MALDEF demanda a agencia de la ley por retener a migrante para que ICE lo recoja

Buscan fallo judicial contra presión del gobierno de Donald Trump sobre condados y ciudades santuarios y evitar que sheriff y policías locales colaboren con inmigración usando los "retainers" de ICE.

Si bien numerosos condados en el país han rechazado continuar deteniendo a inmigrantes en sus cárceles únicamente para que los recoja la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), hay muchas otras que continúan con la práctica de los llamados “inmigration holds” o “detainers”, a pesar de que varios tribunales han fallado en contra de la misma.

Bajo esa práctica, cuando ICE recibe de la agencia policial o cárcel el reporte de las huellas digitales de cualquier detenido -práctica estándar en cada arresto- y encuentra a alguien que posiblemente sea “deportable”, le solicitan a esa agencia que lo mantenga en la cárcel hasta 48 horas más allá del tiempo que la ley estatal ordena.

Ahí está el problema, según explica Tom Saenz, Presidente de MALDEF, organización que este miércoles demandó al sheriff Mark Curran y al Departamento de Lake County en el estado de Illinois por tener detenido durante más de 10 días a Emil J. Santos, un hondureño que fue arrestado el pasado 1 de Abril.

Según los documentos de tribunal, Santos fue arrestado por presunta violencia doméstica y el mismo día del arresto, un juez ordenó su liberación bajo fianza porque no lo consideró una amenaza para la sociedad. Santos tampoco tiene una orden de deportación pendiente.

Pero Santos no fue liberado, debido a que ICE pidió retenerlo utilizando uno de sus “detainers”. Once días después, el hondureño sigue detenido.

Este miércoles la organización MALDEF (Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación) pidió la intervención de un tribunal federal, alegando que la detención prolongada de Santos es ilegal.

“El sheriff de Lake County es responsable de cumplir la ley y respetar los derechos constitucionales de todos los detenidos.  Un juez estatal dijo que Santos debía ser liberado bajo fianza y sin embargo no lo han hecho”, dijo Saenz. “Queremos que quede claro que si están actuando de esta manera haciendo caso de la retórica de Donald Trump y del procurador Jeff Sessions, se están equivocando”.

La demanda alega que la detención sin causa viola la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Si las cortes favorecen a los demandantes, no sería la primera vez que ocurre en años recientes. Cortes en Oregon, Texas, Pennsylvania y otros lugares del país han atribuido responsabilidad legal a agencias de policía por detención prolongada más allá de lo que es constitucional o legal.

Muchos departamentos del sheriff, por ejemplo, han respondido a estos fallos judiciales negándose a retener a inmigrantes más allá de su fecha regular de salida, por el tema de la “responsabilidad legal”.

No obstante, el presidente Donald Trump ha arremetido contra las llamadas “ciudades santuario” y el procurador Jeff Sessions ha dicho que estas amenazan la seguridad pública y son ilegales.

En la gran mayoría de casos, lo único que hacen las ciudades o condados santuarios es establecer líneas divisorias entre su policía local y el tema migratorio, que es federal. En el caso de condados que manejan cárceles, se niegan a retener a detenidos a petición de ICE, más allá de lo que manda la ley local.

“Un hombre fue detenido, un juez le dio fianza, y lo siguen deteniendo sin causa probable”, dijo Saenz.

La demanda pide la liberación de Santos y el pago de daños y perjuicios.

Pero MALDEF está detrás de algo más grande: la presentación de más casos en todo el país para enviar un mensaje fuerte a la Administración Trump.

“Espero que haya más casos muy pronto contra otras jurisdicciones que hagan lo mismo, porque la ley está de nuestro lado”, dijo el letrado. “Que ellos sepan que el Presidente y el Procurador los están llevando por un camino que resultará en responsabilidad civil y quizá económica de esos condados y que deben tener como prioridad la de cumplir la constitución y no la política de Trump y Sessions”.

Portavoces de la oficina del condado de Lake County Illinois indicaron que no hacen comentarios respecto a demandas judiciales.