Peña Nieto gastó miles de millones para callar a la prensa

Ciudad de México.- En sus primeros cuatro años, el Presidente Enrique Peña Nieto destinó 34 mil 109 millones de pesos a publicidad oficial. La organización internacional Artículo 19 resaltó en su último informe que estos fondos son utilizados como método de manipulación y censura.

La publicidad destinada por el Gobierno federal en cuatro años hubiera podido cubrir, por ejemplo, el 80 por ciento de la inversión inicial de una de las obras insignes de este sexenio, el tren interurbano México-Toluca.

“Es una cantidad de dinero impresionante que podría haberse destinando para temas de salud, educativos, incluso para temas de procuración de justicia, que tanta falta nos hacen”, detalló Leopoldo Maldonado, Oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.

En un reporte preliminar sobre el gasto en comunicación social en 2016, la Secretaría de la Función Pública reportó un monto por 9 mil 26 millones de pesos.

La publicidad oficial se ha vuelto una forma de censura. Y, además, una promesa incumplida por parte del Presidente Peña Nieto de cuando era candidato.

Peña se comprometió en la sección de “Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática” del Pacto por México a regular el uso indiscriminado de la publicidad oficial del Estado.

“Se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación”, rezaba el compromiso.

No obstante, Peña Nieto arreció los gastos de comunicación social. Mientras que en 2013 el gasto fue de 7 mil 955 millones de pesos, para 2015 ascendía a 9 mil 801 millones de pesos; un incremento del 23 por ciento.

“El dinero condiciona las líneas editoriales. Busca el apoyo a ciertos actos gubernamentales, o silenciar ciertas voces que están criticando al Estado, o a muchos Gobiernos”, destacó Maldonado.

En sentido estricto recordó el Oficial, la comunicación social debería ser utilizada para ejecutar campañas informativas que beneficien a la población.

Pero, en cambio, muchas campañas han sido utilizadas para exaltar acciones del Gobierno.

“Es dinero totalmente tirado a la basura, y que sirve como un pretexto para controlar el flujo de información”, dijo el abogado.

Estos recursos también reflejan las condiciones de libertad de expresión de una entidad.

El informe presentado hoy por Artículo 19 resalta el caso de Tamaulipas, que con 13 periodistas asesinados ocupa el segundo lugar del país, junto con Chihuahua, desde el año 2000; y el primer puesto en el gasto de publicidad estatal en 2016.

El año pasado la entidad destinó 932 millones 521 mil pesos a publicidad oficial. “En Tamaulipas, la violencia contra el periodismo es permanente. Es una constante que adquiere diversas formas, institucionalizadas y fácticas”, reza el trabajo.

En segundo lugar nacional se halla Coahuila, que destinó el año pasado 451 millones 100 mil pesos a este concepto. Y en tercero, Oaxaca con 295 millones 901 mil pesos.

“Evidentemente, si se prescinde de este dinero, pues van a tronar muchos medios de comunicación. Lo que estamos pensando es que un modelo de transición regulado, donde la pauta este debidamente asignada con criterios de transparencia, de equidad”, indicó Maldonado.

Estos conceptos deberían de evitar la parcialidad a la hora de asignar un contrato publicitario.

“Es decir, si decimos por mayor cobertura, pues van a ganar muchos grandes medios. Y no necesariamente debe ser así, sino quizá beneficiar con otros parámetros a las radios comunitarias, que hablan la lengua en ciertas regiones, donde se puede tener mayor penetración”, agregó el especialista.

La desigualdad en el acceso a la información es una situación presente en el país. El 60.80 por ciento de los hogares no cuentan con una conexión a internet. Y el 42.60 de los mexicanos no son usuarios de la red.

Sin embargo, las estadísticas denotan que los medios digitales son los más agredidos.

En 2016, el 44 por ciento de las agresiones fueron dirigidas a periodistas en medios digitales; el 24 por ciento en medios impresos; el 13 por ciento en radios; el 7 por ciento de freelance; 5 por ciento en televisoras; en tanto que el resto en medios diversos .

“Quienes ejercen la libertad de expresión en México tienen que enfrentarse a un terreno en el que de facto los ponen como adversarios”, dijo Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica durante la presentación del informe esta mañana.

Las agresiones físicas no son ajenas a los periodistas. El año pasado terminó con 11 ataques letales con igual número de víctimas.

Esta podría ser una de las reacciones más fehacientes de la corrupción. El 53 por ciento de las agresiones en 2016 contra periodistas provino de agentes del Estado.

“La contracara de esta situación de la corrupción es que justo quienes están investigando temas de corrupción son los más vulnerables, junto con quienes investigan temas de seguridad. Quienes revelan estas redes se encuentran en un alto riesgo”, dijo Maldonado.

De los 226 casos en los que autoridades protagonizaron agresiones, el 24 por ciento pertenecía al orden federal; el 40 por ciento al estatal y el 36 por ciento al municipal.

Los ataques de las autoridades afectan a todos los periodistas. Sin embargo, hay quienes se encuentran en mayores condiciones de riesgo, por su cercanía geográfica con los agresores o las escasas garantías de seguridad que les ofrecen sus medios.

“Ya lo vimos en Casa Blanca, un caso emblemático, pero también en los diferentes regiones y localidades. Quienes se animan a entrar a denunciar esas redes de corrupción, inmediatamente reciben de respuesta una amenaza”, añadió Maldonado.

El 99.7 de los crímenes contra la prensa permanecen en la impunidad. Además, sólo existen 906 carpetas de los 2 mil 20 agresiones registradas entre 2010 y 2016.

Es en muchos casos el mismo orden de gobierno que agredió es juez y parte, por ser el encargado de realizar la investigación sobre el caso.

El 35 por ciento de las agresiones bajo indagación se hallan bajo responsabilidad de funcionarios municipales, el 40 por ciento de estatales y sólo el 25 por ciento federales.