Plan de cierre de Rikers Island incluye descriminalizar la prostitución

Si bien el cierre de la cárcel Rikers Island es un proceso que demorará al menos 10 años, desde ya se están analizando las fórmulas para poner fin al recinto penitenciario. La comisión especial que analiza el futuro de la prisión –promovida por el Concejo Municipal y liderada por el ex juez Jonathan Lippman— no sólo propuso el cierre de la prisión, sino además una serie de medidas que permitan la reducción del número de personas que son encarceladas, entre ellas cambiar la clasificación del delito de prostitución. La idea es que ésta sea considerada una ofensa civil en lugar de criminal.

De realizarse ese cambio, quienes sean arrestados por prostitución no tendrían que ser encarcelados, sino que recibirían una multa y una citación a los tribunales. “El pensamiento moderno es que los acusados en los casos de prostitución, ya sea en todo el mundo o a la vuelta de la esquina, son víctimas“, dijo Lippman en una conferencia de prensa. “Esas personas necesitan ayuda y la Policía tiene que atrapar a los verdaderos culpables de este delito, los proxenetas, no a las víctimas”.

Si bien el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., no quiso referirse específicamente a la idea de descriminalizar la prostitución, sí aseguró que la fiscalía ha cambiado “en 180 grados”  la forma en que maneja ese tipo de delitos respecto a cómo lo hacía hace siete años atrás. Según Vance, hoy se están identificando a las personas que han sido forzadas a la prostitución y se descarta condenarlas cuando se comprueba que se trata de tráfico sexual.

Además de la prostitución, los otros delitos que la comisión propuso despenalizar son la posesión de marihuana a pequeña escala en lugares públicos, las agresiones y la tenencia de arma blanca en el contexto de la legítima defensa.

El viernes pasado el alcalde Bill de Blasio aceptó la recomendación de la comisión de cerrar Rikers Island. Sin embargo, según una vocera del mandatario, De Blasio no ve con buenos ojos la propuesta sobre prostitución. “Si bien nosotros apreciamos el intento de la comisión, estas acciones generalmente tienen poco impacto en la población penal”, aseguró Natalie Grybauskas al New York Post. “En algunos casos incluso puede perjudicar la seguridad pública y, por lo tanto, no es apoyado por esta administración”.