la provisión de servicios de la Ciudad. El mandato del derecho a buscar refugio en la ciudad significa que cualquier persona califica para un refugio independientemente de su origen o residencia. Sin embargo, el estatus migratorio de las personas que utilizan refugios del Departamento de Servicios a los Desamparados (DHS) a veces es señalado por los funcionarios que administran el acceso a los refugios como parte del proceso de determinar la elegibilidad de un individuo para los programas de vivienda.

Esto también permite al DHS y a sus proveedores – las organizaciones que operan refugios financiados por el DHS – a coordinar los servicios y rastrear a los individuos durante su estancia en el sistema de refugio.

Los inmigrantes indocumentados que han sido excluidos de los programas federales, estatales y de vivienda de la ciudad, como la Sección 8 o Vivir en Comunidades (LINC), a menudo recurren a los refugios como su única opción para dormir. Mientras tanto, algunos inmigrantes indocumentados con enfermedades mentales diagnosticadas no califican para aplicar para ir a viviendas de apoyo o vivienda permanente que proveen servicios sociales y por lo tanto permanecen confinados en refugios.

Incluso cuando la ciudad registra información sobre el estado de inmigración, es “extremadamente improbable” cumplir con las solicitudes del gobierno federal, especialmente dada la interpretación vaga de la orden ejecutiva de Trump y la ley de inmigración existente, dice Lenni Benson, profesor de la New York Law School y director del proyecto Safe Passage para jóvenes inmigrantes indocumentados.

Para leer la versión en inglés ir a: CityLimits.org